El panorama para los colegios no es alentador tras conocerse la importante deuda que el Ministerio de Educación mantiene con diversos establecimientos. Esta situación no es solo administrativa: implica bonos impagos, infraestructura que no se puede mejorar y capacitaciones que deberán postergarse, afectando directamente la calidad de la enseñanza.
A ello se suma la entrada en vigencia de la nueva Ley de Convivencia Escolar, que no logró aliviar la ya excesiva carga burocrática que enfrentan los equipos directivos. Más exigencias y trámites significan menos tiempo y recursos para lo esencial: educar.
Es de esperar que el nuevo gobierno y la próxima ministra de Educación corrijan estas falencias y entreguen certezas a las comunidades escolares. Porque una educación con menos recursos y una mochila burocrática que no cede no fortalece el sistema: simplemente asfixia a los colegios en el cumplimiento de su rol formador.
Sebastián Antillo González
Corporación Patrimonio de la Familia
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