El Ciudadano
Actualmente son miles de endeudados en el Crédito Aval del Estado (CAE) los que han sido notificados por cobro, embargo y otros que han resultado efectivamente embargados, debido a las acciones ejecutadas por la TGR (Tesorería General de la República) que los mantiene en una profunda crisis económica.
Medidas tales como embargos a las cuentas bancarias, vaciar automáticamente las cuentas corrientes, extraer sueldos totales, retención de bienes financieros, inversiones, depósitos a plazo, fondos mutuos, embargo de bienes raíces e incluso vehículos, son algunas de las tantas acciones ejecutadas por la TGR en lo que va de este año.
Según la Comisión de Análisis y Datos del Movimiento de Deudores CAE, a diciembre de 2025 existían en Chile 539.613 personas morosas con una tasa de morosidad del 63,8%. Hoy, de estos deudores, a nivel nacional, más de 1.500 ya han sido embargados y solo un 5% del total se han suscrito a convenios.
Los siguientes testimonios son solo algunos de los tantos deudores tomados por sorpresa: el primero, una enfermera de 39 años, quién por razones de seguridad prefirió mantener el anonimato. En ese entonces confió en el Estado para educarse y hoy ya recibió una notificación de embargo.
«Fui la primera generación de mi familia en ir a la universidad, no teníamos la posición económica para pagar estudios superiores, pero existía el sueño de estudiar y salir adelante, es por esto que mi posibilidad fue tomar el CAE, pero al momento de firmar este documento pedí $10.000.000 millones de pesos que pasaron a una deuda interminable de $28.000.000 millones de pesos. No es posible que el Estado haya permitido este aumento descomunal. La Educación Superior debería ser un derecho».
Asimismo, Cristóbal de 37 años relata que fue notificado por la TGR con un llamado a regularizar su deuda que desde el año 2009, cuando solicitó el crédito estudiantil para entrar a estudiar Administración Pública, no ha parado de crecer y no ha podido pagar debido a otras urgencias: hoy está a la espera de poder operarse de su rodilla, debido a una grave lesión de rotura de meniscos, por la que debe apoyarse con muletas y eso no le permite emplearse.
«Tengo una hija de 2 años y medio y actualmente estoy al cuidado de ella, sin poder trabajar. Para mi existen urgencias mucho más grandes que pagar la universidad, pagar esta deuda significa que mi hija deje de comer y yo sin poder caminar», expresó.
Su operación tiene un costo de alrededor de 6 millones de pesos, lo que no cubre el bono PAD de FONASA, ya que debe pagar al contado y sin cuotas.
Cobros abusivos
Al igual que Cristóbal, Francisca periodista de profesión, egresada el año 2015 de Periodismo, solicitó el CAE en 2010 para estudiar su carrera y hoy, recibió la notificación de la TGR para acercarse a regularizar su deuda, sin considerar su contexto actual ni su situación financiera y laboral. Actualmente, se encuentra desempleada.
La única recomendación (opción) dada por TGR, fue suscribirse a un convenio de pago en UTM y acceder hasta 24 cuotas mensuales de casi el mismo valor, algo que no le es posible pagar debido a su actual situación y otras prioridades.
Lo solicitado por Francisca fueron alrededor de 7 millones de pesos, pero con los años esta deuda se duplicó, llegando a 14 millones de pesos y hoy con los intereses de la banca se triplicó en 21 millones de pesos.
La comunicadora sostuvo que «los intereses del CAE son tremendamente abusivos, no es posible que termines pagando el triple de lo que solicitaste. En mi caso personal, considero inmoral cobrar a una persona que está cesante y desempleada en su profesión. Esta medida nos vulnera y no nos ofrece ninguna excepción».
Más grave aún es el caso de la profesional de salud, que tuvo que transferir su vehículo a nombre de un familiar y solicitar a su empleador que le paguen con vales vistas para evitar que su sueldo fuese sustraído, además de incurrir en un crédito de consumo y pagarle a un abogado para su defensa.
«Jóvenes que tenían el sueño de ser profesionales, que hoy muchos son jefes de hogar, están con una deuda eterna que los va acompañar por el resto de la vida si esto no se detiene. Con esta orden de embargo nos vienen a quitar lo poco y nada que tenemos, es dramático», manifestó.
El caso de esta enfermera es muy complejo, al igual que muchos deudores en la misma situación, ya que para optar a este convenio debe pagar $1.500.000 y alrededor de 325 mil pesos mensuales en las primeras 23 cuotas, algo que considera impagable e interminable, ya que debe pedir un préstamo al banco para realizar este convenio, endeudándose aún más.
«Considero que el CAE es una estafa del Estado que se aprovechó de la ilusión de jóvenes que querían entrar a la universidad. Hoy se está vulnerando nuestros derechos embargando sueldos y bienes», cuestionó la profesional.
Desempleo ilustrado
Según un informe de Calidad del Empleo -IMCE- realizado por el equipo de Estudios de trabajo de Fundación Sol, la Tasa de Desempleo en Chile para trimestre enero-marzo del 2026 alcanzó un 8,9%, con un desempleo femenino que llegó al 9,9% lo que refleja la precariedad laboral actual.
Más de 2,5 millones de personas tienen hoy problemas de desempleo total, parcial (subempleo) o potencial, con lo que la subutilización de la fuerza de trabajo llega a 22,7%, el más alto de los últimos 5 años.
«El gobierno debería garantizar que con la carrera que uno está estudiando vas a poder solventar lo básico de tu vida: techo, alimentación y movilización para ir al trabajo y pagar el colegio de los hijos. Hoy sales de una carrera técnico o universitaria y no hay trabajo. Yo pagaba el 10% de mi sueldo líquido mensual a la cuota CAE, luego quedaba cesante y tenía que presentar los documentos para el cese de pago por cesantía, así estuve 4 años», expresó la enfermera.
Seguiremos informando.
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