El Ciudadano
La propuesta del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, de enajenar 1.200 inmuebles fiscales para obtener entre US$ 200 y US$ 300 millones y reforzar el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) generó un contundente rechazo entre economistas de distintos espacios académicos.
Especialistas consultados por CIPER coincidieron en que la medida, aunque puede aportar liquidez inmediata, no ataca el problema de fondo del déficit estructural chileno, que cerró 2025 en 3,6% del PIB, equivalente a unos US$12.000 millones.
La iniciativa del gobierno de José Antonio Kast consiste en vender tanto los inmuebles sin uso que están en poder de los Ministerios como aquellos bienes raíces que el Estado administra por “herencia vacante” –propiedades cuyos dueños fallecieron sin herederos legales–.
Los recursos obtenidos por medio de este proceso se destinarían al FEES, un instrumento diseñado para amortiguar las finanzas públicas ante cambios bruscos del ciclo económico. Sin embargo, los cuatro economistas consultados por el medio de investigación advirtieron que liquidar activos no es la mejor ruta para recuperar la holgura fiscal, y propusieron en su lugar «apegarse a una política de superávit estructural» o generar nuevas fuentes de ingresos permanentes.
Jorge Rodríguez, investigador del Centro de Estudios Públicos, recordó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) recomienda que el FEES represente entre 5% y 7% del PIB, cuando hoy apenas alcanza el 1%.
“La solución de fondo pasa por lograr superávits estructurales, algo que Chile ha tenido solo dos veces en los últimos 15 años”, afirmó.
En la misma línea, Gustavo González, doctor en Economía de la Universidad de Chicago y académico de la Universidad Católica, sostuvo que lo óptimo sería retornar a la regla de balance estructural planteada en el gobierno de Ricardo Lagos, que permite acumular activos en épocas de bonanza y gastarlos en recesiones.
En opinión de Andrea Repetto, doctora del Massachusetts Institute of Technology (MIT) y expresidenta del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), el actual desbalance responde a que “el gasto fiscal supera los ingresos estructurales de largo plazo” desde hace años. Por ello, el financiamiento requerido debe ser permanente: nuevas fuentes tributarias, mayor cumplimiento fiscal o recortes de gasto que reasignen recursos.
Marco Kremerman, de la Fundación Sol—por su parte—planteó que Chile debería imitar el modelo noruego con el petróleo y crear un mecanismo anticíclico aprovechando el alto precio del cobre.
Las cifras respaldan la urgencia. Si bien la deuda pública se mantiene en 41,7% del PIB –por debajo del 45% prudente según el CFA–, ese nivel es muy superior al 3,9% registrado en 2007. La recesión de 2008 y la pandemia de 2020 elevaron el endeudamiento hasta cifras de 1990, recordó Kremerman.
Además, el CFA alertó al Congreso que la megarreforma económico tributaria que impulsa la administración de José Kast tendrá impacto deficitario al menos hasta 2031, debido a rebajas impositivas y exenciones al IVA.
Los economistas coincidieron en que, si finalmente se venden las propiedades, el proceso debe ser transparente, competitivo y en subasta pública para obtener el mejor precio y evitar favoritismos.
“Sin renunciar a lograr superávits, el gobierno puede comenzar por vender activos estatales poco líquidos”, matizó Rodríguez en declaraciones a CIPER.
No obstante, González advirtió que la operación no cambiará “sustantivamente el valor de los activos totales del Fisco”, aunque podría proveer efectivo rápido ante contingencias.
Quiroz defendió la medida ante el Congreso el 8 de abril, subrayando que el FEES cayó de US$8.148 millones en marzo de 2022 a US$ 3.914 millones a fines de 2025. Pero para los expertos, vender el patrimonio, tal como propone el secretario de Estado, no es lo mismo que sanear las cuentas.
La entrada Economistas no le compran el plan a Quiroz: vender 1.200 propiedades del Estado no resolvería la brecha fiscal se publicó primero en El Ciudadano.
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