Está operando una restitución institucional, ideológica y concreta del modelo neoliberal y autoritario implementado por la dictadura en los años ochenta. Son patentes las coincidencias entre aquel período y esta etapa del gobierno de Kast, no tratándose de un asunto meramente político o de debate mediático, sino de repetición de normas que afectan planes y derechos sociales, el rol del Estado en satisfacer necesidades de la población, que dañan derechos laborales y condiciones de trabajo de las asalariadas y los asalariados, y debilitan la defensa y promoción de los derechos humanos.
“El Siglo”. El Editorial. Santiago. 19/7/2026. No se trata de retórica o frases de propaganda, sino de la evidencia de los hechos. El gobierno de José Antonio Kast está replicando tesis y políticas que se implementaron en la década de los ochenta, a manos de militares, economistas, académicos conservadores y políticos de derecha (formalmente prescritos). Lo hace a través de proyectos y medidas que está llevando adelante.
Fundamentalmente está operando esa regresión a través del megaproyecto financiero y tributario llamado de “reconstrucción”, de medidas laborales y decisiones ejecutivas.
Con ello, por lo demás, se ratifica que el país está en el marco de un gobierno de extrema derecha, ultra neoliberal, de corte autoritario en varias materias, promotor del sector privado y cuestionador del rol del Estado, en lo que representa un sello de coincidencia ideológica con el régimen militar.
Hay factores que podrían quedar en lo anecdótico, pero tienen su sentido político, reproduciendo conceptos y relatos que fueron instalados por los militares, como definir como “reconstrucción” los planes económicos proempresariales, y culpar de los males al gobierno anterior que habría dejado todo mal en el país, un “Estado quebrado”.
El megaproyecto financiero y tributario retorna a las políticas de los ochenta bajando sustancialmente los impuestos a las grandes empresas, consorcios financieros y familias multimillonarias, beneficiando a los capitales privados, apoyando a sectores súper ricos (incluidos un par de ministros de Kast) con exención de pago de contribuciones, indemnizando a “inversionistas cuyas Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) sean anuladas por los tribunales” y asignando a grupos empresariales, financieros y familias multimillonarias el ingreso de millones de dólares que no pagarán al Fisco. Entre otras varias medidas pro sector privado monopólico.
Está detrás de todo ello la tesis “del chorreo”, es decir, que los súper ricos y el sector económico hegemónico y privado, van a invertir, van a destinar recursos para el país, van a beneficiar a la mayoría de las familias chilenas. Con este proyecto la economía del país va a crecer, habrá más empleos y mejorará la situación económica de la población. Lo mismo que dijeron los autores de la tesis “del chorreo” y que dejó una estela de pobreza, desempleo y concentración de la riqueza.
Luego están las medidas laborales que está desarrollando el gobierno, entre ellas, impedir la negociación colectiva ramal, terminar con el pago de indemnizaciones por años de servicio y trasladar el costo de ello a las y los trabajadores, permitir 52 horas de trabajo semanal y acotar la ley de jornadas de 40 horas semanales, debilitamiento del papel de los sindicatos, mantener prácticamente sin alzas el salario mínimo, ampliar las causales de despido que incluya la no adaptación del trabajador, avanzar en “no judicializar” las causas de demandas laborales debilitando la Dirección del Trabajo.
Es claro que se trata de un nuevo plan laboral, en la línea del que implementó José Piñera durante la dictadura. En efecto, con las actuales medidas se eliminan y restringen derechos laborales, se debilita el mundo del trabajo y sus reivindicaciones y, en contra parte, mejoran las condiciones para los empresarios y patrones respecto a las condiciones legales laborales, quitándoles obligaciones y relativizando o bajando derechos laborales de las y los asalariados.
Si algo promovió el régimen militar fue el desprecio y el ataque a los derechos humanos. Algo parecido se está viendo con este gobierno de extrema derecha. La administración Kast prepara “una reforma” del Instituto Nacional de Derechos Humanos que restringiría sus atribuciones y su autonomía y que hasta podría contemplar la eliminación del INDH, lleva adelante iniciativas riesgosas y autoritarias como “escuelas protegidas” y el “registro de vándalos”, retiró el plan de derechos humanos para los próximos años, efectuó despidos de especialistas en el equipo del Plan Nacionales de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos, cerró la unidad de investigación de adoptaciones ilegales, analiza el indulto a autores de crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos, busca reducir o eliminar presupuestos a Sitios de Memoria, entre otras medidas.
Está operando una restitución institucional, ideológica y concreta del modelo neoliberal y autoritario implementado por la dictadura en los años ochenta, son patentes las coincidencias entre aquel período y esta etapa del gobierno, no tratándose de un asunto meramente político o de debate mediático, sino de repetición de normas que afectan planes y derechos sociales, el rol del Estado en satisfacer necesidades de la población, que dañan derechos laborales y condiciones de trabajo de las asalariadas y los asalariados, y debilitan la defensa y promoción de los derechos humanos.
Por lo tanto, aquí no se trata de negociaciones más o negociaciones menos, de discusiones tangenciales con ministros, de disputas políticas secundarias, de dimes y diretes. Se trata de planes estructurales de grueso calibre que tienen que ver con el desarrollo del país, el tipo de Estado que se promueve, derechos sociales, civiles y humanos de las chilenas y los chilenos y, finalmente, del tipo de país que se quiere construir…o debilitar.
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