El Ciudadano
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, solicitó por escrito el pasado 21 de abril una reducción del 15% en el presupuesto de la Pensión Garantizada Universal (PGU), un recorte que, según datos oficiales revisados por CIPER, carecía de todo sustento técnico y se basaba en acusaciones de «fraude social» que ninguna entidad pública ha podido documentar.
Esta petición, que implicaría un ahorro fiscal de al menos US$800 millones anuales, ponía en riesgo directo los ingresos de 2,2 millones de beneficiarios, ya que no existe espacio en la ley ni en la ejecución actual del programa para lograr esa rebaja sin afectar los montos que reciben los adultos mayores.
De hecho, el exsuperintendente de Pensiones, Álvaro Gallegos, advirtió al medio de investigación que «de llevarse a efecto ese recorte, es imposible que no se dañe el derecho actual de los adultos mayores«, calificando la medida como un golpe a los hogares nunca visto desde la era de Hernán Büchi en 1985.
La propuesta de Quiroz, que se enmarcaba en una instrucción más amplia para «descontinuar» 142 programas y recortar otros 260, se sostuvo inicialmente en dos argumentos que se derrumbaron uno tras otro al confrontarlos con las cifras reales. El primero apelaba a la «eficiencia del gasto» y a cortar la «grasa» burocrática del sistema; sin embargo, los informes de la Dirección de Presupuestos (Dipres) correspondientes a 2024 muestran que el costo administrativo total de la PGU representa menos del 1% de su presupuesto.
Esta ínfima proporción implica que, incluso si se eliminara por completo el gasto en personal y servicios del Instituto de Previsión Social (IPS) —una medida inviable en la práctica—, el recorte solicitado todavía tendría un 14,9% sin financiar, lo que obligaría necesariamente a reducir los pagos directos a los 2,2 millones de pensionados que actualmente reciben el beneficio.
No hay denuncias ni evidencias de «fraude social»
El segundo pilar de la justificación del secretario de Estado fue la prevención del «fraude social» o «mal gasto», una sospecha que Quiroz incluso profundizó en una entrevista televisiva al cuestionar cómo se acredita la residencia de los extranjeros que postulan a la PGU.
No obstante, al ser consultadas por CIPER, todas las entidades fiscalizadoras descartaron la existencia de antecedentes concretos en esta materia.
El IPS respondió que «no se han recibido este tipo de denuncias» sobre pensiones mal otorgadas, mientras que la Superintendencia de Pensiones se limitó a señalar que solo fiscaliza los procesos de concesión. La propia entidad previsional detalló que cada solicitud es cruzada con bases de datos del SII, la PDI, las AFP y el Registro Social de Hogares, un mecanismo de verificación que hace altamente improbable la existencia de un fraude de magnitud relevante, tal como lo corroboró el exsuperintendente Gallegos quien afirmó, “no existe ninguna evidencia sobre un eventual fraude”, señalando que “es altamente improbable que pueda existir”.
En este contexto de falta de evidencia, la solicitud del ministro Quiroz no solo carecía de informes técnicos que la respaldaran. Ante las consultas de CIPER, el Ministerio de Hacienda indicó que los instructivos firmados por Quiroz “corresponden al inicio del proceso ordinario y anual de formulación del Presupuesto 2027” y que sólo “se trata de evaluaciones técnicas preliminares sobre eficiencia y eficacia”, agregando que hasta ahora “no ha habido equipos trabajando” en cómo sería una eventual rebaja de la PGU.
Recorte a la PGU y transgresión a las promesas de Kast
Al tratar de aplicar esta medida, el secretario de Estado contradijo abiertamente la promesa de campaña del presidente José Antonio Kast, quien había asegurado en reiteradas ocasiones que no recortaría la PGU.
La tensión política generada por la revelación de CIPER obligó al gobierno a salir al paso de las críticas, confirmando públicamente que no se tocará el beneficio.
El director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales, David Bravo, cuestionó la ligereza de la propuesta al señalar que «la pregunta pertinente sería sobre qué bases se establece que podría haber un ahorro posible del 15%», ya que una modificación de esa naturaleza requiere un cambio de ley aprobado por el Congreso.
Con el oficio de Hacienda archivado y sin un solo indicio de fraude que justificara la medida, la única certeza que ha quedado en el aire es que la Pensión Garantizada Universal resistió un embate que pudo haber dejado a millones de adultos mayores en una situación de vulnerabilidad extrema.
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