Barcelona, 28 may (EFE).- Una jueza ha dejado a un paso de juicio al exconseller de ICV Salvador Milà por la presunta adjudicación irregular de un contrato del Ayuntamiento de Altafulla (Tarragona), en una derivada de la causa en que está investigado el exalcalde del municipio y diputado de Sumar en el Congreso Fèlix Alonso.
Según ha avanzado El País y han confirmado a EFE fuentes jurídicas, la titular de la plaza número 4 del tribunal de instancia de El Vendrell (Barcelona) ha dictado un auto, que está recurrido ante la Audiencia de Tarragona, en el que da por finalizada la instrucción del caso y deja a Milà a las puertas de juicio, ante indicios de un delito de prevaricación.
La causa contra quien fuera conseller de Medio Ambiente entre los años 2003 y 2006, con el gobierno tripartito que encabezaba Pasqual Maragall, forma parte de una investigación dirigida por el juzgado de El Vendrell por la contratación de empresas de consultoría administradas por personas del entorno político del alcalde.
A raíz de esas diligencias, el Tribunal Supremo ha abierto una investigación por prevaricación a Alonso, aforado ante ese órgano, mientras el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha hecho lo propio con el exconseller y diputado de ERC Joan Ignasi Elena y el excoordinador de ICV Joan Herrera, en este caso por presuntas adjudicaciones a dedo a la empresa Sinergia EDM que administraban.
Respecto a Salvador Milà, la jueza ve indicios de delito en la adjudicación de un contrato menor para servicios de asesoramiento jurídico, en 2016 y con un año de duración, tras un decreto del alcalde que ordenaba a la secretaria municipal que emitiera un informe sobre la conveniencia de disponer de ese servicio, al no ser posible que lo prestara personal propio del consistorio.
La interventora municipal emitió entonces un informe en el que dejaba constancia de que existía consignación suficiente para contratar el servicio, por un importe de 12.100 euros y duración máxima de un año.
Según el auto del Supremo que abre investigación al alcalde, una vez finalizado el contrato, la empresa de Milà siguió emitiendo facturas al Ayuntamiento.
En concreto, detalla el auto, Milà emitió 12 facturas sin contrato en concepto de asesoramiento durante tres años, por importe de 31.720 euros, pese a que se trataba de un "servicio recurrente y continuo en el tiempo, donde no hubo procedimiento de adjudicación.
Además, añade el auto, en la causa constan facturas emitidas fuera del servicio de asesoramiento, por importe de 4.911 más 1.031,7, cobradas sin contrato.
En 2017, el Ayuntamiento firmó el contrato de asesoramiento con la empresa que administraban Elena y Herrera que ha comportado la imputación de ambos.
El Supremo sostiene que a ambas adjudicaciones a Milà Advocats y a Sinergia EDM se les dio la forma de contrato "menor", lo que permitía la concesión a dedo, sin concurso público, una "arbitrariedad" en la que el Tribunal ve posible delito de prevaricación administrativa. EFE
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