Tarragona, 10 may (EFE).- El presunto desvío de fondos para la construcción del Hospital de Reus (Tarragona) a través del holding Innova sienta este lunes en el banquillo a Josep Prat, expresidente del Institut Català de la Salut (ICS) con Artur Mas, y al exalcalde socialista de la población Lluís Miquel Pérez, tras 14 años de instrucción.
Con el trámite de cuestiones previas, la Audiencia de Tarragona inicia mañana el juicio del caso Innova, que se centra en el supuesto desvío de más de un millón de euros de los fondos destinados a la construcción del Hospital de Reus a excargos del Catsalut, mediante pagos que la Fiscalía cree no justificados.
El juicio, que fue suspendido en 2024, tiene previstas trece sesiones entre mayo y junio y podría quedar visto para sentencia el 1 de julio.
La sesión de mañana será clave para saber si fructifica un acuerdo entre acusaciones y defensas que evitaría el juicio, a cambio de que los investigados reconozcan los hechos, pero que puede naufragar dado que algunos de los procesados son reticentes a un pacto, han informado a EFE fuentes jurídicas.
La Fiscalía pide penas de entre siete y diez años de prisión para los ocho encausados en la presunta trama corrupta -entre los que figuran también varios empresarios-, a los que acusa de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad documental y tráfico de influencias.
En el juicio se dirimirá la posible ilegalidad de los pagos al exdirector del Catsalut Carles Manté y al arquitecto Jorge Batesteza por trabajos vinculados con la construcción del Hospital de Reus, que fueron autorizados por el ex director general de Innova Josep Prat, quien compaginaba este cargo con la dirección del ICS.
La Fiscalía considera que esos contratos irregulares habrían sido acordados previamente con Lluís Miquel Pérez, quien dejó la alcaldía de Reus tras perder las elecciones municipales en 2011.
Los pagos investigados ascienden a más de un millón de euros y las facturas estaban relacionadas con la construcción del Hospital Sant Joan de la Reus y con servicios de asesoramiento sanitario, aunque según la Fiscalía, los trabajos o no llegaron a realizarse o se cobraron dos veces.
Batesteza era el responsable de infraestructuras del CatSalut y cuando Manté y él cesaron en este organismo sanitario recibieron los encargos de Innova.
En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso EFE, la Fiscalía pide diez años de cárcel y veinte de inhabilitación para los principales investigados, Prat, Batesteza y Pérez, además de una multa de 200.000 euros.
Según mantiene el ministerio público, el arquitecto cobró presuntamente dos veces para hacer el mismo trabajo tras ser contratado por Innova para supervisar las obras del hospital, por lo que percibió por un lado 387.000 euros y, a través de Innova Euroconsult, otros 186.000 euros por el mismo trabajo.
Respecto a Manté, la fiscal pide ocho años de cárcel y veinte de inhabilitación, pena que también solicita para la exdirectora financiera de Innova Esther Ventura, mientras plantea siete años de cárcel y quince de inhabilitación para la exsecretaria del grupo Natalia Rorrell.
Además, pide nueve años de prisión y una multa de 200.000 euros al exdirector de obras y proyectos de Innova José Vicente Gómez y al responsable de la UTE Euroconsult, Sergi Luqui, como presuntos autores de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.
Por su parte, el Ayuntamiento de Reus, que ejerce la acusación particular en la causa a través de la abogada Maria Saló, dirige su escrito únicamente contra Prat, Batesteza y Manté, a quienes pide que indemnicen a Innova con 1,2 millones de euros por el dinero que perdió el holding municipal con los pagos por supuestos servicios ficticios.
En la causa también figura como acusación popular la CUP, que además de los delitos citados acusa a los investigados de otro de organización criminal. EFE
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