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El pleno del máximo tribunal definió que el examen de los procesos disciplinarios se hará revisando que se haya aplicado correctamente el plazo de prescripción de cinco años. Esto implicará que los supremos podrían aplicar la superintendencia correccional en todos los casos en que los magistrados zafaron por calcular la prescripción con dos años, tal como ocurrió en la Corte de Santiago.