El embajador investigado y la puerta israelí: el flanco judicial que abre la designación de Gabriel Zaliasnik

Zaliasnik, abogado, expresidente de la Comunidad Judía de Chile y conocido defensor público de las posiciones del Estado de Israel, fue nombrado por el gobierno como representante diplomático en Tel Aviv. La decisión generó críticas por razones evidentes: no es diplomático de carrera, tiene una trayectoria pública fuertemente identificada con Israel y su nombramiento se produce en medio de una de las etapas más sensibles de la relación chileno-israelí.

Pero el flanco se agravó cuando la Fiscalía de Valparaíso abrió una investigación en su contra por antecedentes vinculados al caso Hermosilla. La indagatoria se originó tras una denuncia de los parlamentarios socialistas, Diputado Manucheri y la Senadora Cicardini, que pidieron investigar eventuales delitos asociados a conversaciones entre Luis Hermosilla y Gabriel Zaliasnik. El gobierno, pese a ello, hasta el momento resolvió mantener su designación.

Ahí aparece la pregunta incómoda: ¿puede Chile enviar como embajador a Israel a una persona que está bajo investigación del Ministerio Público chileno?

La respuesta formal es la presunción de inocencia. Y es correcta. Zaliasnik no está condenado. Tampoco se ha informado una formalización. Pero el problema no es solo penal. Es también diplomático, político y práctico.

Porque Israel no es cualquier destino.

La Ley del Retorno: una puerta privilegiada de ciudadanía

Israel tiene una legislación excepcional: la Ley del Retorno. Aprobada en 1950, reconoce a toda persona judía el derecho a inmigrar a Israel. Posteriormente, ese derecho se extendió también a ciertos familiares, como hijos, nietos y cónyuges de judíos.

En términos simples, una persona judía puede llegar a Israel y solicitar ciudadanía israelí bajo el régimen de aliyá. No se trata de una residencia migratoria ordinaria ni de un procedimiento equivalente al que enfrentaría un extranjero en la mayoría de los países. Es una política de Estado, fundacional para Israel, diseñada para garantizar que cualquier judío del mundo pueda establecerse allí.

El sistema cuenta incluso con una unidad de recepción de nuevos inmigrantes en el aeropuerto Ben Gurion. Allí, las autoridades israelíes pueden iniciar trámites administrativos, entregar documentación inicial, orientar sobre inscripción en salud, cuenta bancaria y beneficios de absorción.

Dicho con precisión: no significa que cualquier persona reciba ciudadanía sin control. La propia Ley del Retorno permite negar el beneficio a quienes tengan pasado criminal y puedan representar un peligro para el bienestar público.

Pero el punto central es otro: para una persona judía, Israel ofrece una vía migratoria y de nacionalización extraordinariamente más rápida, más protegida y más políticamente significativa que la de la mayoría de los Estados.

Por eso, cuando quien es enviado como embajador está siendo investigado por la Fiscalía chilena, el destino importa.

No es lo mismo nombrarlo embajador en Argentina, España o Brasil que enviarlo a un país donde podría eventualmente invocar una ley especial de ciudadanía, establecer residencia, adquirir nacionalidad y litigar desde allá cualquier requerimiento futuro de la justicia chilena.

El problema de la extradición

Durante décadas, Israel tuvo una relación compleja con la extradición de sus nacionales. En ciertos períodos, la legislación israelí fue especialmente protectora respecto de ciudadanos israelíes requeridos por tribunales extranjeros.

Eso cambió parcialmente tras casos muy polémicos, especialmente el de Samuel Sheinbein, un joven acusado de homicidio en Estados Unidos que huyó a Israel en los años 90. Israel no lo extraditó bajo la legislación entonces vigente. Lo juzgó internamente y lo condenó, pero el caso generó una tensión diplomática fuerte con Washington y obligó a modificar la ley israelí.

Hoy Israel sí puede extraditar ciudadanos israelíes en determinadas condiciones. Pero la extradición nunca es automática. Requiere procedimiento judicial, análisis político-jurídico y, en ciertos casos, compromisos del Estado requirente. Además, si la persona requerida es ciudadana israelí y residente en Israel, pueden operar protecciones adicionales, como la posibilidad de cumplir una eventual pena en Israel.

En el caso chileno hay una precisión importante. Chile no cuenta con un tratado bilateral específico de extradición con Israel. La pregunta, entonces, no es si Zaliasnik se va a fugar. Esa sería una imputación que hoy nadie puede probar.

La pregunta es más seria: ¿por qué el Estado de Chile asumiría el riesgo de instalar en Israel a una persona investigada por la Fiscalía, sabiendo que ese país tiene una legislación migratoria especial para judíos y antecedentes concretos de personas que han permanecido allí mientras eran requeridas por otros sistemas judiciales?

Mauricio Israel: el precedente chileno más conocido

El caso chileno más mediático es el de Mauricio Israel.

El comentarista deportivo dejó Chile en 2008 en medio de una crisis financiera, deudas millonarias y causas judiciales. Durante su estadía en Israel, medios chilenos informaron que desde el 22 de febrero de 2009 era ciudadano israelí. En una entrevista publicada en 2010, él sostuvo que había salido de Chile “por un rato” y que nunca pensó quedarse tanto tiempo.

Pero los hechos duros son claros: salió del país, se instaló en Israel, obtuvo ciudadanía israelí y enfrentó desde fuera de Chile una situación judicial y financiera que en el país era cada vez más compleja.

En noviembre de 2009, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó una solicitud de extradición contra Mauricio Israel por delitos comerciales y pidió su detención preventiva en Israel. La solicitud no terminó con una extradición ejecutada. Mauricio Israel regresó voluntariamente a Chile en mayo de 2010.

Al llegar, fue detenido en el aeropuerto y llevado al 4° Juzgado de Garantía de Santiago. Allí enfrentó un control de detención por delitos de hurto simple y falsificación de instrumento privado mercantil. La causa terminó con un acuerdo reparatorio de $14,5 millones.

Mauricio Israel no es un caso de gran criminalidad. No es homicidio, corrupción pública ni crimen organizado. Pero es importante por otra razón: demostró, ante la opinión pública chilena, que una persona con problemas judiciales podía salir del país, instalarse en Israel, obtener ciudadanía israelí y permanecer fuera del alcance inmediato de la justicia chilena durante un período relevante.

Ese antecedente basta para que el caso Zaliasnik sea mirado con más dureza.

Ivonne Gutiérrez: una extradición chilena pendiente desde Israel

El otro caso chileno es mucho más grave.

Ivonne de las Mercedes Gutiérrez Pávez, también conocida como Ivonne Bronfman, exjueza de menores de San Fernando, fue procesada en Chile en el marco de la investigación por sustracción de menores y adopciones irregulares ocurridas durante los años 70 y 80.

La Corte Suprema chilena declaró procedente solicitar a Israel su extradición activa. La exjueza está procesada como autora de asociación ilícita, sustracción de menores y prevaricación dolosa.

La causa no es menor. Se vincula a una red de adopciones irregulares en que niños chilenos habrían sido separados de sus madres y entregados a familias extranjeras. Es una investigación de enorme gravedad humana y jurídica.

Según los antecedentes conocidos, Gutiérrez salió de Chile hacia Israel en 1983. Décadas después, la justicia chilena sigue intentando traerla de regreso para enfrentar el proceso.

Ese caso revela el punto central de este reportaje: Israel puede ser, en los hechos, un lugar desde el cual una persona requerida por la justicia chilena logra resistir durante años —incluso décadas— la acción de los tribunales nacionales.

Que finalmente exista un procedimiento de extradición no elimina el problema. Al contrario: lo confirma. Cuando Chile necesita traer a alguien desde Israel, el camino puede ser largo, diplomático y judicialmente complejo.

Los casos extranjeros: cuando Israel se transforma en demora

Los casos internacionales muestran que el riesgo no es teórico. No todos terminaron igual. Algunos acabaron en extradición, otros en condenas locales y otros en rechazo de ciudadanía. Pero todos muestran un mismo fenómeno: llegar a Israel puede cambiar radicalmente los tiempos, los costos y la eficacia de una persecución penal extranjera.

El caso de Samuel Sheinbein es el más conocido. Acusado de homicidio en Maryland, Estados Unidos, huyó a Israel en 1997. La justicia israelí resolvió que no podía extraditarlo bajo la legislación vigente en ese momento. Fue juzgado en Israel y condenado a 24 años de cárcel. El caso tensionó la relación entre Estados Unidos e Israel y llevó a reformas legales.

Pero hay otros casos más duros para la tesis de impunidad práctica.

Avrohom Mondrowitz, psicólogo y rabino ortodoxo estadounidense, fue acusado en Nueva York por delitos sexuales contra menores. Llegó a Israel en 1984, obtuvo ciudadanía israelí y permaneció allí durante décadas. Estados Unidos intentó su extradición, pero en 2010 la Corte Suprema israelí rechazó entregarlo. Para las presuntas víctimas, el resultado fue brutal: la justicia estadounidense nunca logró sentarlo en el banquillo.

Mordechai Yomtov, exprofesor hebreo de Los Ángeles, fue condenado en Estados Unidos por delitos sexuales contra menores, cumplió cárcel y quedó en libertad condicional. Luego violó esa libertad condicional y huyó a Israel vía México. Una investigación de CBS News sostuvo que Yomtov admitió haber violado las condiciones judiciales y haber salido ilegalmente de Estados Unidos. La fiscalía de Los Ángeles reconoció al medio que no existía una solicitud de extradición para traerlo de regreso. El resultado práctico fue evidente: pese a haber quebrantado condiciones impuestas por la justicia estadounidense, permanecía en Israel.

También está Jimmy Julius Karow, acusado en Oregon de agredir sexualmente a una menor. Huyó a Israel antes de ser detenido por autoridades estadounidenses y logró evadir durante años la causa original en Estados Unidos. Según CBS News, Interpol mantenía una alerta roja en su contra. Karow sí tuvo consecuencias en Israel por otros casos, pero eso no borra el punto relevante: respecto de la justicia estadounidense, su llegada a Israel le permitió permanecer fuera de alcance durante un largo período.

Hay casos menos vinculados a delitos sexuales, pero igualmente relevantes. Meyer Lansky, figura histórica del crimen organizado estadounidense, intentó permanecer en Israel bajo la Ley del Retorno en los años 70. Israel finalmente rechazó su solicitud por sus antecedentes criminales. Su caso demuestra que la ley no opera como cheque en blanco, pero también confirma que figuras perseguidas por la justicia han intentado usar Israel como destino de protección.

Eddie Antar, fundador de la cadena Crazy Eddie, huyó a Israel en 1990 mientras era perseguido por fraude financiero en Estados Unidos. Fue arrestado en Israel y luego enfrentó a la justicia estadounidense. Nuevamente, Israel no fue refugio definitivo, pero sí fue escenario de una disputa judicial internacional.

Y Malka Leifer, exdirectora de una escuela en Australia, huyó a Israel en 2008 tras acusaciones graves por delitos sexuales contra estudiantes. Australia tardó años en lograr su extradición. Recién en 2021 fue enviada de regreso, y en 2023 fue condenada a 15 años de prisión. Su caso evidenció cómo un proceso extradicional desde Israel puede extenderse durante más de una década.

Ninguno de estos casos permite afirmar que Israel protege automáticamente a personas acusadas de delitos. Pero todos prueban algo suficiente para el debate chileno: llegar a Israel puede alterar profundamente el curso de una causa penal extranjera.

El estándar que debiera aplicarse a un embajador

Un embajador no es un ciudadano cualquiera. Representa al Estado. Habla en nombre de Chile. Goza de un estatuto especial. Tiene acceso a autoridades, información sensible y canales diplomáticos.

Por eso, el estándar no puede ser simplemente “mientras no esté condenado, no hay problema”. Ese estándar puede servir para un particular. No necesariamente para alguien que va a representar al país en un destino jurídicamente sensible.

La investigación contra Gabriel Zaliasnik puede terminar archivada. Puede no haber delito. Puede no haber formalización. Todo eso es posible y debe decirse.

Pero también puede avanzar.

Y si avanza cuando Zaliasnik ya esté instalado en Israel, Chile podría quedar en una situación absurda: su propio embajador en Tel Aviv, investigado por la Fiscalía chilena, eventualmente sometido a requerimientos judiciales desde el país que representa, en un Estado donde podría tener una vía legal privilegiada para adquirir ciudadanía y resistir cualquier retorno forzado.

Ese es el riesgo político que el gobierno parece no querer mirar. Es una apuesta temeraria. Y si mañana esa apuesta sale mal, el costo no lo pagará solo el gobierno. Lo pagará el Estado de Chile.

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