El acuerdo nuclear entre los Estados Unidos y Arabia Saudita. La cuestión no es simplemente si Arabia Saudita tiene la intención de fabricar una bomba. El problema más profundo es la sustitución de las normas universales por un sistema de autorizaciones políticas. Bajo este sistema, el enriquecimiento es intolerable cuando lo lleva a cabo un adversario, pero negociable cuando lo desea un aliado. La tecnología nuclear, como tantas otras cosas en el orden imperial, no se rige por la ley, sino por la jerarquía.
Vijay Prashad. Analista. “Globetrotter”. 28/7/2026. El 22 de julio, los Estados Unidos y Arabia Saudita firmaron lo que Washington denomina un “acuerdo de cooperación nuclear pacífica”. El acuerdo se ha presentado como un arreglo comercial que ayudará a Arabia Saudita a diversificar su sistema energético, al tiempo que creará un nuevo y vasto mercado para las empresas nucleares con sede en los Estados Unidos. Sin embargo, su importancia va mucho más allá de la construcción de centrales eléctricas. Al permitir la posibilidad de que Arabia Saudita pueda, con el tiempo, enriquecer uranio en su propio territorio, al tiempo que aparentemente exime al reino de las inspecciones internacionales más intrusivas, Washington ha debilitado aún más el ya frágil régimen internacional contra la proliferación nuclear.
El momento no podría ser más revelador. Los Estados Unidos ha librado una guerra ilegal de agresión contra Irán con el argumento de que no se debe permitir que Irán conserve una capacidad independiente de enriquecimiento de uranio, a pesar de que Irán es parte del Tratado de No Proliferación (TNP) y ha declarado en repetidas ocasiones que su programa tiene fines pacíficos. Sin embargo, Washington está ahora dispuesto a abrir precisamente esta puerta tecnológica a Arabia Saudita, cuyo príncipe heredero, Mohammed bin Salman, ha declarado públicamente que el reino buscaría obtener un arma nuclear si Irán llegara a tener una.
La cuestión, por lo tanto, no es simplemente si Arabia Saudita tiene la intención de fabricar una bomba. El problema más profundo es la sustitución de las normas universales por un sistema de autorizaciones políticas. Bajo este sistema, el enriquecimiento es intolerable cuando lo lleva a cabo un adversario, pero negociable cuando lo desea un aliado. La tecnología nuclear, como tantas otras cosas en el orden imperial, no se rige por la ley, sino por la jerarquía.
¿Qué se ha acordado?
El acuerdo firmado por el secretario de Energía de los EE. UU., Chris Wright, y el ministro de Energía de Arabia Saudita, el príncipe Abdulaziz bin Salman, se conoce como un acuerdo 123, en referencia a la Sección 123 de la Ley de Energía Atómica de los EE.UU. Dicho acuerdo proporciona el marco legal necesario para que las empresas estadounidenses puedan transferir equipos nucleares importantes, materiales y conocimientos técnicos a otro país. El acuerdo fue acompañado por un acuerdo bilateral de salvaguardias por separado y ahora debe pasar por un período de revisión en el Congreso de los EE.UU.
El Departamento de Energía de los EEUU. describe el acuerdo como la base de una “alianza de varias décadas y miles de millones de dólares”. Se espera que las empresas estadounidenses, incluidos fabricantes de reactores como Westinghouse, compitan por contratos para construir la infraestructura nuclear civil de Arabia Saudita. Riad sostiene que la energía nuclear le permitirá reducir el consumo interno de petróleo y gas natural, lo que dejará una mayor parte de sus hidrocarburos disponibles para la exportación. El programa también forma parte del plan Visión 2030 del reino para ampliar su capacidad tecnológica e industrial.
Sin embargo, la cooperación nuclear civil no es, en sí misma, motivo de controversia. En virtud del artículo IV del Tratado de No Proliferación, todo Estado parte tiene derecho a desarrollar la ciencia y la energía nucleares con fines pacíficos. Arabia Saudita tiene tanto derecho como cualquier otro país a construir reactores, producir electricidad y capacitar a científicos nucleares. El peligro radica en los términos bajo los cuales Washington parece dispuesto a facilitar este programa.
El texto completo aún no se ha hecho público. No obstante, los informes indican que el acuerdo no prohíbe de manera permanente a Arabia Saudita enriquecer uranio ni reprocesar el combustible nuclear usado. En cambio, prevé un estudio de dos años entre los Estados Unidos y Arabia Saudita para determinar si el reino debería establecer una instalación de enriquecimiento propia. Por lo tanto, una futura administración estadounidense podría autorizar el enriquecimiento en territorio saudí. Aunque Donald Trump afirmó posteriormente que no habría “ningún enriquecimiento” y sugirió que la aprobación definitiva estaba condicionada a que Arabia Saudita reconociera a Israel, su intervención no hizo más que agravar la confusión en torno al acuerdo.
El contraste con el acuerdo de 2009 entre los EE.UU. y los Emiratos Árabes Unidos es marcado. En virtud de ese acuerdo, a menudo denominado el “estándar de oro”, los Emiratos Árabes Unidos renunciaron de manera permanente al enriquecimiento nacional y al reprocesamiento de combustible nuclear usado. También aceptaron el Protocolo Adicional de la Agencia Internacional de Energía Atómica, el cual otorga a los inspectores derechos más amplios de acceso a instalaciones, información y lugares que pudieran estar relacionados con actividades nucleares no declaradas.
Arabia Saudita no ha aceptado el Protocolo Adicional y, según se informa, el nuevo acuerdo se basa, en cambio, en un mecanismo de monitoreo bilateral entre los Estados Unidos y Arabia Saudita. Washington, por lo tanto, le pide al mundo que confíe en un acuerdo de inspección negociado por el mismo gobierno cuyas empresas podrían ganar decenas de mil millones de dólares gracias al programa. Los detalles de este mecanismo bilateral siguen sin estar a disposición del público y, lo que es más importante, no puede sustituir a la verificación universal y administrada de manera independiente por parte del OIEA.
Los motivos comerciales y geopolíticos son evidentes. Washington teme que Arabia Saudita pueda adquirir reactores de China, Rusia o Corea del Sur si las empresas estadounidenses se niegan a cumplir sus condiciones. Por lo tanto, el acuerdo tiene como objetivo hacerse con un mercado lucrativo al tiempo que vincula a Riad más firmemente con los Estados Unidos. Se trata de comercio nuclear presentado como no proliferación.
Un golpe contra el orden nuclear
El acuerdo entre los Estados Unidos y Arabia Saudita, según la evidencia disponible, no viola directamente el Tratado de No Proliferación. Arabia Saudita se adhirió al TNP como Estado no poseedor de armas nucleares, y el tratado no prohíbe a dichos Estados enriquecer uranio con fines pacíficos. Lo que sí prohíbe es la fabricación o adquisición de armas nucleares, al tiempo que exige que los materiales nucleares se sometan a las salvaguardias del OIEA.
Esta distinción jurídica es importante. El enriquecimiento no es lo mismo que la militarización. El uranio poco enriquecido puede servir como combustible para reactores civiles, mientras que, por lo general, se requieren niveles de enriquecimiento mucho más altos para las armas. Sin embargo, la misma tecnología básica puede utilizarse para ambos fines. Una vez que un país cuenta con plantas de enriquecimiento, personal capacitado y reservas de material nuclear, el tiempo necesario para pasar de un programa civil a uno militar puede acortarse considerablemente. Por eso se describe al enriquecimiento y al reprocesamiento como partes sensibles del ciclo del combustible nuclear.
El Acuerdo de Salvaguardias Amplias estándar del OIEA verifica los materiales e instalaciones nucleares declarados. El Protocolo Adicional, elaborado tras el descubrimiento del programa nuclear de Irak a principios de la década de 1990, otorga a la agencia un acceso más amplio y herramientas más sólidas con las que investigar actividades no declaradas. Permitir que Arabia Saudita tenga acceso a tecnología sensible sin exigirle el Protocolo Adicional no es, por lo tanto, una omisión técnica. Se trata de un debilitamiento deliberado del régimen de verificación.
Existe además una contradicción política más amplia. El TNP se basa en tres promesas interrelacionadas: los Estados no nucleares no adquirirán armas nucleares, conservarán el acceso a la tecnología nuclear con fines pacíficos y los Estados poseedores de armas nucleares existentes perseguirán el desarme. La tercera promesa ha sido violada sistemáticamente. En lugar de avanzar hacia el desarme, las potencias nucleares reconocidas han modernizado sus arsenales, desarrollado nuevos sistemas vectores e incorporado las armas nucleares más profundamente en sus doctrinas militares.
Más allá del TNP se encuentra el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, adoptado en las Naciones Unidas en 2017 y en vigor desde el año 2021. Dicho tratado prohíbe a sus partes desarrollar, poseer, amenazar con utilizar o prestar asistencia en materia de armas nucleares. Ni los Estados Unidos ni Arabia Saudita son partes del mismo. El Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos, por su parte, aún no ha entrado en vigor, en gran medida debido a que Estados clave, especialmente los Estados Unidos, se han negado a ratificarlo. Décadas de resoluciones de la ONU que exigen una zona libre de armas nucleares y otras armas de destrucción masiva en Asia Occidental tampoco se han materializado, sobre todo porque Israel se niega a adherirse al TNP o a someter sus instalaciones nucleares a las salvaguardias integrales del OIEA.
Esta es la hipocresía central en Asia Occidental. Israel posee armas nucleares al margen del TNP y no se enfrenta ni a sanciones ni a inspecciones. El programa nuclear iraní, sujeto a salvaguardias, ha sido objeto de sabotajes, asesinatos, sanciones y guerra. A Arabia Saudita, un socio cercano de los Estados Unidos, se le ofrece ahora una vía potencial hacia el enriquecimiento sin las inspecciones internacionales más rigurosas disponibles. Washington no está defendiendo un orden de no proliferación. Está administrando una jerarquía nuclear.
El precedente no se limitará a Arabia Saudita. Turquía, Egipto y otros Estados de la región se preguntarán por qué deberían renunciar a las capacidades del ciclo del combustible que Washington está dispuesto a discutir con Riad. Irán llegará a la conclusión razonable de que las restricciones negociadas no brindan seguridad: cumplió con el acuerdo nuclear de 2015, solo para que Trump lo abandonara en 2018 y restableciera las sanciones. Los ataques militares y los dobles estándares en materia nuclear fortalecen precisamente a aquellas fuerzas en Irán que sostienen que solo una disuasión nuclear puede prevenir futuras agresiones.
El proceso Irán-Arabia Saudita-China
A primera vista, el acuerdo parece volver a situar a Arabia Saudita en la órbita estratégica de los Estados Unidos y, por lo tanto, amenazar la reconciliación entre Irán y Arabia Saudita facilitada por China en marzo de 2023. Sin embargo, la evidencia hasta el momento sugiere una realidad más compleja.
El acuerdo de Pekín nunca fue una alianza entre Irán y Arabia Saudita. Restableció las relaciones diplomáticas, reabrió embajadas y reactivó un acuerdo de cooperación en materia de seguridad anterior, tras siete años de distanciamiento. Su propósito inmediato era limitado, pero importante: evitar que la rivalidad se convirtiera en una guerra directa y establecer canales a través de los cuales se pudieran gestionar las crisis.
Este proceso ha sobrevivido a una presión extraordinaria. Resistió el ataque israelí contra Gaza, la expansión regional de esa guerra, los ataques en el Mar Rojo y los sucesivos enfrentamientos en los que participaron Irán, Israel y los Estados Unidos. Riad y Teherán siguen desconfiando el uno del otro, pero ambos tienen razones de peso para mantener el diálogo. Irán busca evitar su cerco y reducir la eficacia de las sanciones estadounidenses, mientras que Arabia Saudita necesita estabilidad regional para llevar a cabo sus planes económicos y sus dirigentes comprenden que ni las armas ni las bases militares estadounidenses pueden garantizar la seguridad de sus instalaciones petroleras, ciudades y rutas marítimas.
El acuerdo nuclear no elimina estos intereses estructurales. De hecho, tal vez sea más adecuado entenderlo como parte de la política de diversificación estratégica de Arabia Saudita. Riad mantiene su antigua relación militar con Washington al tiempo que profundiza sus vínculos económicos con China, coordina con Rusia en el mercado petrolero, establece vínculos con Pakistán y mantiene abiertos los canales diplomáticos con Irán. Arabia Saudita ya no está dispuesta a confiar todas sus opciones a una sola potencia externa. El papel de China en el acuerdo de 2023 fue exitoso precisamente porque Pekín no exigió una alineación exclusiva. No ofreció ni un bloque militar ni una prueba ideológica. China es el mayor comprador de petróleo de Irán y un socio económico cada vez más importante para Arabia Saudita y los Estados del Golfo. Su principal interés es la seguridad del abastecimiento energético, las rutas marítimas y la infraestructura. A diferencia de Washington, que ha intentado repetidamente organizar la región mediante sanciones, bases militares y la guerra, China se beneficia de un orden regional en el que Irán y Arabia Saudita negocien sus diferencias.
El acuerdo nuclear entre los Estados Unidos y Arabia Saudita sin duda generará nuevas sospechas en los cálculos de Teherán. Si el enriquecimiento saudí se convierte en una realidad, Irán lo considerará una prueba de que Washington está estableciendo un umbral nuclear permisivo para sus socios, al tiempo que intenta destruir las propias capacidades tecnológicas de Irán. Esto podría dificultar mucho más una diplomacia nuclear más amplia. Pero no se deduce de ello que Irán o Arabia Saudita vayan a abandonar el proceso de Pekín. Ambas partes saben que romper el contacto diplomático las expondría a un peligro aún mayor.
La verdadera contradicción, por lo tanto, no se da entre las relaciones de Arabia Saudita con los Estados Unidos y con China. Se da entre dos concepciones del orden regional. Washington ofrece a Arabia Saudita armamento avanzado, tecnología nuclear y un lugar bajo el paraguas de seguridad estadounidense que ha fracasado repetidamente a la hora de prevenir la guerra. El proceso de Pekín no ofrece tal paraguas; ofrece diplomacia, interdependencia comercial y la posibilidad de que los Estados de la región puedan gestionar sus propias disputas sin una supervisión externa permanente.
Los dirigentes saudíes intentarán sacar provecho de ambos acuerdos. Sin embargo, el acuerdo nuclear de los Estados Unidos contiene las semillas de un nuevo peligro regional. Al convertir las normas de no proliferación en privilegios distribuidos entre aliados, Washington alienta a todos los Estados a adquirir la base tecnológica para una futura bomba. La única alternativa basada en principios es una de carácter universal: ninguna arma nuclear para Israel, Irán, Arabia Saudita ni ningún otro Estado; salvaguardias plenas e equitativas del OIEA; la implementación de la zona libre de armas nucleares en Asia Occidental, largamente pospuesta; y la abolición completa de los arsenales nucleares, comenzando por los que poseen las potencias nucleares establecidas.
La paz no se puede construir decidiendo qué gobiernos pueden situarse más cerca del umbral nuclear. Solo se puede construir desmantelando el umbral en sí mismo.
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