El Ciudadano
Un subsidio habitacional adjudicado a Susan Chicuy Godoy, pareja del diputado republicano Alejandro Riquelme Ducci y madre de tres de sus hijos, abrió un delicado flanco político y judicial en Magallanes. El caso fue denunciado formalmente por el propio Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) ante la Fiscalía Regional y derivado también al Consejo de Defensa del Estado (CDE), luego de que funcionarios del organismo alertaran sobre presuntas irregularidades en reemplazos de personas beneficiarias de viviendas sociales.
El antecedente más sensible, revelado por un reportaje de Zona Cero, es que el Serviu sostiene en su denuncia que Chicuy habría omitido a su pareja y padre de sus hijos al momento de figurar como beneficiaria. Para el servicio, ese vínculo no era un dato menor: de haberse declarado junto con los antecedentes patrimoniales asociados, la mujer no habría cumplido las condiciones para acceder al subsidio cuestionado.
El ministro de Vivienda, Iván Poduje, confirmó a La Prensa Austral posteriormente que el Serviu remitió antecedentes al Ministerio Público y al CDE por dos casos de reemplazo de beneficiarios, uno de ellos correspondiente a la pareja del parlamentario republicano.
Claves del caso: el subsidio que complica al diputado republicano Alejandro Riquelme
¿Quién recibió el beneficio?
Susan Chicuy Godoy, pareja del diputado republicano Alejandro Riquelme y madre de tres de sus hijos, fue incorporada como beneficiaria del proyecto habitacional Estepa Austral I mediante un reemplazo formalizado en julio de 2022.
¿Qué denuncia el Serviu?
El Serviu Magallanes sostiene que Chicuy habría omitido declarar su vínculo con Riquelme y antecedentes familiares y patrimoniales relevantes para la evaluación del subsidio. Según el servicio, de haberse informado fielmente esa situación, ella no habría podido acceder al beneficio.
¿Por qué el caso golpea al diputado?
De acuerdo con los antecedentes incorporados en la denuncia, Chicuy declaró en una causa judicial mantener una relación de pareja con Riquelme por 18 años y tener tres hijos en común. Además, ambos habrían compartido participación en sociedades, mientras el parlamentario se desempeñaba como consejero regional al momento de la asignación del subsidio.
¿Cómo habría operado el beneficio?
Chicuy no habría ingresado como beneficiaria original, sino mediante un reemplazo de cupo. La denuncia cuestiona que los reemplazos habrían sido propuestos directamente desde una jefatura del Serviu, en vez de responder a un procedimiento objetivo y equitativo.
¿En qué está la investigación?
El Serviu abrió un sumario administrativo y remitió los antecedentes a la Fiscalía Regional de Magallanes y al Consejo de Defensa del Estado. El ministro de Vivienda, Iván Poduje, confirmó el envío de los antecedentes.
Importante: la denuncia contiene antecedentes que podrían revestir carácter de delito, pero será la investigación la que determine eventuales responsabilidades.
Subsidio habitacional de pareja de Alejandro Riquelme: cómo operó el reemplazo
Para entender el caso hay que explicar el mecanismo. Susan Chicuy Godoy no habría accedido inicialmente al proyecto habitacional Estepa Austral I como beneficiaria original, sino mediante un reemplazo formalizado el 7 de julio de 2022, a través de la Resolución Exenta N°1117.
En términos sencillos: cuando una persona beneficiaria renuncia o queda fuera de un proyecto, puede abrirse un cupo para otra familia que cumpla con los requisitos. Según la denuncia del Serviu citada por Zona Cero, lo cuestionado es que el procedimiento habría operado al revés de lo esperado: la entonces jefa del Departamento de Operaciones Habitacionales, Jacqueline Lleucún Uribe, habría propuesto directamente a las personas que entrarían como reemplazantes; luego, la entidad patrocinante formalizaba la solicitud y la misma funcionaria dictaba la resolución que concretaba el cambio.
El Serviu advirtió que este procedimiento se habría apartado de los criterios objetivos y equitativos que deben regir la asignación de viviendas sociales. El propio oficio remitido a Fiscalía indica que los antecedentes dan cuenta de “patrones u hechos que pudiesen revestir carácter de delito por estar potencialmente beneficiando a terceras personas”.
El vínculo de 18 años que, según Serviu, habría sido omitido
El centro del escándalo está en la relación entre la beneficiaria y el diputado. De acuerdo con el reportaje, la denuncia del Serviu cita una sentencia del Juzgado de Garantía de Punta Arenas, fechada el 10 de mayo de 2025, en la que la propia Susan Chicuy declaró mantener una relación de pareja con Alejandro Riquelme por 18 años y tener tres hijos en común con él.
Ese antecedente cobra relevancia porque, según el Serviu, Chicuy habría presentado un núcleo familiar distinto al real para acceder al beneficio. El oficio concluye que la información entregada “la situara con un déficit habitacional alto, hacinamiento, y con un núcleo familiar que sería diferente, ya que habría omitido a su pareja y padre de sus hijos”.
No se trata únicamente de un cuestionamiento sobre estado civil. Una persona puede ser legalmente soltera y tener pareja. Lo que está bajo investigación es si existía una relación de convivencia y una situación económica o patrimonial que debían incorporarse a la evaluación del subsidio, especialmente cuando el vínculo involucraba al entonces consejero regional y actual diputado republicano.
La denuncia es todavía más categórica respecto de sus eventuales consecuencias: de haberse informado fielmente el vínculo y los ingresos reales, Chicuy “no habría podido obtener el subsidio por no estar dentro de la población más vulnerable del país, a la luz de sus ingresos reales y por ser dueño su pareja de uno o más inmuebles”.
Sociedades compartidas y domicilios bajo cuestionamiento
El reportaje de Zona Cero también expone antecedentes patrimoniales que profundizan los cuestionamientos. Según la denuncia, Chicuy y Riquelme habrían sido socios en tres empresas: Magallania Capacitación Limitada, Magallania Asesorías Limitada y Magallania SpA.
Una de ellas, Magallania Capacitación Limitada, habría registrado órdenes de compra con organismos estatales por más de $1.096 millones entre 2007 y 2025. Solo durante 2022, año en que se formalizó el reemplazo habitacional de Chicuy, las órdenes de compra alcanzarían los $24 millones.
A eso se suma una eventual inconsistencia domiciliaria. Para el subsidio cuestionado, Chicuy habría declarado residir en el sector de Agua Fresca. Sin embargo, el mismo año habría utilizado para otra postulación habitacional un domicilio ubicado en calle Mejicana, dirección que, según los antecedentes presentados, coincide con una propiedad de Riquelme y con el domicilio registrado para sociedades compartidas por ambos.
Estos elementos no constituyen por sí solos una condena ni acreditan automáticamente un delito. Pero explican por qué el propio Serviu consideró que la situación debía ser investigada por la justicia.
El caso llegó a Fiscalía, al CDE y a un sumario interno
La denuncia no surgió de una disputa parlamentaria, sino de alertas formuladas por funcionarias del propio organismo habitacional. Según Zona Cero, los antecedentes tuvieron como origen presentaciones realizadas los días 4 y 5 de mayo por la actual jefa del Departamento de Operaciones Habitacionales del Serviu Magallanes y por la presidenta de la Asociación de Funcionarios de Vivienda y Urbanismo.
A partir de esas denuncias, el director regional subrogante del Serviu, Omar González Asenjo, abrió un sumario administrativo el 7 de mayo; un día después remitió los antecedentes a Fiscalía y, el 12 de mayo, los puso en conocimiento del CDE.
El oficio citado en el reportaje resume la gravedad del caso con una frase difícil de soslayar: “Resulta difícil explicar que se haya beneficiado a alguien relacionado directamente a una autoridad y no a otra persona con una mayor urgencia habitacional”.
Riquelme, por su parte, negó estar siendo investigado por algún delito y sostuvo que la entrega de antecedentes “no implica culpabilidad, irregularidad ni responsabilidad alguna”. También afirmó que la aparición del caso coincide con su fiscalización sobre irregularidades vinculadas a terrenos y construcción de viviendas en Magallanes.
Por ahora, será Fiscalía la que deberá establecer si existieron delitos y quiénes serían responsables. Pero políticamente el cuestionamiento ya está instalado: mientras miles de familias esperan una solución habitacional, el propio Estado denunció que la pareja de un diputado republicano habría accedido a una vivienda social tras omitir un vínculo que, de haberse declarado, podría haberla dejado fuera del beneficio.
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