El dato que desapareció: Fiscalía quitó del informe de homicidios las muertes por agentes del Estado

Lo que debía ser un ejercicio de transparencia estadística terminó envuelto en una controversia, ya que cuando en marzo pasado se presentaron los resultados del Informe Nacional de Homicidios 2025, el documento oficial omitió un dato que sí figuraba en su versión original: el número de muertes causadas directamente por agentes del Estado. La cifra, inicialmente incluida en el capítulo sobre “delincuentes fallecidos en el contexto de su propio delito”, fueretirada a solicitud expresa del Ministerio Público.

Según una investigación realizada por Reportea, detrás de esta decisión se esconde una categoría que ha casi triplicado sus números desde 2018, con la entrada en vigencia de la cuestionada Ley Naín Retamal, promulgada en 2023 que modificó el Código Penal para fortalecer la protección de los efectivos policiales. Un fenómeno que especialistas vinculan a cambios culturales y normativos en el uso de la fuerza letal por parte de los uniformados.

El dato que se borró del informe oficial

El informe, elaborado en conjunto por el Ministerio de Seguridad, la fiscalía, la PDI, Carabineros y Gendarmería, incluía inicialmente un desglose específico: las muertes ocasionadas por agentes estatales dentro de la categoría “delincuente fallecido en contexto de su propio delito”. Sin embargo, ese detalle desapareció en la versión final dada a conocer a inicios de marzo.

Fuentes del gobierno del expresidente Gabriel Boric confirmaron a Reportea que la decisión se tomó en las últimas semanas de su administración, tras un requerimiento del Ministerio Público.

Desde la fiscalía justificaron la solicitud argumentando que el desglose “no correspondía a los lineamientos metodológicos acordados con el Ministerio de Seguridad”. En una respuesta por escrito, señalaron que el informe “no entrega información —ni en la publicación de 2025 ni en las anteriores versiones— sobre los perpetradores de los delitos de homicidios consumados, quiénes los cometen, sus profesiones o la calidad funcionaria del victimario”. De esta forma, la estadística sobre muertes a manos de policías quedó fuera del debate público.

El crecimiento silencioso de una categoría polémica

A pesar de la omisión, Reportea accedió a las cifras totales del ítem “delincuente fallecido en contexto de su propio delito”. Los números muestran una tendencia clara: entre 2018 y 2022, la cantidad osciló entre 23 y 35 homicidios anuales. Pero en 2023 la curva se quebró al alcanzar 49 muertes, y en 2024 la cifra creció a 72. Según las fuentes consultadas, solo en 2025 los agentes estatales fueron responsables de más de 40 muertes dentro de esta categoría.

El aumento coincide con la promulgación de la Ley Naín Retamal en abril de 2023, normativa que entregó mayores resguardos legales a los uniformados y creó la figura de la “legítima defensa privilegiada”, debido a la cual, la víctima es quien frente al uso indebido de la fuerza debe probar que la agresión no fue en legítima defensa

El “efecto Naín Retamal” y la legítima defensa privilegiada

Para los expertos, esta correlación temporal no es casualidad. Mauricio Duce, académico e investigador del Núcleo Milenio de Complejidad Criminal de la Universidad Católica y la Universidad de Tarapacá, planteó que el incremento “podría ser una consecuencia de cambios legislativos que experimentamos el año 2023, particularmente de la ley Naín Retamal”.

“Esto es una hipótesis posible, en la medida en que se empleó en la esfera de protección de la legítima defensa, y por tanto los funcionarios se han sentido más seguros en términos del uso de armas letales. Esto se reflejaría en que un mayor uso de armas letales como mecanismo de defensa, también podría aumentar la letalidad de esas intervenciones”, indicó a Reportea.

No obstante, el investigador aclara que no vislumbra un aumento significativo en las cifras de delincuentes fallecidos a manos de civiles o policías más allá de ese factor.

Alejandra Mohor, investigadora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) de la Universidad de Chile, coincide en el diagnóstico, pero añadió una capa cultural.

“Podemos nuevamente hipotetizar que esa bullada ley generó también una percepción en los agentes policiales de poder efectivamente actuar de acuerdo a lo que se les faculta, pero en la máxima posibilidad de lo que están facultados”, señaló. Para Mohor, el marco normativo es solo una extensión de lo que Duce denomina un “contexto cultural punitivo”: lo que la sociedad considera aceptable hacer con la delincuencia.

Transparencia del Estado en las muertes causadas por sus propios agentes

Más allá de las hipótesis, los expertos coinciden en un punto central: la necesidad de que el Estado transparente las muertes causadas por sus propios agentes.

Duce planteó que es necesario presentar esas cifras a la opinión pública “por razones de transparencia, por una parte, pero también por razones de conveniencia para el propio sistema, para entender bien los fenómenos”.

Señaló que aunque necesariamente no tendrían que estar en el resumen del informe, sí deberían estar registradas en una base de datos «que uno pudiera acceder públicamente«.

Mohor, por su parte, elevó la exigencia a un principio democrático e indicó que “no se trata solo de la conveniencia o no, de la importancia o no».

«En un marco democrático esta es una exigencia para poder ejercer una adecuada supervisión sobre el uso de las fuerzas de los agentes estatales», sostuvo.

Asimismo, lanzó una advertencia sobre la normalización de la violencia. “Cuando estamos todos convencidos de que por el hecho de que a una persona se le ponga una etiqueta de delincuente merece las penas del infierno, entonces ¿Para qué marco democrático? ¿Para qué marco procedimental? ¿Para qué garantía de derechos?”, cuestionó en sus declaracionnes al medio citado.

Muerte de Horacio Boudon a manos de Carabineros

El caso de Horacio Boudon, un joven de 26 años sin antecedentes penales que murió en marzo por un disparo de un carabinero durante una fiscalización vehicular en San Bernardo, ilustra las consecuencias concretas de esta discusión estadística.

Como concluye Mohor, la ley Naín Retamal es un síntoma, no la causa raíz: “Si derogamos la ley mañana, yo te aseguro que el escenario no va a cambiar de manera significativa”. Mientras el dato de las muertes por agentes estatales permanezca fuera de los informes oficiales, la democracia chilena seguirá debatiendo a ciegas el costo real de su política de seguridad.

La entrada El dato que desapareció: Fiscalía quitó del informe de homicidios las muertes por agentes del Estado se publicó primero en El Ciudadano.