El Pleno del Congreso debatirá y votará este jueves la reforma de la Ley Orgánica General Penitenciaria 1/1979 para reconocer a efectos legales el carácter de agentes de la autoridad a los funcionarios de Instituciones Penitenciarias, una reivindicación "histórica" de los sindicatos que ha prosperado gracias a un pacto entre PSOE y PP.
Atendiendo las demandas de los sindicatos, la ponencia establece que los funcionarios de prisiones reciban indemnización por daños personales o materiales, así como que tengan presunción de veracidad, formación específica teórica y práctica obligatoria y garantías de seguridad como personal laboral.
Tanto el PSOE como el PP mostraron su satisfacción por el consenso alcanzado a partir de la proposición registrada por los socialistas, ya que atienden a una reivindicación histórica de los trabajadores penitenciarios.
ACUERDO DE PP, PSOE Y PNV
"Esta Cámara lanza un mensaje de respeto y reconocimiento a quienes garantizan la seguridad, el orden y el funcionamiento de nuestras administraciones penitenciarias, de las que tienen transferencia autonómica y las que siguen dependiendo de la Administración General del Estado", subrayó el diputado del PSOE José Luis Aceves.
El PP, por boca de Fernando de Rosa, aprovechó para criticar que la reforma haya tardado tanto en desbloquearse, pues pasó meses en el 'congelador' del Congreso con cincuenta ampliaciones del plazo de enmiendas.
El texto final, acordado también con el PNV, cuenta con el respaldo mayoritario de los grupos, a excepción de ERC, que avisó del riesgo de "ceder ante planteamientos de derecha que al final ocupa la extrema derecha". "No hacía falta, ya de algún modo son agentes de autoridad y se va a producir un exceso de veracidad y de poder", dijo la diputada Pilar Vallugera.
UN BUEN PASO, PERO "INSUFICIENTE"
Desde Sumar, Enrique Santiago saludó el acuerdo, aunque lo considera "insuficiente", y aconsejó no perder de vista que la ley obliga a la reinserción de los presos y que está pendiente el traspaso de la sanidad penitenciaria, así como prevenir malos tratos creando "espacios seguros" para los internos y para "evitar acusaciones de malos tratos que puedan realizarse sin fundamento".
Vox también mantiene enmiendas al texto aprobado en la Comisión de Interior al entender que se ha dado un buen paso, pero "a toda luz insuficiente" porque mantiene las diferencias entre comunidades autónomas. "Tenemos que aprovechar esta inercia para reivindicar de una vez por todas que nuestros policías y guardias civiles sean agentes de riesgo de una vez por todas", reclaman.
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