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En un contexto donde la esperanza y la inquietud caminan juntas entre la población migrante, el director de Acogida y Atención de las Personas Migrantes del Gobierno Vasco, Ignacio Fariña, puso énfasis en un aspecto relevante: muchas personas ven en la nueva regularización extraordinaria una posibilidad inédita para legalizar su situación y acceder a itinerarios más claros para su integración. Según publicó el medio que recogió sus declaraciones, Fariña subrayó que la atención debe centrarse ahora en garantizar un tránsito eficaz hacia los permisos de residencia y trabajo que esta norma permitirá obtener, más allá del número concreto de regularizaciones.

De acuerdo con la información difundida por el medio, Fariña aseguró que el denominado “efecto llamada” —la atracción de inmigrantes ante una posible regularización— no es la consecuencia principal del anuncio del Gobierno central, que prevé aprobar un Real Decreto para documentar a 500.000 extranjeros que ya viven en España. A juicio del responsable vasco, el atractivo real reside desde hace tiempo en el empleo, el dinamismo económico y el entorno de protección social presentes no solo en Euskadi, sino en todo el país. Fariña explicó que “el efecto llamada ya se ha producido”, apoyando su valoración en el trabajo desarrollado durante años para dotar a la región de esas características.

El Gobierno Vasco estima que alrededor de 20.000 personas residentes en el País Vasco podrían acogerse a la medida. El ejecutivo, detalla el citado medio, ha elaborado una guía concreta para asesorar sobre los pasos a seguir durante el proceso de regularización. En la práctica, el proceso abre la oportunidad de regularizar la situación administrativa sin la condición previa de una oferta de trabajo, lo que hasta ahora dificultaba el acceso a la residencia a solicitantes de asilo o extranjeros sin arraigo laboral.

Según dijo Fariña en la entrevista citada por el medio, el procedimiento implica que las personas beneficiadas obtendrán un permiso de residencia y trabajo de un año de duración. Durante ese tiempo, deberán integrarse en el ámbito laboral para poder solicitar la renovación de esa autorización una vez transcurrido el plazo. Fariña calificó esta situación como “una verdadera carrera” para acceder a los requisitos necesarios, en la que el empleo será un elemento decisivo.

El responsable institucional hizo hincapié en que el proceso de regularización no concede derecho al voto a las personas regularizadas. De acuerdo con el reportaje del medio, Fariña consideró que el inicio de este procedimiento no constituye una meta, sino el comienzo de una etapa en la que la integración social y laboral se convertirá en el principal desafío.

Respecto al impacto en el sistema y la preparación institucional, Fariña manifestó su interés en adaptar y coordinar los mecanismos públicos para responder a las necesidades tanto de los migrantes como de las empresas locales, que según subrayó, requieren mano de obra. Detalló que la tarea actual consiste en poner en línea todos los sistemas y estructuras para lograr que ese ajuste entre oferta y demanda sea eficaz.

En relación a la forma y el momento en que el Gobierno central hizo pública la medida, el funcionario vasco trasladó cierto desacuerdo. Según consignó el medio, Fariña señaló que el anuncio se realizó sin el debido debate ni una planificación compartida entre diferentes administraciones y agentes implicados. No obstante, a pesar de tales reservas, se mostró convencido de que la regularización tendrá efectos positivos para la sociedad. En sus palabras, facilitará que las personas con situación regularizada puedan “hacer ese compromiso de derechos y deberes, de ser parte de la sociedad y de contribuir a esta sociedad”.

De acuerdo con el medio, la administración del País Vasco permanece atenta a la evolución del proceso, dados los altos niveles de expectativa y ansiedad entre la población migrante, que recibe esta oportunidad como una posible vía para alcanzar mayor estabilidad y claridad en su proyecto de vida. Además, el Gobierno regional se ha comprometido a mantener informada a la ciudadanía sobre las novedades que vayan surgiendo conforme se concrete la reglamentación y desarrollo del mecanismo de regularización extraordinaria.

La expectativa regional gira en torno a que la medida facilitará la integración y participación de miles de personas, aunque la perspectiva administrativa pone el foco en que esta regularización excepcional proporcionará —durante un plazo limitado— las condiciones necesarias para el acceso a empleo y otros derechos, donde cumplir con los requisitos para renovar esos permisos de residencia se perfila como el nuevo reto colectivo.