El Ciudadano
Una funcionaria falleció tras ser atacada por un alumno, quien ingresó al establecimiento con armas blancas y elementos acelerantes.
La mañana del viernes 27 de marzo, ocurrió un ataque premeditado en el que un estudiante de 18 años agredió a docentes y compañeros del Instituto Obispo Silva Lezaeta. El fatal incidente terminó con la vida de la inspectora de iniciales M.V.R. y dejó a otra trabajadora y tres estudiantes menores de 15 años heridos en el recinto asistencial de la ciudad.
El agresor, que cursaba cuarto medio, fue detenido por Carabineros tras ser retenido en el mismo colegio, portando cuchillos y bencina al momento del ataque. Según versiones preliminares, la tragedia se desencadenó cuando las inspectoras intentaron intervenir en una disputa entre alumnos, aunque no se descarta que el ataque contra la funcionaria fallecida fuera un acto dirigido.
Horas antes del ataque, el estudiante responsable subió a sus redes sociales fotos posando encapuchado con un cuchillo y la leyenda «a quien corresponda», e incluso llegó a compartir contenido minutos después del asesinato de la inspectora. Actualmente el alumno, quien tiene 18 años, se encuentra detenido.
Ante la magnitud del evento, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, manifestó su profunda consternación, calificando el hecho como «dramático, terrible y horroroso». El dirigente fue enfático en señalar que es inaceptable que una profesional de la educación pierda la vida en el ejercicio de sus funciones pedagógicas, enviando condolencias a la familia y a la comunidad estudiantil de Calama.
Aguilar también lanzó una dura crítica a la gestión estatal, recordando que el gremio ha estado alertando sobre el aumento de la violencia en las aulas durante mucho tiempo, sin recibir respuestas concretas. «Dijimos más de una vez que llegaría un momento en que ocurriera un hecho dramático y terrible”, añadiendo que la violencia está escalando y no se ha tomado con la debida gravedad.
En su interpelación, el presidente del gremio apuntó a la falta de herramientas legales y programas de salud mental efectivos, mencionando a la Ley de Convivencia, la cual aún no se publica en el Diario Oficial. Para Aguilar, este problema es el más grave que enfrenta el sistema escolar chileno y requiere que las nuevas autoridades del gobierno de José Kast actúen con urgencia para entregar soluciones que hoy no existen.
La crítica también se extendió hacia la sociedad, haciendo un llamado a no normalizar la violencia en los espacios educativos. «Las familias tienen que enviar a sus hijos a los colegios y tener la certeza de que van a estar seguros”, agregando que esto tiene que ser una alerta,y que debe haber “un antes y un después a continuación de este hecho».
Finalmente, el Colegio de Profesores y Profesoras se puso a disposición para colaborar en un Plan Nacional de Convivencia Escolar que enfrente esta crisis de seguridad. Mientras tanto, en Calama, las clases fueron suspendidas y la Brigada de Homicidios de la PDI sigue con las pericias correspondientes para esclarecer los motivos detrás de este asesinato que enluta a la educación chilena.
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