Madrid, 11 abr (EFE).- El Gobierno ha celebrado el dictamen del Consejo de Estado al proceso de regularización extraordinaria, que concederá permiso de residencia a alrededor de medio millón de migrantes que viven en España sin papeles, y ha señalado que trabaja ya para incorporar sus recomendaciones.
Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han subrayado que el Consejo de Estado "avala" y "respalda" la aprobación con carácter urgente de las modificaciones del Reglamento de Extranjería para dar comienzo al procedimiento de regularización extraordinaria.
Al mismo tiempo, afirman que el Gobierno está trabajando para incorporar las recomendaciones del dictamen, y así aprobar el texto definitivo en Consejo de Ministros lo antes posible.
Por ejemplo, según las fuentes, se aclarará la definición de vulnerabilidad, como indica el Consejo de Estado, de manera que se entenderá por vulnerable toda aquella persona que haya llegado a España antes del 1 de enero de 2026 y lleve cinco meses en situación irregular en el momento de presentar la solicitud.
El Consejo de Estado señala que es incompatible ser beneficiario de un permiso por protección internacional y otro resultante de la regularización, de manera que el permiso estará vigente hasta que la resolución del permiso de residencia y trabajo sea definitiva y positiva, y soliciten la tarjeta de identidad de extranjero.
Las fuentes informan de que el Consejo de Estado, que preside Carmen Calvo, "avala que la regularización se realice por la vía reglamentaria, por ser un texto normativo legal" dentro del marco constitucional, y señala que se han respetado todas las garantías.
También valora los objetivos de integración social, seguridad jurídica y reducción de la irregularidad administrativa que persigue la regularización y destaca positivamente que los desplazados por la guerra de Ucrania no tengan que presentarse a este procedimiento, al tener un cauce específico para ellos.
Según las fuentes, el dictamen subraya asimismo que el texto legal preste especial atención a los hijos menores de los interesados y otros familiares estrechos.
Las fuentes recuerdan que en todo momento, carecer de antecedentes penales ha sido uno de los requisitos ineludibles, así como tener un plazo para demostrarlo, y que se exige no suponer una amenaza para el orden público, la seguridad pública o la salud pública.
El Gobierno considera que las recomendaciones del Consejo de Estado van en la línea del texto original y respeta la esencia del Real Decreto, y las valora positivamente a la hora de clarificar ciertos aspectos que mejoran la comprensión del mismo y su aplicación. EFE
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