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Con la máxima medida cautelar quedaron los ocho imputados, seis de ellos funcionarios activos de la PDI, uno policía en retiro y un octavo civil, a quienes se les acusa de ser parte de una asociación ilícita cuyos delitos incluyen malversación de fondos, falsificación de instrumento público, tenencia ilegal de armas y tráfico de drogas.