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El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó finalmente este martes una regularización extraordinaria que permitirá obtener permisos de residencia y trabajo a alrededor de medio millón de personas migrantes que ya viven en España en situación administrativa irregular. El Ejecutivo defiende la medida como un acto de "justicia" y "necesidad", mientras que la oposición conservadora y la ultraderecha la rechazan por considerarla "insegura" y generadora de un "efecto llamada".