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El decreto afecta a varios organismos clave, crea otros y unifica tareas. También habilita a los servicios secretos a brindar su propia seguridad y aprehender delincuentes por pedido judicial o ante flagrancias. Las autoridades nacionales señalan que la reforma “moderniza, ordena y legitima” el sistema, lo “adapta a amenazas contemporáneas y lo somete a mayores controles”