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Juan Manuel Serrano, el exjefe de gabinete del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y expresidente de Correos, ha pedido al juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Leire Díez', Santiago Pedraz, anular la incautación de su teléfono, el clonado y volcado del dispositivo realizado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, así como la destrucción de la copia obtenida.

Así se desprende de un escrito al que ha tenido acceso Europa Press que la defensa de Serrano ha remitido al juez Pedraz, que investiga una presunta trama liderada por el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante Leire Díez para desbaratar causas judciales que afectan al PSOE y al Gobierno.

El abogado de Serrano señala que la actuación policial llevada a cabo el pasado mayo se realizó "sin que existiera una resolución judicial que autorizara expresamente la misma".

Además, critica que tampoco existía una notificación del juez "que diera cobertura a la comunicación de la condición de investigado y a la incautación de su terminal de teléfono móvil, sino, antes al contrario, lo que existía era un previo auto judicial que expresamente se negaba a atribuirle" a Serrano la condición de investigado.

La UCO señaló en uno de sus atestados que Díez y Serrano se unieron para "ayudar" al presidente del Gobierno durante los cinco días de reflexión que se tomó en abril de 2024 para decidir su futuro. En ese contexto, también ella se refirió a "matar políticamente" a "la gente mala", según la investigación.

El letrado da cuenta de ello, pero resalta que la propia UCO indicó en que, entonces, no se le podía "atribuir la condición de investigado, sin perjuicio de lo que resulte de la posterior instrucción de la causa", aunque finalmente fuera imputado por Pedraz.

"Y, sin embargo, a pesar de ello, los agente de la UCO le atribuyen a mi representado la condición de investigado y le intervienen el teléfono, lo cual es más que sorprendente e implica una extralimitación de las atribuciones que la UCO tiene atribuidas", alega.

Así, sobre el clonado de su teléfono, el letrado incide en que "la UCO entendió que esa era una 'medida preliminar' necesaria a los fines de la investigación por la relevancia de Serrano en la génesis de las actuaciones y su seguimiento de estas, con raíz en la primera reunión del día 26 de abril de 2024".

SERRANO "NO ESTABA SIENDO ASISTIDO POR SU LETRADO"

A todo ello, el abogado Bernardo del Rosal critica que, "en el momento de la lectura e información de derechos y de la incautación de su teléfono móvil, Serrano no estaba siendo asistido por un letrado".

Así las cosas, el letrado indica que la UCO "incumplió deliberadamente" "la indicación expresa que impedía atribuirle la condición de investigado a Serrano", así como "la condición esencial" de uno de los autos del magistrado porque "procedieron al desprecinto y a la extracción del terminal sin la presencia" del expresidente de Correos ni de su abogado.

Por todo ello pide "declarar la nulidad de la incautación del teléfono móvil" de Serrano "por carecer de resolución judicial habilitante" y del clonado practicado por la UCO "por haberse realizado en flagrante incumplimiento de la condición esencial de presencia del investigado y de su letrado".

Además, pide "acordar la destrucción o, en su defecto, la inutilización definitiva de la copia Full FileSystem ya obtenida, así como de cualquier soporte que la contenga, y la prohibición de su utilización a cualquier efecto" y la devolución del teléfono original "sin que pueda ser objeto de nuevo clonado, análisis o acceso alguno".

"Subsidiariamente, y solo para el hipotético caso de que se considerara necesario un nuevo clonado, que el mismo se practique exclusivamente en sede judicial, a presencia de mi representado y de su letrado, con todas las garantías técnicas y procesales, y previa audiencia de esta parte sobre la necesidad y proporcionalidad de la medida", matiza.

Todo ello a unas semanas de su citación ante el magistrado Pedraz en la Audiencia Nacional para proceder al clonado de su móvil, que está prevista para el próximo 18 de agosto.

ZARRÍAS PIDE LIMITAR LA INVESTIGACIÓN SOBRE SUS CUENTAS BANCARIAS

Por otro lado, el abogado del exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías ha recurrido la decisión del juez Pedraz de investigar once cuentas bancarias vinculadas al exdirigente andaluz --también imputado en la causa--, ocho de ellas a su nombre y tres al de su consultora, Zaño Sociedad Consultores.

Para ello, el letrado pide, en un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, dejar sin efecto la resolución dictada por Pedraz y que el instructor dicte otra limitando el mandamiento judicial, al objeto de que se investigue únicamente una cuenta bancaria de Zarrías y no el resto.

El abogado argumenta que la diligencia ordenada por Pedraz es "prospectiva", "absurda" y carece de "fundamento". "¿Por qué se van a pedir los extractos de todas estas cuentas? No lo sabemos. El tribunal tomó la decisión, de forma muy correcta, de recabar únicamente la información sobre las cuentas empleadas para efectuar los pagos a Leire Díez, que es el único objeto de investigación, al menos en lo relativo a mi representado", explica.

Añade que Zarrías "se vio implicado en estas actuaciones únicamente por haber empleado" a Leire Díez "en el año 2024", afirmando que "no hay ningún otro hecho" que se le reproche en la causa.

El letrado afirma que sostener que "varias de las cuentas señaladas lo han sido únicamente en atención a la información consignada en las facturas, sin que en este momento pueda determinarse si estas fueron efectivamente abonadas en dichas cuentas ni cuál fue el destino final de los fondos, es un argumento impropio de quien lo hace y que ronda lo incomprensible".

"Si las cuentas están señaladas en las facturas, la forma de determinar si fueron efectivamente abonadas en dichas cuentas es, sencillamente, pedir el extracto de dichas cuentas y no de otras. Mantengamos el límite de lo sensato en los argumentos. No es preciso pedir extractos de cuentas diferentes", zanja.

La UCO indicó en un oficio que el PSOE usó empresas de Zarrías y Oliver, que ejerció la defensa del exasesor ministerial Koldo García, para pagar 43.225 euros a Díez. Los agentes precisaron que Díez habría recibido en una cuenta bancaria "al menos cinco pagos" relacionados con la supuesta trama.

De los cinco pagos, señalan que cuatro fueron transferencias de 4.000 euros, hasta un total de 16.000 entre junio y septiembre de 2024, procedentes de la mercantil Zaño Sociedad Consultora, vinculada a Zarrías. La última, apuntan, fue de 27.225 euros y salió de la sociedad Oliver Gruppe, relacionada con el abogado.

La UCO expone que las cuatro nóminas percibidas por Díez desde la consultora de Zarrías "habrían sido realmente un método para que esta recibiera cantidades con origen en el PSOE".