La gestión del agua en el Levante español no es solo una cuestión de ingeniería, sino una batalla política y territorial que se libra en cada hectómetro cúbico. Mientras los embalses de la cabecera del Tajo fluctúan y las reglas del juego cambian en los despachos de Madrid, la Cuenca del Segura intenta blindar su supervivencia a través de la tecnología. Con el Trasvase Tajo-Segura en el punto de mira normativo, el Gobierno se ha visto obligado a acelerar su "plan B": convertir el agua del mar en el pulmón de la agricultura europea.
Luz verde a los anteproyectos. La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ya tiene sobre la mesa el diseño de las dos desaladoras que prometen dar un respiro al Plan de Cuenca. Mario Urrea, al frente del organismo, ha rubricado los contratos para redactar los anteproyectos de unas obras que costarán 1,34 millones de euros solo en su fase técnica.
Sin embargo, el plan ya ha chocado con la realidad política local. Según los medios locales, la ubicación exacta de la planta proyectada para el margen izquierdo (zona de Torrevieja) es un punto de fricción: el Ayuntamiento de Torrevieja y la Generalitat Valenciana ya han manifestado un "rechazo frontal" ante la posibilidad de que la nueva planta se instale en dicho término municipal. Para evitar este choque prematuro, la CHS alude de forma genérica al "entorno del embalse de La Pedrera", aunque técnicamente lo más viable sería ubicarla junto a la planta ya existente en Torrevieja, muy cerca del mar.
El rompecabezas de las cifras. El objetivo es alcanzar criterios de garantía hídrica, pero los detalles revelan una notable confusión en la envergadura del plan. Mientras el Gobierno apuntó inicialmente a una planta de 100 hm3 para la zona de Torrevieja, el pliego de condiciones actual rebaja esa cifra a la mitad, situándola en 50 hm3. No obstante, la planificación apuntan a que, sumando las capacidades de ambas instalaciones, se podrían aportar hasta 150 hm3 anuales al sistema.
El reparto quirúrgico de este recurso no convencional se estructurará así:
- Desaladora de la Margen Derecha (Águilas): Producirá 50 hm3 anuales. De ellos, 33,5 hm3 se destinarán a aliviar masas subterráneas sobreexplotadas como el Alto Guadalentín y Mazarrón, mientras que 16,5 hm3 reforzarán el suministro directo en Lorca, Totana y zonas de Almería.
- Desaladora de la Margen Izquierda (Torrevieja): Con una producción proyectada de hasta 100 hm3 (según el horizonte del plan de cuenca), destinará 58,5 hm3 a paliar la infradotación del Campo de Cartagena y Alicante (Albatera, San Isidro), además de dedicar 41,5 hm3 a la recuperación de acuíferos como el de Cabo Roig.
Un plan dividido bajo el estigma de la energía. El proyecto se ha dividido en dos lotes estratégicos con un plazo inicial de ejecución de 12 meses para su redacción. El lote de la margen derecha ha sido adjudicado a la empresa Typsa por 674.575 euros, con el mandato de estudiar su conexión con la desaladora existente en Águilas. Por su parte, el lote de la margen izquierda ha sido conferido a Ayesa Ingeniería por 669.286 euros, con la misión de conectar la infraestructura con el embalse de La Pedrera para distribuir el agua por los canales del postrasvase.
Un aspecto crítico es la sostenibilidad. Ambos anteproyectos deben incluir obligatoriamente el diseño de plantas solares fotovoltaicas para abaratar el elevado coste eléctrico de la desalinización. Sin embargo, este punto despierta escepticismo: como recuerda la prensa local, el Gobierno aún no ha logrado materializar la planta solar en 2024 para la actual desaladora de Torrevieja por falta de ubicación.
El factor tiempo: un obstáculo insalvable. A pesar de la firma de estos contratos, la solución no será inmediata. El Ministerio estima que estas desaladoras tardarán entre cinco y seis años en estar operativas, dado que tras la redacción del anteproyecto viene una compleja fase de tramitación ambiental, información pública y posibles expropiaciones.
Para los regantes, este calendario es "inasumible". Se encuentran atrapados en una pinza temporal; mientras el cambio climático y las nuevas reglas del trasvase imponen recortes hoy mismo, la alternativa prometida no llegará, en el mejor de los casos, hasta el inicio de la próxima década.
¿Paz hídrica o tregua temporal? La apuesta por la desalinización es el eje central de la estrategia del Ministerio para la Transición Ecológica para cerrar la brecha hídrica del Segura. No obstante, con las reglas del trasvase a punto de cambiar y una ejecución de obras que se proyecta hacia la próxima década, las nuevas desaladoras nacen en un clima de incertidumbre técnica y política. La firma de Mario Urrea pone el papel sobre la mesa, pero el agua —y la paz territorial— todavía parecen quedar lejos en el horizonte.
Imagen | CHS Segura
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La noticia
El agua del Tajo se va a quedar en Castilla-La Mancha. Así que Alicante y Murcia ya tienen un plan B: montar desaladoras
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Xataka
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Alba Otero
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