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En medio de un nuevo ciclo alcista del cobre, vuelve a instalarse el debate sobre cómo administrar los mayores ingresos fiscales que genera la principal exportación del país. Para la economista Cecilia Cifuentes, el desafío no es celebrar la bonanza, sino gestionarla con prudencia. La experiencia histórica, advierte, muestra que los auges mal administrados pueden dejar costos económicos, sociales y políticos de largo plazo.

El escenario actual reabre discusiones sobre regla fiscal, gasto público, sostenibilidad de derechos sociales y agenda de productividad. A partir de las lecciones del boom 2003–2012, Cifuentes plantea que el foco debe estar en tratar este shock como transitorio y evitar transformar ingresos extraordinarios en compromisos permanentes.

¿Qué condiciones deberían cumplirse para evitar la llamada “maldición de los recursos naturales”?

Lo primero es tratar esta bonanza como un fenómeno transitorio y no como un nuevo normal. Eso implica ahorrar una parte relevante de los mayores ingresos y respetar estrictamente la regla fiscal, de manera de reconstruir activos financieros que funcionen como colchón frente a futuros shocks negativos. Además, no se puede desviar el foco del crecimiento de mediano plazo y la productividad. La bonanza debe aprovecharse para impulsar reformas pro-crecimiento, fortalecer el capital humano y mejorar la eficiencia del Estado.

¿Cuál es el principal riesgo de política pública en un ciclo favorable?

El mayor riesgo es el cambio de prioridades. Cuando aumentan los ingresos fiscales, surge la tentación de relajar la disciplina fiscal y expandir el gasto como si la bonanza fuera permanente. Eso puede desplazar la agenda de inversión y reformas estructurales, debilitando el crecimiento futuro.

¿Qué aprendizajes podemos sacar de cómo se manejó el boom 2003-2022?

En ese período se logró ahorrar una parte importante de los ingresos gracias a la regla de balance estructural, lo que fue clave para enfrentar crisis posteriores. Sin embargo, el comité de expertos fue elevando consecutivamente su estimación del precio de largo plazo del cobre, generando mayores holguras fiscales que se tradujeron en más gastos permanentes.

Además, la regla fiscal considera el precio, pero no los costos para determinar ingresos estructurales. Con el aumento de costos, la bonanza comenzó a revertirse. En paralelo, el foco del gasto giró hacia lo social y se dejó de priorizar el crecimiento, mientras la productividad dejó de expandirse. Se avanzó hacia derechos universales que elevaron compromisos difíciles de sostener cuando el precio volvió a niveles normales.

¿Cómo una bonanza mal gestionada puede afectar la cohesión social y la estabilidad política?

Una bonanza puede elevar expectativas sociales a un ritmo que la economía no puede sostener cuando el ciclo se revierte. Si durante el auge se expanden beneficios financiados con ingresos transitorios, cuando termina el boom las demandas permanecen, pero los recursos disminuyen. Eso genera frustración, estancamiento y tensión fiscal, que pueden traducirse en conflictividad social y crisis política.

¿Existe el riesgo de que la expansión del gasto social desplace la agenda de productividad?

Ese riesgo reaparece en cada ciclo alcista. La expansión del Estado benefactor puede postergar reformas difíciles pero necesarias para elevar la productividad. El costo de abandonar esa agenda es alto: cuando el precio del cobre baja, el país enfrenta menor crecimiento tendencial, menos espacio fiscal y mayor tensión distributiva.

¿Dónde debería concentrarse el uso responsable de los mayores ingresos?

En una combinación de ahorro fiscal, reconstrucción de activos financieros y, cuando corresponda, reducción de deuda pública. En materia de gasto, se debe priorizar aquello que eleve el crecimiento de mediano plazo: inversión en capital humano, mejoras en la productividad del Estado y reformas institucionales que destraben la inversión. El error que no puede repetirse es permitir que una bonanza transitoria desplace la agenda de crecimiento estructural.

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