Estados Unidos ejecutó este sábado 3 de enero una operación militar en territorio venezolano que incluyó bombardeos y la captura del presidente Nicolás Maduro, culminando una estrategia de escalada que se extendió por 28 semanas. Washington justificó el proceso en la lucha contra el narcotráfico, aunque desde el inicio dejó entrever que el objetivo final era forzar un cambio de régimen.

Las primeras advertencias de la Casa Blanca fueron acompañadas por un despliegue militar sin precedentes recientes en el mar Caribe, encabezado por el portaaeronaves USS Gerald Ford, el mayor de la Armada estadounidense. En respuesta, Caracas decretó la movilización de milicianos, un mecanismo que contempla el armamento de civiles ante un eventual ataque extranjero.

El siguiente hito de la escalada fueron los ataques contra supuestas embarcaciones utilizadas por redes de tráfico de drogas. Según el balance estadounidense, más de 30 barcas fueron bombardeadas, con al menos 112 fallecidos. Organizaciones de derechos humanos cuestionaron duramente estas acciones, denunciando posibles ejecuciones extrajudiciales y, en un caso particularmente controvertido, un segundo ataque contra personas que habrían quedado heridas y a la deriva, lo que podría vulnerar las leyes del mar.

Tras estas operaciones, el Departamento de Estado designó al llamado Cartel de los Soles como “organización terrorista extranjera”, acusándolo de colaborar con grupos como Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa, considerados una amenaza grave para la seguridad estadounidense.

Cierre del espacio aéreo

La presión se trasladó luego a la aviación civil. El 21 de noviembre, la Administración Federal de Aviación (FAA) emitió un aviso de seguridad instando a las aerolíneas a extremar precauciones al sobrevolar Venezuela por riesgos de interferencias. Varias compañías suspendieron vuelos, y Caracas respondió revocando permisos a aerolíneas internacionales tras expirar un plazo de 48 horas.

El 1 de diciembre, el presidente Donald Trump anunció el cierre total del espacio aéreo venezolano. La decisión se produjo días después de una conversación telefónica entre Trump y Maduro, que ambos describieron públicamente como cordial, aunque sin avances sustantivos.

Incautación de petroleros

El golpe más severo llegó al sector petrolero, que concentra cerca del 90% de los ingresos del Estado venezolano. El 10 de diciembre, la Guardia Costera de Estados Unidos se incautó del buque Skipper con crudo venezolano en el Caribe y lo trasladó a un puerto estadounidense. Seis días después, Washington anunció el bloqueo total de los petroleros que ingresaran o salieran de Venezuela y, posteriormente, capturó un segundo buque, el Centuries.

Un tercer petrolero, el Bella 1, vacío y en ruta para cargar crudo, revirtió su rumbo tras rechazar un intento de abordaje, dando inicio a una persecución en aguas del Atlántico.

Estados Unidos no reconoce a Maduro como presidente legítimo tras las elecciones del 28 de julio de 2024 y respalda las denuncias opositoras que atribuyen la victoria a Edmundo González. Desde entonces, tanto González como la líder opositora María Corina Machado abandonaron el país, esta última con apoyo de Washington para viajar a Noruega, donde recibió el Premio Nobel de la Paz.

Sobre Maduro pesaba además una recompensa de 50 millones de dólares por información que condujera a su captura. El mandatario venezolano fue acusado formalmente en Estados Unidos en 2020 por corrupción, narcotráfico y otros cargos. Al anunciar su detención, Trump afirmó que la operación se realizó en coordinación con fuerzas del orden estadounidenses y que la acusación fue presentada en el Distrito Sur de Nueva York.