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SEÑOR DIRECTOR:

Durante estos días concluyó la historia del Sename y se concreta la transición hacia un nuevo sistema compuesto por el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, encargado del sistema penal adolescente. Este paso no es un simple cambio de nombre: refleja el consenso de que las respuestas del pasado fueron insuficientes e incluso dañinas, y que las nuevas instituciones deben sostenerse en el enfoque de derechos, la especialización y la construcción de proyectos de vida para cada niño, niña y adolescente.

En los últimos años se han alcanzado avances relevantes: mayor visibilidad política de la infancia, exigencia de estándares más altos a la red de protección, separación clara entre protección y responsabilidad penal adolescente, y la entrada en vigencia de la Ley N° 21.430 sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia. Estos hitos expresan una convicción creciente: el Estado no puede seguir delegando sin control la protección de la niñez vulnerada en el mercado de servicios sociales. La supervisión y la rendición de cuentas deben ser estrictas y permanentes.

El sistema arrastra problemas estructurales: sobrecupos en residencias, listas de espera, dificultades para acoger a niños con “perfiles complejos”, cierres sin alternativas y denuncias reiteradas de vulneraciones de derechos, incluyendo violencia, abuso sexual, precariedad en el cuidado y graves brechas en salud mental. Todo ello muestra que, pese a los esfuerzos del Servicio Nacional de Protección Especializada, la promesa de una “Mejor Niñez” sigue inconclusa.

Los desafíos son claros: construir trayectorias de vida seguras y dignas, con énfasis en prevención, fortalecimiento familiar y comunitario, reducción de separaciones, reforma del modelo de financiamiento, mejora de condiciones laborales de quienes cuidan y articulación real con salud, educación, vivienda y seguridad social. Se requiere además una capacidad sólida de información y supervisión en terreno, que permita anticipar riesgos, intervenir oportunamente y corregir vulneraciones con rapidez y transparencia.

El gobierno que asumirá en marzo de 2026 no recibirá una hoja en blanco, sino un sistema en tránsito: con avances innegables, pero también con una crisis de confianza que no puede relativizarse. La evaluación no será frente al Sename, sino frente a los estándares más altos del derecho internacional y a las expectativas que el propio Estado ha generado en niños, niñas y adolescentes que ya han esperado demasiado.

Anuar Quesille

Defensor de la Niñez