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La maratónica lectura de las acusaciones en el juicio por los cuadernos de las coimas llega a su recta final. En la audiencia número doce -luego de recitar más de 1300 de imputaciones contra los 86 acusados encabezados por Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido, Roberto Baratta y empresarios como Carlos Wagner, Aldo Benito Roggio, Ángelo Calcaterra- el Tribunal Oral Federal N°7 continuará la acusación del caso de cartelización de la obra pública descubierto a partir del análisis de los diarios del chofer Oscar Centeno.

Este expediente -una de tres causas paralelas formadas junto a la principal, todas ellas investigadas y con sus elevaciones a juicio requeridas por el fiscal Carlos Stornelli- se centra en la Cámara Argentina de Empresas Viales, conocida como “La Camarita” en Comodoro Py, con imputados clave como el financista Ernesto Clarens, acusado de organizar el dinero de las coimas junto al empresario Carlos Wagner, un referente en la industria de la obra púbica. CFK, De Vido y López, ex secretario de Obras Públicas, son los principales acusados políticos. Roberto Baratta, por ejemplo, no es parte de este expediente.

Para Stornelli, el supuesto objetivo de esta asociación ilícita era evidente: recolectar coimas, con una suerte de club de reparto de proyectos con dinero público, que garantizaba retornos al Poder Ejecutivo de entre un 3 y un 20 por ciento. Las confesiones de Clarens, López y varios empresarios fueron cruciales para sustentar la acusación, representada en el proceso por la fiscal Fabiana León. De Vido fue, según la fiscalía, “el máximo responsable de concretar el sistema”.

La audiencia previa estuvo marcada por datos notables quie reflejaron los privilegios a los que accedían los empresarios que abonaron los supuestos sobornos. Calcaterra, parte de IECSA, primo de Mauricio Macri, arrepentido en la causa durante la presidencia de Macri mismo, recibió una adjudicación de 23 obras en el período investigado por “un monto total de $2.899.552.917,97″, de acuerdo a la acusación de Stornelli, de cara a los $3,5 millones que supuestamente pagó en sobornos.

Roggio, ex presidente de la firma Benito Roggio e Hijos, está acusado de realizar once pagos espurios entre junio de 2009 y septiembre de 2010 por $5,9 millones. La Dirección Nacional de Vialidad, según el Ministerio Público Fiscal, le adjudicó 22 obras por más $3300 millones.

La audiencia del martes pasado, que se extendió durante casi cinco horas, concluyó en la lectura de las imputaciones a empresarios vinculados a la red tejida por Clarens, casi en la página número 370 de las 420 del pedido de elevación a juicio del caso de cartelización de la obra pública. Se espera que, en la audiencia de hoy, culmine la lectura de la acusación del caso de “La Camarita”.

Si la lectura termina, tal como anunció el juez Enrique Méndez Signori, podrá comenzar hoy jueves la acusación del expediente 18590/2018, de 92 páginas de largo. Esta causa paralel investiga a Julio De Vido, el ex funcionario y arrepentido Claudio Uberti, que encabezó el Órgano de Control de Concesiones Viales, junto a otros ocho empresarios, que investiga las coimas en la concesión del Corredor Vial N°1, supuestamente ocurridas entre 2003 y 2007. El otro expediente paralelo que queda en juego es el que investigó las irregularidades en contratos ferroviarios durante el primer período del kirchnerismo, con Juan Pablo Schiavi como principal imputado.

Comenzó la audiencia: Clarens, el gestor de los pagos truchos

La audiencia número 12 del juicio de los cuadernos comenzó poco después de las 9:25 del jueves. El imputado Pablo Gutiérrez, de la firma Fontana Nicastro, uno de más de los 50 acusados en el caso de “La Camarita”, acusado de un solo pago de cohecho, fue de los primeros en ser mencionado en la jornada.

Carlos Wagner lo delató, tal como Clarens, con quien Gutiérrez reconoció contactos para destrabar pagos en Vialidad. Stornelli, también, indicó una serie de contactos telefónicos con el financista, un caso de tantos en donde el hombre de los números de “La Camarita” dialogaba mano a mano con sus aportantes.

“Carlos Enrique Guillermo Wagner identificó a esa compañía como una de las integrantes del sistema de cartelización, aunque en los mismos términos se expidió Ernesto Clarens, quien oportunamente dijo que en Fontana Nicastro S.A el contacto era con el señor Pablo Gutiérrez”. Según Gutiérrez, conoció a Clarens por Sandro Férgola, otro funcionario de Vialidad investigado.

Jorge Sergio Benolol, de la firma JCR, fue acusado de pagar $85 millones en sobornos, mucho menos que otros grandes empresarios. La historia es la misma aquí, con un ida y vuelta con Clarens que fue plasmado en el expediente.

“Los cuarenta pagos atribuidos al imputado fueron realizados en miras de las cuarenta y cuatro obras que le fueron adjudicadas en ese período, por un total de $5.294.597.026,18. Dentro de ellas, treinta y cinco fueron adjudicadas directamente a JCR SA”, apuntó la fiscalía. Es decir, más de $5200 millones.