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Madrid, 29 abr (EFE).- El 82,3 % de la financiación del sistema de protección a la infancia se destina a residencias, frente al 9,2 % a acogimiento en familias y el 4,4 % a prevención, pese a que Gobierno y comunidades autónomas se fijaron el objetivo de que en 2030 el 70 % de los niños y adolescentes tutelados vivan en familias.

Son datos del informe '¿Cómo influye la financiación en el sistema de protección a la infancia y adolescencia en España? El reto de la desinstitucionalización', presentado este miércoles por la Plataforma de Infancia que analiza la inversión pública de las comunidades en el sistema de protección, que atiende a más de 55.000 niños y adolescentes en España.

El estudio analiza contratos y subvenciones adjudicados entre 2024 y 2025. Contabiliza al menos 516,4 millones de euros comprometidos en esos dos años para financiar el sistema, con diferencias entre regiones o comunidades autónomas; de ellos, 425,2 millones de euros se destinan a centros y 47,6 millones de euros a acogimiento familiar.

Según los últimos datos del sistema de protección a la infancia y adolescencia a cierre de 2024, España atendía a 55.010 menores en el sistema, un 5,8 % más que el año anterior. De ellos, 36.090 se encuentran en alguna modalidad de acogimiento: 19.977 en residencial y 16.486 en familiar (un 9,77 % menos que el año anterior).

Para la plataforma, los datos muestran una fuerte dependencia de los centros frente a alternativas familiares, además de una inversión baja en prevención, lo que limita poder actuar de manera temprana para evitar en muchos casos la separación de los niños de sus familias.

Además, según Sara Toledano, responsable de desinstitucionalización de la entidad, "las importantes diferencias entre territorios y de formas de gestión de los recursos genera desigualdades en el acceso y en la calidad de la atención".

"Esta distribución evidencia una inercia a confiar el cuidado de los menores a centros residenciales, lo que dificulta el avance hacia modelos más familiares y comunitarios", ha incidido Leire Olmeda, experta en datos de esta red de más de 70 organizaciones de infancia.

En concreto, ha explicado que casi la mitad de las subvenciones (el 49,3 %) se destina a acogimiento familiar y el 30 % al residencial. Respecto a los contratos, únicamente el 6 % de los contratos se destina a acogimiento familiar y el 86 % al residencial.

Pese a que faltan menos de cuatro años para cumplir con el objetivo de que siete de cada diez niños tutelados vivan en familias, "actualmente son el 51 % y la financiación sigue orientándose en sentido contrario".

El informe también estudia la situación de la infancia migrante no acompañada, donde el 99,1 % de la inversión identificada se destina a acogimiento residencial.

"Los datos muestran que, en la práctica, la infancia migrante no acompañada es atendida casi exclusivamente en recursos residenciales. Esto supone que, según el origen, las niñas, niños y adolescentes no acceden en igualdad de condiciones a otras alternativas del sistema de protección, lo que apunta a una forma de discriminación institucional que debe corregirse", ha señalado Toledano.

Pese a que el plan de acción contra la explotación sexual de menores del sistema de protección establece como objetivo a 2030 que los centros no superen de media 15 plazas, en algunos alcanzan las 200, especialmente en los centros en los que hay niños migrantes.

El informe detecta importantes diferencias entre administraciones en las cuantías, transparencia y forma de contratar, entre otros factores, así como un uso elevado de procedimientos de urgencia y emergencia en la contratación pública, que alcanza los 155,9 millones de euros.

A esto se suma que el 57,3 % de los contratos analizados cuenta con una única oferta, un dato que supera ampliamente la media estatal (33 %) y europea (29 %) y que supone riesgos para la libre concurrencia y la calidad de las licitaciones de servicios de protección de la infancia y la adolescencia, alerta la entidad.

El director de tecnología de Political Watch, Pablo Martín, ha explicado que para poder desarrollar este análisis ha recurrido a técnicas de recogida automatizada de datos a partir de múltiples plataformas públicas, ya que, ha lamentado, la información pública no es suficientemente accesible ni está centralizada.

Se ha obtenido la información de los contratos adjudicados o prorrogados durante 2024 o 2025, así como de las subvenciones adjudicadas en ese mismo periodo a través del Portal de Contratación Pública, los portales autonómicos y el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas.

"Mejorar la transparencia es clave para garantizar una rendición de cuentas efectiva", ha señalado Martín.

Entre las recomendaciones para mejorar el sistema, la Plataforma de Infancia plantea mejorar la planificación de los recursos públicos destinados al sistema de protección y reforzando la estabilidad en la contratación de servicios esenciales.

El análisis apunta a que la falta de planificación estructural condiciona la forma en que se organizan los recursos y dificulta una respuesta coherente a largo plazo.

Propone reorientar de forma progresiva el modelo de financiación hacia el fortalecimiento del acogimiento familiar y las políticas de prevención. EFE

(Recursos de archivo en EFEServicios: 8023401615)