Madrid, 15 abr (EFE).- El Tribunal Supremo (TS) cierra este miércoles la segunda semana del juicio por presunta corrupción en contratos de mascarillas contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama, con una jornada en la que está citada la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera.
Investigada en la parte del caso que instruye la Audiencia Nacional, que incluye presuntas mordidas en adjudicaciones de obra pública, Pardo de Vera tiene derecho a no contestar a las preguntas que le formulen en el juicio contra quien fue su superior.
A la espera de saber si declara o no, la también ex secretaria de Estado de Transportes ha negado ya en varias ocasiones haber tenido participación directa en los contratos de mascarillas adjudicados por entes públicos como ADIF en plena pandemia.
Su actuación, según sostiene, se limitó a remitir los contactos que el exasesor ministerial Koldo García, en prisión provisional junto a Ábalos, le había dado previamente.
García le dio el contacto del entonces secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, y el de un socio de Soluciones de Gestión, sociedad -subraya- para ella "desconocida", dado que este organismo ya había tramitado con esta empresa otro contrato de mascarillas.
De los ocho testigos citados este miércoles, cuatro están investigados en la Audiencia Nacional, lo que puede condicionar que declaren o no, como ha pasado alguna vez en jornadas anteriores.
Además de Pardo de Vera, es el caso de quien fuese secretario general de Puertos del Estado Álvaro Sánchez Manzanares, un subteniente de la Guardia Civil y quien fuese socio de la empresa Soluciones de Gestión.
En la Audiencia Nacional, Sánchez Manzanares declaró que la elección de dicha empresa vino de sus superiores jerárquicos y del Ministerio de Transportes, y aludió a la situación de urgencia del momento.
Las adjudicaciones que centran el juicio son la concedida por Puertos del Estado a Soluciones de Gestión el 21 de marzo de 2020 por 24,2 millones de euros, y otra, seis días después, por Adif a la misma empresa por 12,5 millones de euros.
La Fiscalía Anticorrupción cree que el nombre de esa empresa vino de la mano del empresario Aldama que, en virtud a la "connivencia" que tenía con el ministro y su asesor y a cambio de presuntas mordidas, obtuvo el "compromiso de que los contratos le serían adjudicados".
También relevante será la declaración de una de las profesionales que intervino en el informe de auditoría encargado por el Ministerio que dirige Óscar Puente sobre los contratos de mascarillas investigados, que tanto Ábalos como Koldo cuestionan.EFE
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