|  LaTercera.com |  Noticias

SEÑOR DIRECTOR:

El reciente anuncio sobre reducción y exención del pago de contribuciones ha abierto un debate profundo sobre la justicia territorial y el financiamiento municipal. Aunque se presenta como un alivio fiscal para los hogares de mayores ingresos, sus efectos estructurales son regresivos: acentúa la desigualdad socioespacial, al momento que debilita la capacidad de los municipios para sostener servicios básicos y programas sociales, y concentra beneficios en comunas de mayor avalúo, mientras las más vulnerables ven mermados sus recursos.

El sistema de contribuciones, progresivo por naturaleza —pues solo un 25 % de los inmuebles paga este impuesto—, se ve desbalanceado por una medida que erosiona el Fondo Común Municipal, generando una pérdida estimada de US$200 millones frente a una compensación estatal de apenas 130 millones. La Asociación Chilena de Municipalidades ha exigido una redistribución total de los recursos, advirtiendo que la baja en la recaudación tendría graves consecuencias para los gobiernos locales. La reducción afectaría la mantención urbana y el aseo, la continuidad de programas sociales y de asistencia comunitaria, la seguridad en los barrios, el cuidado de áreas verdes y el desarrollo cultural, entre otros ámbitos esenciales.

La pregunta de fondo es ineludible: ¿cómo corregir las desigualdades territoriales, esto es, un modelo que concentra beneficios en territorios de alto valor fiscal y deja atrás a las comunas más desfavorecidas? La respuesta pasa por establecer un Fondo Común Municipal bajo un principio de justicia redistributiva, asegurando que los beneficios lleguen efectivamente a quienes más los necesitan. Solo así podremos avanzar hacia un país donde la política fiscal no sea un factor de fragmentación territorial, sino un instrumento de cohesión y equidad.

Isabel Zapata Alegría

Profesora IEUT, Doctora en Arquitectura y Estudios Urbanos PUC.

Pablo Guzmán Martínez

Profesor IEUT, Director Diplomado de Planificación Urbana Integrada PUC.