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Tras la desvinculación de parte del equipo de la División Jurídica de la cartera, la exfiscal contrató a ocho abogados, quienes, a diferencia de otras administraciones, no se unieron a la unidad que sigue las causas, sino que ingresaron directamente al gabinete ministerial y desde ahí han llevado, por ejemplo, la querella por agresión a Lincolao.