Surge la necesidad de que se transparente si Carabineros, la PDI, la Agencia Nacional de Inteligencia, los mandos de las Fuerzas Armadas, la Cancillería y el Ministerio del Interior, entre otras entidades, van a coordinarse o no con el gobierno de Estados Unidos en su diseño y operación contra organizaciones comunistas, antifascistas y antimperialistas, entre otras.
“El Siglo”. El Editorial. Santiago. 17/7/2026. Ciertamente hay temas muy sensibles en la agenda nacional que requieren de la concentración y esfuerzos de los sectores democráticos, progresistas y de izquierda. Hay una serie de situaciones que afectan a la población, ponen en riesgo derechos sociales, y amenazan con regresiones que lastiman la calidad de vida y la convivencia nacional.
Sin embargo, eso no debe llevar a soslayar, ni minimizar, episodios que se están produciendo a nivel internacional y regional que están atentando contra la estabilidad, la democracia y el respeto a las institucionalidades y las leyes.
Es así que los sectores democráticos, progresistas y de izquierda en Chile debieran colocar atención a los planteamientos y advertencias realizadas por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en una reunión que convocó en Washington -a donde concurrió un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile-. Básicamente, el funcionario, a cargo de la política exterior de EU, arremetió contra organizaciones comunistas, socialistas, anarquistas, antiimperialistas, anticapitalistas y antifascistas, a quienes metió en un saco de “extrema izquierda radical”, que estarían impulsando “un odio hacia la civilización”, señalando que “por demasiado tiempo nuestra doctrina contra-terrorista ha tenido un punto ciego…la violencia extremista procedente de la izquierda política”.
Frente a eso, Rubio planteó que “sabemos lo que debemos hacer, y ahora debemos hacerlo” y amenazó: “Ya no se puede negar ni ignorar, porque es hora de erradicar este mal para siempre”. En esa línea, el funcionario de EU, respondiendo a la política del jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, planteó que debe existir una coordinación en Inteligencia, seguridad y operativa para “combatir a la izquierda” y su supuesto accionar “terrorista”.
En el caso de Chile existen los partidos Comunista y Socialista, y hay colectivos antifascistas, antimperialistas y anticapitalistas. Y desde el actual gobierno, así como desde partidos afines a la administración de José Antonio Kast, se ha acusado a esos sectores de promover la manifestación social, la desestabilización y la violencia. También se han expresado coincidencias y respaldos a la política exterior y de “combate al terrorismo”, así como a la injerencista Doctrina Monroe, de parte del gobierno de Trump. Hay una coincidencia en el relato de Rubio y de los representantes de la extrema derecha chilena.
Entonces surge la interrogante sobre si este gobierno seguirá en Chile la doctrina planteada por el Secretario de Estado de EU respecto al combate a sectores de izquierda o extrema izquierda y si se aceptará la coordinación planteada por Marco Rubio. Es decir, surge la necesidad de que se transparente si Carabineros, la PDI, la Agencia Nacional de Inteligencia, los mandos de las Fuerzas Armadas, la Cancillería y el Ministerio del Interior, entre otras entidades, van a coordinarse con el gobierno de Estados Unidos en su diseño y operación contra organizaciones comunistas, antifascistas y antimperialistas, entre otras.
En décadas pasadas, los sectores democráticos, progresistas y de izquierda subestimaron o no dieron con el real alcance de los planes y planteamientos de gobiernos estadounidenses que incluyó, por mencionar algunos ejemplos, el financiamiento millonario de la CIA a un medio de comunicación local, el apoyo operativo a un golpe de Estado, y el respaldo a un plan de exterminio de militantes de izquierda a nivel regional. No habría porqué estar pensando en repeticiones tan siniestras como intervencionistas, pero eso no debería llevar a dejar pasar iniciativas y propósitos explicitados por el actual gobierno de EU, sobre todo si fue planteado en una reunión formal en Washington, organizada por el Departamento de Estado y convocando a representantes de 66 gobiernos de todo el mundo. Los dichos de Rubio no fueron en un café informal, en un encuentro de amigos, fueron expresados formal y oficialmente ante funcionarios de decenas de países, entre ellos, uno de Chile.
Para mayor abundamiento, habría que tener en cuenta inquietudes como la expresada por diez congresistas estadounidenses ante las palabras de Marco Rubio, quienes manifestaron que “el enfoque reportado del Departamento sobre el extremismo de izquierda a expensas de otros tipos de extremismo violento es preocupante”, y que podría llevar a “una estrategia para justificar” acciones contra colectividades políticas y sociales dentro y fuera de Estados Unidos.
La Casa Blanca está impulsando una evidente política de guerra e injerencista a nivel mundial, y que en el caso de América Latina se grafica en el operativo militar y secuestro del presidente en Venezuela, el bloqueo y más de 200 medidas financieras comerciales contra Cuba junto con la amenaza de intervención militar, el apoyo explícito a candidaturas presidenciales de extrema derecha donde el caso de Honduras fue gráfico, las acusaciones de vínculos con el narcotráfico contra los gobiernos progresistas de México y Colombia, el reforzamiento de las bases militares estadounidenses en la region y amenazas como el control militar del Canal de Panamá.
Por cierto, todo esto lo quiso relativizar Marco Rubio diciendo que se quieren instalar tesis afiebradas o de campañas fascistas, pero sus declaraciones de estos días y las operaciones de su país en la región durante los últimos meses, precisan bien la situación, las circunstancias y los hechos.
Como sea, al menos en Chile debieran existir pronunciamientos explícitos respecto a las ideas y propósitos planteados por el Secretario de Estado de EU, desde el gobierno, el ámbito legislativo, los partidos políticos y movimientos de la sociedad civil. Por lo menos como un escudo protector y no relativizador de amenazas que, está comprobado, la administración de Trump, abierta o ocultamente, puede llegar a cumplir.
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