La Ley Karin cumplió dos años con un diagnóstico transversal: el sistema está saturado y el gobierno prepara un rediseño para filtrar mejor. Probablemente haga falta. Pero esa discusión deja fuera una pregunta previa, que casi nunca se hace: qué les pasa a quienes usan el canal para lo que sí fue diseñado.
En una investigación reciente vinculamos más de 11 mil denuncias por acoso laboral presentadas ante la DT entre 2010 y 2020 con los registros del seguro de cesantía, comparando a cada denunciante con un trabajador casi idéntico que nunca denunció.
Lo primero que revelan los datos es quiénes denuncian. No son trabajadores marginales: tienen más experiencia y antigüedad que el promedio, el doble de probabilidad de ocupar cargos directivos, y denuncian en plena trayectoria ascendente. Tiene lógica: quien lleva poco se va; quien acumuló años tiene más que perder. Y son, sobre todo, mujeres.
Lo segundo es lo que viene después. Dentro de un año, el 70% ha dejado la empresa denunciada, muchos con carta de despido. Cuatro años después, el empleo sigue 12 puntos porcentuales abajo entre los hombres y 14 entre las mujeres. Los ingresos caen 40% y 49% respectivamente, sin señal de recuperación.
¿Por qué pérdidas tan grandes y persistentes? La explicación mecánica —perder el empleo es costoso— no basta: las víctimas de despidos masivos, que también pierden el empleo, se recuperan sostenidamente; los denunciantes, nunca. Ese daño adicional es una respuesta a la denuncia misma: represalia de la empresa y una lectura adversa del mercado; la referencia negada, la advertencia informal, la etiqueta de “conflictivo”.
El género merece una mención aparte. A diferencia del acoso sexual, el acoso psicológico no es una violencia de género: según la OIT, su prevalencia es similar entre hombres y mujeres. Pero ellas presentan dos de cada tres denuncias, y sus pérdidas son mayores y se amplían con el tiempo. Frente a un abuso que golpea parejo, cargan, una vez más, con el costo mayor.
Nuestra evidencia es anterior a la Ley Karin, que corrigió aspectos importantes. Pero hay límites inherentes al instrumento que ninguna reforma puede superar: la denuncia no puede ser anónima, un fuero general invitaría a denuncias estratégicas, y ninguna norma alcanza la respuesta del mercado.
La conclusión —y la oportunidad del rediseño en curso— no es solo filtrar mejor, sino asumir que ese canal no puede ser el único. Las encuestas seguras, que dan negación plausible, elevan fuertemente el reporte. Chile ya cuenta con esa infraestructura: el cuestionario de riesgos psicosociales CEAL-SM/SUSESO, cuya información podría focalizar fiscalización proactiva.
Detectar el acoso no puede seguir dependiendo de que la víctima pague, sola, el costo de hacerlo visible.
Por Josefa Aguirre, Instituto de Economía UC, y Ana María Montoya,
Escuela de Gobierno UAI
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