Casi 2.500 personas de origen somalí se verán forzadas a salir de Estados Unidos antes del 17 de marzo de 2026, luego de que la administración federal tomara la decisión de revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) y les instara a abandonar el país tras un caso que involucró fraudes millonarios en programas infantiles con fondos federales en el estado de Minnesota. Según informó EFE, esta medida sigue a la revelación de prácticas irregulares vinculadas a instituciones dirigidas por miembros de la comunidad somalí en aquella región.
De acuerdo con la información publicada por EFE, el Gobierno estadounidense comunicó el martes el cese del TPS para los migrantes provenientes de Somalia, atribuyendo principalmente la decisión a mejoras en la situación del país africano. Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, aseguró en un comunicado citado por Fox News que las condiciones en Somalia ya no cumplen los requisitos legales para mantener activo el Estatus de Protección Temporal, añadiendo: “Temporal significa temporal”.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) reiteró la directriz a través de su cuenta en la red social X, instando a quienes se benefician actualmente del TPS a organizar su salida del territorio estadounidense antes del 17 de marzo de 2026. La medida también afecta a quienes tienen solicitudes en proceso: cerca de 1.383 ciudadanos somalíes mantienen expedientes aún sin resolución, según USCIS, citado por Fox News.
El detonante inmediato de este cambio se vincula con un escándalo reciente en Minnesota. Investigaciones difundidas inicialmente a través de videos de un youtuber identificado como simpatizante del movimiento MAGA (‘Make America Great Again’) revelaron una serie de guarderías beneficiadas por fondos federales, pero que se encontraban vacías o abandonadas. Muchas de esas instituciones figuraban bajo la dirección de ciudadanos somalíes asentados en el estado. Según EFE, este fraude millonario impulsó a las autoridades federales a desplegar una operación de gran escala, focalizada en los programas infantiles diseñados para recibir recursos públicos.
El impacto político del caso también resultó considerable. El gobernador Tim Walz, miembro del Partido Demócrata, decidió no competir por un tercer mandato como consecuencia directa de las polémicas derivadas del escándalo y las investigaciones subsecuentes. La situación incentivó, además, el fortalecimiento de inspecciones y controles sobre la utilización de fondos federales en el estado.
La resolución anunciada por el Gobierno federal se da en un contexto en el que la Administración Trump ya había adoptado medidas similares de cancelación del TPS para ciudadanos de otros países como Afganistán, Haití, Sudán del Sur y Venezuela. Tras una serie de litigios en diferentes instancias, el Tribunal Supremo de Estados Unidos avaló en octubre la posibilidad de avanzar con el plan de poner fin al programa para los venezolanos, reportó EFE.
El TPS se creó como un mecanismo para dar protección temporal a nacionales de naciones afectadas por conflictos armados, desastres naturales u otras circunstancias extraordinarias que impiden el retorno en condiciones seguras. Las autoridades estadounidenses argumentaron en esta ocasión que la dinámica en Somalia ya no justifica mantener esa medida, sumando además el reciente caso de fraude como factor de presión. El comunicado de la Casa Blanca enfatizó que la naturaleza de la protección fue, desde el principio, de carácter provisional.
El operativo de las autoridades federales en Minnesota incluyó inspecciones y auditorías destinadas a examinar el destino de los recursos destinados a programas infantiles y verificar la autenticidad de los centros beneficiarios. El escándalo afectó no solo la percepción sobre la comunidad somalí, sino que también derivó en significativos cambios en la gestión de ayudas públicas estatales, según detalló EFE.
Varias instituciones infantiles involucradas en la trama de fraude figuraban vacías o sin actividad operativa, lo que generó interrogantes en torno al destino de los fondos, su supervisión y la respuesta temprana de los responsables estatales y federales. La información difundida por EFE precisa que muchas de estas entidades presentaron documentos formales para acceder al financiamiento, aunque las visitas e inspecciones posteriores evidenciaron la nula o escasa prestación de servicios a menores.
La administración de Joseph Biden, por medio de voceros y documentos oficiales, ha reafirmado la política de condicionar el TPS a la evolución de las circunstancias en los países de origen, así como al cumplimiento de los requisitos legales establecidos. El caso somalí, contextualizado por EFE dentro de una lista de naciones que perdieron el beneficio durante los últimos años, se suma a otros procesos de revocación previamente impulsados tanto por la administración actual como por el gobierno anterior.
El futuro de los cerca de 2.500 ciudadanos somalíes con TPS vigente y de quienes mantienen solicitudes pendientes se mantiene condicionado a los términos de esta decisión, mientras persisten las investigaciones en Minnesota y los debates en torno a la política migratoria federal.
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