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La presión migratoria desde el norte de África que enfrenta Europa no es un fenómeno nuevo, ni tampoco lo es el ingreso de inmigrantes ilegales a España a través de los territorios que ese país mantiene en Ceuta y Melilla, fronterizos con Marruecos. Sin embargo, lo sucedido recientemente en el primero de esos enclaves ha dado cuenta del nivel de preocupación que el tema ha venido adquiriendo en la política interna de los países de la UE. La virtual avalancha de 72 mil personas que ingresó al territorio español y por consecuencia al de la UE -dejando 79 muertos- motivó de inmediato una dura reacción del bloque, llevando incluso a la presidenta del gobierno italiano, Giorgia Meloni, a anunciar la suspensión de España del espacio Schengen, que permite el libre tránsito de los ciudadanos de la UE por todo el territorio de sus países miembros.

Incluso, en una carta promovida por la propia Meloni y su par danesa, la socialdemócrata Mette Frederiksen y firmada por otros 20 países miembros del bloque -incluyendo a Alemania, Polonia, Suecia y Hungría- se planteó una fuerte advertencia al gobierno de Pedro Sánchez. “Tenemos el deber de disuadir de manera efectiva y de combatir sin descanso la inmigración ilegal”, señala el documento, agregando que no se puede permitir “que los cruces masivos e incontrolados, la instrumentalización de la migración u otras amenazas híbridas den la impresión de que es posible entrar ilegalmente en la Unión Europea”. Esa percepción, aseguran, “solo alentaría nuevos intentos y socavaría la confianza en nuestra política migratoria”.

Si bien no hay claridad de las razones específicas que gatillaron lo sucedido en Ceuta y la eventual responsabilidad de “agentes externos”, como ha advertido el comisario para Asuntos Migratorios de la Unión Europea, Magnus Brunner -quien también aseguró que se trabajará en un nuevo tratado con Marruecos para evitar futuras crisis-, lo cierto es que el episodio ha puesto en el centro de la atención la política migratoria del gobierno español de Pedro Sánchez. Mientras los demás países del bloque han avanzado hacia un endurecimiento de sus normas, el gobierno español ha impulsado una política de regularización que ha sido cuestionada por Bruselas por su eventual “efecto llamado”. En ese orden de cosas, el encargado de los asuntos migratorios del bloque ha asegurado que “la regularización masiva de migrantes no es buena para ningún otro país de Europa”.

La inmigración ilegal en la UE se ha convertido en los últimos años en un componente central de la política interna de sus países miembros, favoreciendo de paso a partidos con una postura más dura frente al tema. Es lo que sucede por ejemplo en Alemania, con Alternativa para Alemania que hoy encabeza las encuestas de intención de voto, y en Francia, donde Agrupación Nacional de Marine Le Pen, también se encamina a una probable victoria en los comicios del próximo año. Detrás de ese fenómeno se encuentra la fuerte presión social y económica que viven los países europeos, que han acumulado altos déficits fiscales y fuertes presiones de gastos, agravadas por la guerra en Ucrania. Por eso, contener la presión migratoria es hoy un objetivo central y en él convergen desde gobiernos de centroizquierda, como el de Dinamarca y de derecha dura, como en Italia.