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Durante buena parte de la última década, Chile se convenció de que el principal problema del país era la herencia de una élite económica anacrónica. Y, como suele ocurrir cuando una explicación resulta demasiado segura, sin darnos cuenta, llegamos al denominado estallido social de 2019. El poder real dejó de residir exclusivamente en la propiedad y la producción y se desplazó hacia un terreno más etéreo, pero no menos influyente: el de la emocionalidad, el lenguaje con sus vertientes denominadas inclusivas y la autoridad moral. Así emergió una intelligentsia moralista, compuesta por una red de políticos, académicos, expertos, asesores, opinólogos y activistas, con alta visibilidad pública, credenciales creíbles y una confianza inquebrantable en la precisión de sus diagnósticos. Su poder no provenía de crear empleo ni de arriesgar capital, sino de definir el marco legítimo del debate. Decidían qué preguntas eran aceptables, qué respuestas eran responsables, de qué forma debían referirse los unos a los otros y qué era derechamente cancelable y qué no.

Esta concepción de grupo tiene poco que ver con Marx y mucho con Bourdieu. No es una clase dominante en el sentido económico tradicional, sino un grupo que convierte el capital cultural y simbólico en una influencia política efectiva que triunfó en varios procesos electorales. El problema es que sus ideas pocas veces parecen haber pasado por el filtro más básico de la economía: el de las restricciones presupuestarias y de las preocupaciones o preferencias del hogar típico.

Cualquier persona con nociones básicas de economía sabe que los incentivos importan, los costos existen y los efectos secundarios no desaparecen por decreto. Sin embargo, una característica central de esta intelligentsia moralista es su notable capacidad para ignorar las consecuencias. Regulaciones que encarecen el empleo formal se defienden como avances civilizatorios; bloqueos a la inversión se celebran como victorias morales; expansiones del gasto se promueven sin una discusión seria sobre productividad, crecimiento o sostenibilidad fiscal.

Lo verdaderamente notable es que los costos de estos errores rara vez recaen sobre quienes los promueven. En economía, esto tiene un nombre claro: externalización de costos. Y pocas cosas son tan peligrosas para una democracia como un grupo con gran influencia y baja exposición a las consecuencias de sus propias ideas.

El cambio político que Chile experimentará a partir del 11 de marzo de 2026 no surge en el vacío. Es, en buena medida, una reacción, todavía desordenada e incompleta, a esa brecha entre el discurso y la realidad. Cuando una intelligentsia confunde convicción con conocimiento y virtud con competencia técnica, termina debilitando aquello que dice querer proteger: la legitimidad institucional, la cohesión social y el crecimiento inclusivo.

Si no se produce un tránsito desde una intelligentsia liviana, ruidosa y poco inclinada a la autocrítica, hacia una más sobria y pragmática, el país seguirá perdiendo oportunidades para alcanzar el desarrollo y consolidarse globalmente como un destino confiable para la inversión y atractivo para el talento, sin importar el país de origen.

Por Jorge Rojas Vallejos, profesor investigador IPE UNAB