El Gobierno de Estados Unidos impuso este jueves sanciones a dos jueces del Tribunal Penal Internacional (TPI), a quienes acusa de haber participado en “esfuerzos para investigar, arrestar, detener o procesar” a ciudadanos israelíes sin el consentimiento de Israel, en el marco de las investigaciones por presuntos crímenes de guerra en la Franja de Gaza.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, informó mediante un comunicado la designación de Gocha Lordkipanidze, de Georgia, y Erdenebalsuren Damdin, de Mongolia, en aplicación de la orden ejecutiva 14203, que autoriza sanciones contra funcionarios del TPI. Según Rubio, ambos jueces “han participado directamente” en las acciones del tribunal, incluida su votación a favor del rechazo de la apelación presentada por Israel el pasado 15 de diciembre.
El jefe de la diplomacia estadounidense sostuvo que el TPI “sigue llevando a cabo acciones politizadas contra Israel”, lo que —a su juicio— establece “un precedente peligroso para todas las naciones”. En esa línea, afirmó que Washington no tolerará “abusos de poder” que, según dijo, violan la soberanía de Estados Unidos e Israel y someten de manera indebida a sus ciudadanos a la jurisdicción del tribunal.
Rubio reiteró además que ni Estados Unidos ni Israel son parte del Estatuto de Roma, tratado fundacional del TPI, por lo que rechazan su competencia. “Seguiremos respondiendo con consecuencias significativas y tangibles a las extralimitaciones del TPI”, advirtió.
La reacción del tribunal con sede en La Haya no se hizo esperar. En un comunicado, el TPI condenó las sanciones y aseguró que constituyen “un ataque flagrante contra la independencia de una institución judicial imparcial”. El organismo subrayó que estas medidas se suman a sanciones previas contra otros cargos electos del aparato judicial y de la Fiscalía.
“El hostigamiento a jueces y fiscales elegidos por los Estados parte socava el Estado de derecho”, alertó el tribunal, advirtiendo que cuando los operadores judiciales son amenazados por aplicar la ley, “es el propio orden jurídico internacional el que se pone en riesgo”. El TPI reiteró su respaldo a sus magistrados y a las víctimas de crímenes internacionales, y reafirmó que continuará ejerciendo su mandato con independencia e imparcialidad.
El conflicto entre Washington y el tribunal se intensificó tras la emisión, en noviembre de 2024, de órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, acusados de crímenes de guerra y de lesa humanidad. En el mismo proceso, el TPI solicitó la detención de tres altos cargos de Hamás, posteriormente fallecidos durante la ofensiva israelí en Gaza, que ha dejado más de 70.600 muertos en el enclave palestino.
Como respuesta a esas decisiones, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó la orden ejecutiva que habilita sanciones como el bloqueo de bienes y activos, así como la prohibición de entrada a Estados Unidos para altos funcionarios y empleados del TPI, incluyendo a sus familiares inmediatos. Las medidas se aplican a quienes hayan participado en investigaciones o procesos contra personas protegidas sin el consentimiento de su país de nacionalidad.
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