El Ciudadano
La fórmula de seguridad impulsada por Nayib Bukele en El Salvador, basada en megacárceles, detenciones masivas y regímenes de excepción, ha demostrado ser un espejismo peligroso cuando se trasplanta a realidades diferentes. Mientras el mandatario se ultraderecha anuncia que ha logrado reducir drásticamente los homicidios en su país, Ecuador y Honduras evidencian que la receta de «mano dura» no funciona en contextos donde la debilidad institucional dibujan un escenario radicalmente distinto.
La euforia inicial por replicar el modelo salvadoreño se ha topado con una cruda realidad: la violencia no se contiene con soluciones improvisadas ni con discursos que criminalizan sin distinguir.
El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, declaró en enero de 2024 un «conflicto armado interno» tras una escalada de violencia sin precedentes que incluyó motines carcelarios y la irrupción armada en un canal de televisión. Inspirado en la experiencia de Bukele, impulsó la construcción de cárceles de máxima seguridad como «El Encuentro», asesorado por los mismos equipos que diseñaron el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador. Sin embargo, los resultados han sido desoladores: la tasa de asesinatos en Ecuador cerró 2025 con 50,9 por cada 100 mil habitantes, equivalente a 9.200 crímenes, lo que evidencia el fracaso de una estrategia que prioriza la militarización, pero que no lograr frenar la violencia Las extorsiones se multiplicaron, los secuestros se volvieron cotidianos y las bandas criminales ampliaron su control territorial ante la presión militar.
Honduras, bajo el gobierno de Xiomara Castro, también adoptó estados de excepción y militarización de la seguridad desde 2022, siguiendo los pasos de Bukele. No obstante, la tasa de homicidios se mantuvo en alrededor de 23 por cada 100.000 habitantes en 2025, sin evidenciar una reducción sostenida comparable a la salvadoreña. El país centroamericano sigue siendo uno de los más violentos de la región, lo que ha llevado a expertos a cuestionar abiertamente la efectividad de este enfoque importado. La pregunta que resuena entre analistas es contundente: ¿por qué falla el modelo de mano dura cuando sale de las fronteras salvadoreñas?
«Ibufprofeno para tratar el cáncer»
Daniel Pontón, analista en seguridad, ofreció una explicación clave: «Bukele enfrentó estructuras de pandillas territoriales; Noboa enfrenta economías criminales transnacionales». Esta distinción resulta fundamental para entender el fracaso en Ecuador. Mientras El Salvador lidió con maras organizadas en barrios específicos, el crimen organizado en Ecuador opera con lógicas de narcotráfico global, rutas de cocaína y alianzas con carteles mexicanos y colombianos.
En conversación con El País, Pontón advirtió que aplicar el modelo salvadoreño en este contexto, «es como dar ibuprofeno para tratar un cáncer».
El atractivo político de la «mano dura» trasciende, sin embargo, las fronteras latinoamericanas. La derecha radical europea ha comenzado a mirar con interés el modelo Bukele. Jordan Bardella, presidente del partido francés Rassemblement National, mencionó recientemente el sistema penitenciario salvadoreño para abordar el hacinamiento carcelario en Francia, destacando que en ocho meses se construyeron 40.000 plazas en El Salvador. Este discurso simplificador, que omite las denuncias de violaciones sistemáticas a derechos humanos, encuentra eco en líderes que buscan respuestas rápidas y con impacto visual para promocionar en redes sociales a problemas complejos.
El peligroso «modelo Bukele» para ganar popularidad
Sonja Wolf, investigadora de la Universidad Panamericana y autora de «Mano Dura» —un libro que expone la política de control de las pandillas en El Salvador—advirtió a BBC Mundo que «hay que tener cuidado cuando se habla del ‘modelo Bukele’, porque en realidad no se trata de un modelo».
Se refirió a la falta de comprensión a nivel internacional sobre el hecho de que en el régimen político que Bukele ha consolidado en El Salvador, descrito como una «autocracia electoral», el estado de excepción cumple una doble función: combatir la criminalidad y reforzar la legitimidad e imagen que su administración necesita mantener altos niveles de popularidad para sostenerse en el poder.
Ante la «mano dura» de Bukele, organizaciones como Cristosal y Human Rights Watch han documentado detenciones masivas sin control judicial, tortura, malos tratos y desapariciones forzadas en el Cecot.
De hecho, han denunciado que más de 92.000 personas han sido detenidas desde marzo de 2022, muchas sin pruebas suficientes, y cientos de inocentes permanecen encarcelados pese a tener órdenes de liberación. En la misma línea, expertos de Naciones Unidas han advertido que la detención prolongada sin acceso a asistencia legal constituye una grave violación del derecho internacional.
Espejismo que promete seguridad, pero entrega violación de DD.HH y violencia
El modelo Bukele sigue ganando adeptos incluso allí donde los resultados no aparecen. En Chile, el presidente José Antonio Kast no ha logrado contener la inseguridad, tal y como prometió en su campaña electoral, e incluso debó ajustar su gabinete ante la falta de un plan en este sector, lo que le ha incidido en su bajos niveles de aprobación en poco más de 100 días de gobierno.
En Costa Rica, donde Bukele fue invitado a colocar la primera piedra de una cárcel réplica del Cecot, crece el debate sobre endurecer políticas de seguridad pese a la ausencia de ejército y la tradición garantista. En Colombia, el también ultraderechista Abelardo de la Espriella prometió construir 7 megacárceles basadas en el modelo salvadoreño.
La lección parece clara: sin garantías judiciales, sin fortalecimiento institucional y sin comprender la naturaleza específica del crimen organizado en cada territorio, la «mano dura» se convierte en un espejismo que promete seguridad pero entrega violación de derechos y perpetuación de la violencia.
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