El Tribunal Supremo de Estados Unidos todavía no ha publicado un calendario con los próximos “días de opinión”, fechas en las que tradicionalmente anuncia sus veredictos, pese a que se esperaba una pronunciación sobre los aranceles impuestos por la administración de Donald Trump durante la última semana. De acuerdo con la agencia EFE, la ausencia de este calendario ha generado incertidumbre tanto en el sector empresarial como en el ámbito oficial, ya que existía la expectativa de que la corte resolviera la disputa sobre estas medidas comerciales de forma inminente.
El medio EFE detalló que el máximo tribunal estadounidense escuchó los argumentos de las partes implicadas en el caso en noviembre pasado y tiene como plazo formal hasta finales de junio o principios de julio para emitir su fallo. No obstante, diversas voces dentro del Gobierno y entre los afectados preveían un dictamen considerablemente antes, dado que la demanda gubernamental para revocar los aranceles implementados por Trump se presentó mediante un procedimiento acelerado.
Según publicó EFE, Donald Trump, expresidente estadounidense, declaró recientemente que consideraría “muy decepcionante” un posible fallo en contra de la legalidad de los aranceles adoptados el año anterior. Estas medidas se fundamentaron en la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) de 1977, que sirvió de base legal para la imposición de los aranceles, pieza central de la política comercial conocida como guerra comercial contra varios países con los que Estados Unidos mantiene relaciones.
El conflicto judicial se inició tras una apelación presentada por dos pequeñas empresas importadoras. EFE detalló que una corte de apelaciones del Circuito Federal resolvió, en agosto pasado, que Trump no contaba con el derecho para emplear la mencionada ley de emergencia en la imposición de los denominados “aranceles recíprocos”. Estos gravámenes incluyen tasas de hasta el 50% sobre importaciones procedentes de Lesoto y cifras mínimas del 10% aplicadas a productos del Reino Unido y la mayoría de los países latinoamericanos. Además, esa misma resolución determinó que la administración Trump no podía recurrir a dicha norma para establecer un impuesto del 25% a ciertos bienes originarios de Canadá, China y México, una medida que Washington justificó como respuesta ante lo que considera esfuerzos insuficientes por parte de esos países para frenar el tráfico ilegal de fentanilo hacia el territorio estadounidense.
A pesar de estos dictámenes, la corte de apelaciones no suspendió de inmediato la aplicación de los aranceles, con el objetivo de permitir que el Gobierno federal acudiera al Tribunal Supremo. Como informó la agencia EFE, esa decisión ha dado margen a la administración para intentar que la alta instancia judicial revoque los fallos previos y revalide la política comercial impulsada bajo la presidencia de Trump.
El medio EFE puntualizó que el Tribunal Supremo no ofreció indicios claros acerca del momento en que dará a conocer su decisión definitiva. Los “días de opinión” suelen anunciarse con poca antelación y determinan cuándo los jueces comunican públicamente sus fallos sobre las causas pendientes. Dado que ninguno de los fallos emitidos el miércoles reciente abordó la cuestión de los aranceles, todos los actores implicados en la disputa comercial permanecen a la espera de novedades sobre el calendario oficial de resoluciones.
La implementación de estos aranceles por parte de la administración Trump marcó un punto de inflexión en las relaciones comerciales de Estados Unidos con otros países, especialmente aquellos señalados por Washington por su supuesta falta de acciones efectivas contra el tráfico de drogas sintéticas. El actual proceso judicial busca dilucidar si el uso de una ley de emergencia como la IEEPA para proteger intereses económicos y comerciales dentro de este contexto se ajusta a los límites constitucionales y legales del país.
A raíz de este panorama, tanto representantes del Gobierno como sectores empresariales aguardan el pronunciamiento del Tribunal Supremo. La resolución definitiva podría afectar no solo a las partes involucradas en la demanda, sino también a la política comercial futura de Estados Unidos y a sus relaciones con diversas economías extranjeras. De acuerdo con lo consignado por EFE, la atención se mantiene sobre el calendario judicial y la posibilidad de que el alto tribunal defina, en las próximas semanas o meses, la validez legal de los aranceles impulsados por la administración anterior.
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