El enjambre legal que sostiene la crisis oficialista por ProCultura

El enjambre legal que sostiene la crisis oficialista por ProCultura

El jueves, previo a terminar su alegato en la Corte de Apelaciones de Antofagasta, el abogado Alejandro Awad hizo una pausa y miró a los tres ministros que ese día integraron la Primera Sala: “Escuchar una conversación al margen de la ley es una cuestión gravísima, espiar conversaciones privadas es atentar gravemente contra la libertad individual y ustedes, sus señorías, tienen la posibilidad de enmendar acá lo obrado y con esto asegurar que nuestro sistema penal, hoy día gravemente cuestionado, conserve su legitimidad y pueda servir a su propósito”.

Un día después, los tres jueces del tribunal de alzada nortino hicieron eco de los argumentos del penalista y -de forma unánime- acogieron un recurso de amparo con durísimos cuestionamientos no sólo al tribunal de garantía, que visó las escuchas telefónicas de la siquiatra Josefina Huneeus, clienta de Awad, sino también al trabajo de la Fiscalía y de la PDI que indagan el caso ProCultura, una investigación por delitos de corrupción cuyas esquirlas tocan al oficialismo y rozan a La Moneda.

Este fallo era esperado atentamente en la capital, no sólo por el Ministerio Público, sino también por varios estudios de abogados que desde hace meses vigilan los pasos del fiscal regional Patricio Cooper y su equipo, quienes han tildado a la ONG fundada por el siquiatra Alberto Larraín, exesposo de Huneeus, como una “asociación ilícita”.

Por eso, “el triunfo” que Awad trajo desde Antofagasta fue una especie de “victoria colectiva”, y es que desde hace algunos meses distintos penalistas de varios estudios jurídicos han sido consultados por imputados y testigos del caso para asesorías “bajo cuerda” y también representación formal con patrocinio y poder en tribunales.

Sin ir más lejos, en la estrategia de recurrir de amparo por Huneeus también está Miguel Schürmann, abogado de Giorgio Jackson en la demanda por difamación contra la UDI y cercano al Presidente Gabriel Boric. Un penalista que varios personeros oficialistas aseguran que actúa como “orejero” del Jefe de Estado en temas penales.

De hecho, no pocos en los pasillos de La Moneda sindican a Schürmann como el autor del concepto “espionaje político” que le atribuyen al Ministerio Público, a propósito de los masivos “pinchazos” en el caso ProCultura. Idea que fue replicada toda la semana, como un mantra, por dirigentes oficialistas y que -casualmente-, también está incorporado en el amparo de Huneeus.

Y es que no es extraño que en tiempos donde el gobierno de turno se cruza con un caso judicial que puede generar costos políticos se active un enjambre de abogados ad hoc a las ideas oficialistas. Ha pasado en épocas en que la Concertación estaba en el Ejecutivo (MOP-Gate), y también en los gobiernos de Michelle Bachelet (Tsunami y Caval) y Sebastián Piñera (Estallido social). Los objetivos son claros: el enjambre de abogados debe procurar controlar la crisis a nivel judicial y proteger la figura presidencial.

Los “hijos” de Bello

Jonatan Valenzuela (45) se dedicó casi toda su vida a la academia, pero hoy es un hombre “clave” de este enjambre. Hizo un doctorado en Derecho en la Universidad de Gerona, España, en 2012, y su vida transcurrió, hasta hace un tiempo, alejada de las cámaras, con un bajo perfil común en los profesores de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile.

Ahí conoció a los otros “hijos de Bello” Alejandro Awad (42) y Miguel Schürmann (42), ya que en el pasado fue ayudante de ambos en la cátedra de Derecho Penal que impartía Antonio Bascuñán.

Con Schürmann compartió la defensa de la exministra del Interior Izkia Siches, por el delito de omisión de denuncia que enfrentó luego de su frustrada visita a Temucuicui y de la cual fue sobreseída en febrero de 2023.

Sin embargo, Valenzuela decidió ya -de plano- dar el salto de Pío Nono -es decir, desde las aulas- al Centro de Justicia -donde están los tribunales de justicia-, cuando en septiembre del año pasado recibió un llamado de La Moneda, pero no cualquier llamado, sino del equipo directo del Presidente Boric. Ahí le pidieron hacerse cargo de una denuncia que habían detectado por un delito informático y supuesto acoso donde aparecía el Mandatario como imputado. Valenzuela no lo pensó dos veces. “Lo aceptó, pues él consideraba que representar a la máxima autoridad de la República era un honor”, dijo un amigo del penalista.

Si bien Valenzuela nunca ha tenido representación en el caso ProCultura, aparece mencionado en la carpeta debido a escuchas realizadas a dos imputadas, Josefina Huneeus y María Constanza Gómez. La conversación interceptada respecto de Gómez ocurrió en marzo del año pasado, siete meses antes de que Valenzuela llegara a tener la representación de Boric. Fue recién el 7 de octubre de 2024 cuando Boric firmó el mandato de Valenzuela.

Y aunque el abogado ha negado “cualquier monitoreo” o acceso a información confidencial del caso, como asegura en una escucha una funcionaria de ProCultura, lo cierto es que sí existe una relación con Josefina Huneeus, a tal punto que fue él quien recomendó a la siquiatra que fichara a Awad como su abogado. Este último, además de patrocinar a la ex de Larraín, asesora desde hace meses de manera informal a Gómez, la representante legal de la ONG y contra quienes se dirigen la mayoría de las querellas y demandas presentadas en el caso.

Anteriormente, Valenzuela ejerció como defensor de Javiera Martínez en el caso Democracia Viva, pero abandonó esa representación durante el verano. Ahora la defensora de Javiera Martínez es Trinidad Luengo.

Winter, el hermano

Otro de los abogados que aparecen en este enjambre es Jaime Winter Etcheberry (43). Con sólo leer sus apellidos se infiere que es hermano mayor del actual presidenciable del Frente Amplio (FA), el también abogado y estrecho amigo de Boric, el diputado Gonzalo Winter.

Aunque es el de más bajo perfil, al igual que Valenzuela, Jaime Winter es mencionado en el expediente ProCultura. Así se detalla en una escucha telefónica entre Huneeus y su madre, la encuestóloga Marta Lagos, de diciembre de 2024.

Ahí, la siquiatra dice que le recomienda tres abogados: Awad, Gonzalo Medina (defensor de la diputada Catalina Pérez, pero en la arista Democracia Viva) “y Jaime Winter, que es en quien más confía (Valenzuela)”. Ante la consulta de la madre de qué hará, la médico le responde: “Voy a mandar una cotización, voy a tener que juntarme con ellos, contarles, o sea ya conocen el caso, varios ya lo conocen, porque el Ale Awad se ha juntado 10 veces con la Coni; Jaime Winter también conoce la historia de la Coni”.

Y es que ProCultura no es la primera motivación, o crisis, que ha debido enfrentar este enjambre judicial. Ya lo hizo en el pasado en el caso Sierra Bella, ya que Winter asumió el patrocinio de la exalcaldesa Irací Hassler (PC) ante las primeras querellas presentada en su contra. Aunque con el pasar del tiempo, la posta la entregó a Schürmann, quien actualmente representa a la exjefa comunal en otra causa: la de tráfico de influencias que se sigue en contra de Karol Cariola tras chats encontrados en el celular de Hassler. Y donde el “antagonista” vuelve a ser un viejo conocido para el grupo de abogados cercanos al oficialismo: el fiscal Cooper.