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El Tribunal Supremo ha dejado esta semana visto para sentencia el juicio en el que el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama se enfrentan a elevadas penas de cárcel, tras 14 sesiones y más de 70 testigos, algunos de los cuales guardaron silencio por estar imputados en la Audiencia Nacional (AN) por el 'caso Koldo'.

Personas del entorno de Ábalos, Koldo y Aldama se han sometido a los interrogatorios de las partes para dar cuenta de su conocimiento sobre la supuesta implicación de los acusados en los hechos juzgados ante el tribunal presidido por el magistrado Andrés Martínez Arrieta.

Así, durante el juicio, que se ha extendido durante más de un mes, la Fiscalía Anticorrupción, la acusación popular encabezada por el PP y las defensas de los tres acusados han indagado en el papel del exministro, su asesor y del empresario en la compra de mascarillas, la presunta existencia de una organización criminal o la contratación de su expareja Jéssica Rodríguez en empresas públicas.

La Fiscalía Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos y 19 años y medio para Koldo por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, aprovechamiento de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación. Para Aldama pide siete años por esos tres primeros, de los que se declaró culpable en su escrito de defensa, por lo que le aplica la atenuante de confesión.

Por su parte, las acusaciones populares que encabeza el PP, reclaman 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario piden cinco años y dos meses.

¿UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL?: "QUIEN PAGA MANDA"

Durante el juicio se ha debatido la supuesta existencia de una organización criminal, si la encabezó el exministro y si a través de la misma llevaron a cabo los presuntos hechos delictivos.

El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, estableció que los acusados conformaron una "verdadera organización criminal" en la que, en cualquier caso, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no era el número uno", como apuntó Aldama en su declaración.

"No se trata de establecer un número uno, un número dos, un número tres, y desde luego no era el número uno el presidente del Gobierno, como con notable desahogo le atribuye ese papel Aldama", explicó.

Luzón incidió en que Ábalos era "denominado jefe por unos y por otros, desde luego por los otros dos acusados, y también por todo el entorno de Aldama". E hizo hincapié en el "matiz" del teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil Antonio Balas, que aseguró que "quien paga, manda, y quien paga y exige es Aldama".

Las defensas del exministro y de su exasesor --partidarios de la absolución de sus representados-- negaron la existencia de una organización criminal, mientras que el abogado del empresario señaló que dicha organización "no es solo a nivel vertical", sino que "es transversal", y apuntó a otros dirigentes, como a Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE e imputado en la AN.

EL RASTRO DEL DINERO

En su declaración, Aldama señaló que pagaba 10.000 euros al mes a Ábalos y a Koldo, un dinero que salía de las "obras públicas" que se le iban adjudicando de forma presuntamente irregular desde Transportes.

"Se empiezan a dar contratos y las empresas empiezan a pagarme en efectivo y yo empiezo a llevar dinero, hago entregas en el Ministerio y en la casa de Ábalos en El Viso. Esto era constante porque empieza una ruleta, empiezan a caer licitaciones", afirmó.

Tanto Ábalos como Koldo han insistido en que no hay pruebas de que hayan recibido ese dinero y ofrecieron versiones alternativas a las que sostienen las acusaciones en lo relativo al incremento de su patrimonio.

Koldo manifestó que manejaba dinero en efectivo proveniente de su labor como asesor, precisando que operaba con sus gastos del Ministerio y de la Secretaría de Organización del PSOE, un dinero que adelantaba y que, posteriormente, se le reintegraba en metálico, según su relato, así como los personales de Ábalos.

El extitular de Transportes señaló en su declaración que difiere de los 94.000 euros en diez años sin declarar que la UCO le atribuye. "He hecho las cuentas y sale bastante menos", indicó, para añadir que "si hubiera dinero, aflora".

"Aldama el otro día me puso más millones. Yo estoy encantado, porque cuantos más millones me pongan, más es exigible la identificación y la localización de ese dinero", señaló en su declaración como acusado.

Y para concluir, en su turno de última palabra, volvió a negar cualquier mordida de Aldama: "10.000 euros mensuales a repartir, ¡qué barato soy!"

LA COMPRA DE MASCARILLAS

La compra de mascarillas por parte de empresas dependientes de Transportes a Soluciones de Gestión, vinculada a Aldama, ha sido uno de los asuntos críticos del juicio y ha girado en torno a dos extremos: el presunto cobro de mordidas y la orden según la cual un pedido de mascarillas aumentó de cuatro a ocho millones de unidades.

Según detalló Koldo en su declaración como acusado, Aldama le aseguró que podía conseguir material sanitario durante el estado de alarma.

"Jamás, y digo jamás, me dijo que pertenecía a Soluciones de gestión o que había cobrado algo por las mascarillas con contratos que tenía él", expresó, para sostener que lo que hizo fue "intentar ayudar": "En todo lo que pude y en lo que me pedían".

Así, tanto el exasesor como Ábalos negaron haber recibido pagos de parte de Aldama para conseguir que fuera la oferta de Soluciones de Gestión la que se quedase con el contrato de mascarillas.

En cuanto a la orden de duplicar el pedido, funcionarios del Ministerio alegaron que se trató de una decisión técnica, correspondiente a un estudio de necesidades.

Sin embargo, auditoras del Ministerio subrayaron que en "apenas 13 minutos" se duplicaron las mascarillas y que consta que el presunto conseguidor, al que el secretario general de Puertos "le remite esa orden", estaba al tanto.

Por su parte, el empresario dijo: "Compramos ocho millones porque era un problema en China comprar mascarillas". El entonces secretario general de Puertos, Álvaro Sánchez Manzanares, contactó, alarmado, con Aldama: "Estáis locos, cómo vais a hacer esto".

Aldama le dijo que ya se había "arreglado" y que se había decidido que se iban a adquirir ocho millones. "Pero yo no tengo hablado con mi presidente ocho, tengo cuatro", contestó, a lo que el empresario concluyó: "Álvaro, no es mi problema, arregladlo entre vosotros".

EL PISO Y LA CONTRATACIÓN DE JÉSSICA

Jéssica Rodríguez, la expareja de Ábalos, vivió alrededor de dos años en un piso del centro de Madrid que pagaba un socio de Aldama, un presunto regalo del empresario a los coacusados.

Ábalos y Koldo insistieron en demostrar que conocieron a la mujer a través de Aldama, pero tanto el empresario como Jéssica lo negaron, algo que llevó al exministro a inferir que su expareja había sufrido coacciones por parte del presunto conseguidor.

Así las cosas, Ábalos maniobró presuntamente para colocar a Jéssica en empresas públicas. El currículum de la mujer llegó a Isabel Pardo de Vera, entonces presidenta de Adif, quien lo remitió a Ineco, según ella, sin exigencias para que fuera contratada, aunque ordenó que no se la renovara cuando se enteró de que mantuvo una relación con Ábalos, al considerarlo un "conflicto de interés claro".

"Me tienen que reprochar en mis años de ministro dos contratos temporales y porque son dos señoritas, que con una tuve una relación...", se escudó el exministro sobre las contrataciones de su expareja y otra mujer, Claudia Montes, en empresas públicas.