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Martes, 9:00. El INE publica la tasa de desempleo del trimestre marzo–mayo: 9,4%, la peor cifra desde 2021. Casi un millón de chilenos no tienen trabajo.

El ministro del Trabajo reacciona criticando al gobierno anterior por “el aumento de costos laborales” de “los cuatro años anteriores”.

El ministro de Economía reacciona criticando al gobierno anterior, ya que “Chile sigue pagando los costos de años de malas políticas públicas”.

Martes, 10:30. El Senado comienza a debatir la acusación constitucional contra el exministro del gobierno anterior Nicolás Grau. Perderá todo el día en una acusación que ya ha hecho perder semanas de trabajo a los diputados. No hay académicos, abogados o economistas de prestigio que la respalden. El Consejo Fiscal Autónomo desestima sus fundamentos.

Todo parte con una denuncia, hecha con grito de escándalo, del ministro de Hacienda contra su antecesor. Diputados oficialistas (perdón: diputados opositores al gobierno anterior) la presentan. La Moneda no interviene para detener la bola de nieve que echó a rodar.

La acusación termina con apenas 16 votos a favor y enfrentamientos dentro del oficialismo, perdón, digo, dentro de la oposición al gobierno anterior.

Miércoles, 9:00. El INE publica el Imacec de mayo. El -0,9% confirma el deterioro de las expectativas desde el “bencinazo” con que asumió el ministro Quiroz en marzo, y deja al país a las puertas de una recesión técnica.

El ministro de Economía (perdón, el vocero de la oposición a la gestión económica del gobierno anterior) culpa al gobierno anterior: “Recibimos una economía estancada y golpeada”, explica.

Miércoles, 16:00. El Comité de Auditoría del gobierno denuncia “graves irregularidades financieras” en el gobierno anterior. “Más de $ 1,4 billones transferidos a fundaciones entre 2022 y 2026 no acreditan su rendición de cuentas”, alertan. Incluso hablan de “fraude”.

Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, advierte que el informe “se basa en información parcial, no permite sostener conclusiones sobre eventuales usos irregulares de recursos, no da cuenta de un ejercicio mínimo de consistencia entre las distintas fuentes contables que maneja el propio Estado, y hace un uso impreciso —cuando no confuso— de los conceptos técnicos”.

Este “Comité” no es más que un órgano de propaganda política del gobierno (perdón, de la oposición al gobierno anterior). No es la Contraloría, ni el Ministerio Público, ni un ente autónomo, ni la “auditoría externa internacional” que había prometido en campaña José Antonio Kast.

Su único propósito es denunciar al gobierno anterior. Por eso, no incluye ninguna de estas noticias de la semana:

—El jueves, la Contraloría falla que la exministra Steinert “actuó fuera de sus atribuciones legales” en su oficio a la PDI;

—El viernes, la Asociación de Funcionarios del Ministerio de la Mujer denuncia ante el Ministerio Público y la Contraloría “presuntos delitos funcionarios y corrupción”, con “antecedentes de beneficios salariales groseros auto otorgados”;

—También el viernes, el medio “Reportea” revela que el policía que le filtraba información reservada al abogado Luis Hermosilla fue instalado a cargo de la División de Contrainteligencia de la ANI, el organismo encargado de proteger los secretos del Estado.

Todo esto ocurrió después del 11 de marzo de 2026: por lo tanto, aquí no ha pasado nada. No hay nada que auditar.

Es el extraño caso del oficialismo que se autopercibe oposición. Y que, en vez de gobernar, dedica sus energías a pelear contra el fantasma de un gobierno que ya no existe.

Los republicanos llevan una década siendo oposición, desde que José Antonio Kast decidió el camino propio hace exactamente diez años, el 31 de mayo de 2016. Se perfeccionaron hasta ser maestros en el arte de oponerse. La cuña incendiaria, el tuit afilado, la acusación constitucional.

No se la saben por libro; escribieron el libro.

Estudiaron siendo oposición a Bachelet, se graduaron como oposición a Piñera y se doctoraron como oposición a Boric. Querían llegar a La Moneda y para eso usaron estrategia de tierra quemada. Demolieron tres gobiernos, se opusieron a todo, boicotearon todo.

Cada vez que hubo un acuerdo o un pacto, no solo se quedaron fuera; hostilizaron a todos los que sí estaban dispuestos a conversar. Los trataron de cobardes y traidores. Usaron todas las formas de lucha: el ataque personal el insulto, los bots y las fake news.

Y lo lograron. El pueblo de Chile les pidió con contundente mayoría que se hicieran cargo de gobernar.

Eso fue hace siete meses. Dijeron que este no sería un “gobierno en práctica”. Que estaban listos. Hicieron una cuenta regresiva que llegaba a cero el 11 de marzo. Ellos no necesitarían cien días; a los noventa días, Chile ya sería distinto (¿se acuerdan del Plan 90 Días de Bernardo Fontaine? Ya van 116).

Lo lograron. Y entonces se dieron cuenta de que gobernar es difícil e ingrato. Que la gente exige que se cumplan las promesas de campaña. Que no entienden que eran metáforas ni hipérboles. Que todas las críticas, todo el desprecio de esta década vuelve para morderte. Que los tuits despectivos sobre lo fácil que es gobernar no se borran.

¡Qué nostalgia de esos viejos buenos tiempos en que bastaba oponerse a todo!

Y entonces, la solución es seguir haciendo lo que saben hacer. Seguir siendo oposición, aunque sea a un gobierno que ya hace cuatro meses que se acabó.

¿El desempleo solo ha subido desde que asumimos? Culpemos al gobierno anterior.

¿Estamos ahondando el déficit con una reforma tributaria desfinanciada? Acusemos al gobierno anterior.

¿El crecimiento económico es golpeado por el “bencinazo” del ministro Quiroz? Responsabilicemos al gobierno anterior.

¿Aparecen denuncias e irregularidades? “Auditemos” al gobierno anterior.

Es el extraño caso del oficialismo que se autopercibe oposición.

Una especie de therian de la política, que tiene el poder, pero está convencido de que no; porque percibe que todos los problemas ocurren por la fuerza fantasmal de un gobierno que ya no existe.