SEÑOR DIRECTOR:
Hay reformas que pueden esperar. La del empleo público, no. Chile lleva demasiado tiempo conviviendo con un sistema que nació para una Administración que ya no existe y que, en la práctica, terminó funcionando de manera muy distinta a cómo fue diseñado.
El dato es difícil de ignorar. Cerca del 23% del personal de la Administración Central es de planta, mientras un 54% está a contrata. Lo excepcional se volvió cotidiano. Tenemos personas que cumplen funciones permanentes bajo vínculos jurídicamente temporales, mientras los espacios de discrecionalidad reaparecen cada vez que cambia el gobierno.
¿El resultado? Un sistema que requiere ser actualizado con urgencia para entregar certezas a los funcionarios y establecer reglas claras sobre mérito, desempeño y estabilidad.
Hablar de esto no es atacar a los funcionarios ni reducir el debate a una reforma legal. Es preguntarnos qué Estado queremos. Un Estado moderno necesita reconocer y proteger a quienes hacen bien su trabajo, pero también contar con herramientas para enfrentar el bajo desempeño. Necesita reducir la fragmentación contractual, fortalecer el ingreso y desarrollo por mérito, modernizar la evaluación y separar con mayor claridad los cargos técnicos de los políticos.
El desafío es enorme y nadie debería pretender resolverlo en solitario. Gobierno, oposición, funcionarios, academia y sociedad civil tendrán que sentarse a conversar y todos deberán ceder algo. La oportunidad está frente a nosotros. Dejarla pasar significaría seguir administrando un sistema que ya demostró sus límites, cuando lo que corresponde es comenzar a construir el Estado que Chile necesita.
Gustavo Campos
Vicedecano de Economía, Gobierno y Comunicaciones, U. Central
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