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Madrid, 14 jul (EFE).- El Congreso debate este martes la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, así como la convalidación del decreto ley que otorga 6.200 millones de euros desde el 1 de julio y hasta 2027 para aumentar la financiación del sistema de dependencia.

Tras superar la semana pasada el trámite de la Comisión de Derechos Sociales con la aprobación del dictamen, que contó con el rechazo de PP y Vox, los dos proyectos de ley llegan al Congreso para su aprobación definitiva en un pleno extraordinario, junto a la ampliación de las cuantías que el Gobierno otorga a las comunidades autónomas.

Entre las novedades de la reforma de la ley de dependencia, figura una enmienda aprobada en comisión impulsada por los partidos del Gobierno (PSOE y Sumar) para garantizar por ley que la financiación estatal en esta materia alcance el 50 %, un aspecto que actualmente no está incluido.

Además de esta medida impulsada para "blindar el sistema" y evitar recortes en el futuro, según destacaron desde el Ministerio de Derechos Sociales, se eliminan incompatibilidades entre prestaciones y se extiende el servicio de asistencia personal más allá del entorno domiciliario, como acompañar al usuario a hacer la compra o ir al médico.

También reconoce a nivel normativo como cuidador a otras personas que no sean estrictamente familiares, universaliza el derecho a la teleasistencia y elimina restricciones y sujeciones farmacológicas.

En cuanto a la ley de discapacidad, la reforma establece la accesibilidad universal como un derecho, incorpora expresamente el derecho a la autonomía personal y desarrolla el nuevo artículo 49 de la Constitución.

Asimismo, se elimina burocracia al reconocer un 33 % de discapacidad a las personas a las que se les asigne un grado I de dependencia, y a las que obtengan un grado II o III podrán ser reconocidas con el 65 % de discapacidad, con el fin de agilizar procesos administrativos y reducir listas de espera.

Por otro lado, se modifica la Ley de Propiedad Intelectual para que las administraciones públicas ayuden económicamente a hacer obras de accesibilidad en edificios de viviendas; prohíbe que se modifiquen precios en los contratos de seguros para personas con discapacidad; y regula la figura de un facilitador procesal que evitará situaciones de indefensión en los procesos judiciales. EFE