El Ciudadano
Por Equipo de Investigación El Ciudadano
Cuando el 1 de abril de 2025 abrió sus puertas el nuevo Ministerio de Seguridad Pública, en oficinas arrendadas en Teatinos 220, a metros del Palacio de La Moneda, había algo más en juego que un simple traslado administrativo. Era el resultado de 18 años de debate legislativo. Una promesa concreta: que Chile dejaría atrás la seguridad pública como administración de la contingencia, para construir por primera vez una política de Estado con visión estratégica, coordinación real y mando civil sobre las policías.
Un año después, esa promesa luce deteriorada. Y no por culpa del tiempo ni de la complejidad del problema. Lo que ocurrió fue más simple y más grave: una nueva administración llegó al poder enarbolando la seguridad como su bandera principal, y en lugar de continuar la arquitectura institucional ya instalada, optó por demolerla. Lo que no lograron en el Congreso —porque perdieron— lo están imponiendo de facto.
La arquitectura que había
La Ley 21.730 no fue un trámite legislativo más. Quienes participaron en su diseño y en la instalación inicial del ministerio recuerdan que el texto legal consagraba 3 pilares doctrinarios que debían transformar el modelo chileno de seguridad.
El primero era el Sistema Nacional de Seguridad y Prevención: una gobernanza integrada capaz de articular ministerios, policías, gobiernos regionales, municipios y organismos especializados bajo una misma lógica.
No se trataba de crear más burocracia. Era exactamente lo contrario: resolver el déficit histórico de instituciones que operan en silos, compiten entre sí y rara vez comparten información relevante. Organismos como la OCDE, el BID y Naciones Unidas llevan años insistiendo en que este tipo de coordinación es el factor más crítico para el éxito de las políticas modernas de seguridad. Chile lo había incorporado finalmente a su legislación.
El segundo pilar era el Sistema Integrado de Información Delictual: una plataforma de interoperabilidad capaz de conectar a Carabineros, PDI, Gendarmería, Fiscalía, SII, Aduanas, el Servicio Nacional de Migraciones, el Registro Civil, el Servicio Médico Legal y otras instituciones con incidencia en el ciclo del delito.
En términos técnicos, se trataba probablemente de la reforma más relevante en décadas para la gestión basada en evidencia. Hasta ese momento, cada institución manejaba sus propias cifras, con sistemas incompatibles y muchas veces cerrados corporativamente. El nuevo sistema buscaba romper esa lógica: cruzar información en tiempo real, detectar patrones territoriales del crimen organizado, hacer seguimiento de causas e identificar vínculos entre personas, organizaciones e instituciones financieras.
El tercer pilar era el fortalecimiento del mando civil sobre las policías: una conducción estratégica y permanente que dejara de depender del humor institucional de cada gobierno o de la buena voluntad de los mandos policiales.
Fuentes que participaron en el diseño e implementación inicial del ministerio coinciden en que durante los primeros meses se lograron avances reales. No suficientes, no consolidados, pero reales. Había una hoja de ruta. Había equipos. Había un propósito.
Cordero: Construir bajo la presión máxima
Luis Cordero asumió como primer ministro de Seguridad en marzo de 2025 en condiciones que no eran las ideales para nadie. El caso Monsalve había dañado severamente la credibilidad del Gobierno en materia de seguridad, y la nueva cartera nacía con el peso político del peor momento posible.
Pero Cordero tenía algo que sus sucesores no tendrían: claridad sobre lo que había que construir. El propio Presidente Boric lo definió al nombrarlo: «El esfuerzo de esta primera fase es instalar a la seguridad pública como una política permanente del Estado, y no simplemente absorbida por la contingencia».
Eso es exactamente lo que Cordero intentó hacer. En 11 meses logró la implementación administrativa y normativa del ministerio, articuló los equipos técnicos de la Unidad Estratégica bajo la dirección de Fabián Gil (exdirector de estudios de Fundación Paz Ciudadana), avanzó en el desarrollo del Sistema Integrado de Información Delictual e impulsó la elaboración de la Política Nacional de Seguridad Pública, que fue aprobada en julio de 2025 por los Consejos Nacionales de Seguridad Pública y de Prevención del Delito, conforme al mandato de la ley.
Al término del Gobierno de Boric, muchas definiciones quedaron proyectadas más que terminadas. Cordero lo sabía. Pero había una arquitectura en construcción, un mapa de ruta y equipos técnicos comprometidos con un objetivo.
Luego de definida la elección presidencial y con los canales cortados para el proceso de traspaso hubo pocas posibilidades de transmitir adecuadamente la complejidad de las tareas que venían desarrollándose, pero Cordero logró establecer diálogo con las nuevas autoridades logrando recomendarles la continuidad de algunas tareas que eran imprescindibles para el cumplimiento de la Ley 21.730.
Así, el compromiso de la nueva administración con el exministro fue mantener a la Unidad Estratégica para dale continuidad al funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad y seguir avanzando en las siguientes etapas del Sistema Integrado de Información delictual.
Sin embargo, a poco andar y primordialmente por la presión que ejerció la Ministra Steiner, se dispuso el despido del equipo completo de la unidad estratégica ministerial, lo que llevó a su jefe Fabian Gil a presentar la renuncia.
Este escenario dio cuenta de la desafección con el mandato legal del la Ley 21.730 y con la perspectiva de Estado que de la ley se desprende.
El propio exministro Cordero, al evaluar el primer mes del Gobierno de Kast, lo dijo sin rodeos: «Esta administración asumió con un plan muy estructurado y organizado en materia de seguridad pública. Uno esperaba que, dada la retórica del gobierno de emergencia, la etapa de instalación tuviera menos improvisación que lo que existe hasta ahora».
Y luego, fue más específico: «La ausencia de un plan. ¿Cuáles son los objetivos que tiene el Gobierno para mediados de año en los indicadores centrales vinculados a temas de seguridad?».
El desmonte
Lo primero que hizo la ministra Trinidad Steinert fue disolver la Unidad Estratégica. El equipo que dirigía Fabián Gil (un grupo reducido pero especializado, integrado por ingenieros informáticos y analistas de datos) fue desmantelado. Desde el gabinete de la Ministra argumentaron que sus funciones «ya eran realizadas por otras divisiones». Pero para quienes conocen el sector, esa justificación no resiste el análisis.
La Unidad Estratégica no era redundante: era la única instancia del ministerio con capacidad real de planificación a largo plazo y gestión de datos integrados.
Lo que ocurrió después, según relatan funcionarios y exintegrantes de los equipos técnicos, tuvo más rasgos de una operación política orientada a desarticular capacidades instaladas que de una reestructuración administrativa propiamente tal.
El proceso comenzó con la disolución de facto de la estructura interna de la Subsecretaría de Prevención del Delito —organismo que actúa como soporte estratégico y operativo del Ministerio de Seguridad Pública— sin que existiera una arquitectura de reemplazo ni una redefinición formal de funciones. La resolución firmada por la subsecretaria se limitó, en términos prácticos, a dejar sin efecto el manual interno de funciones vigente hasta ese momento.
Dos semanas más tarde, una nueva resolución modificó el organigrama institucional. Pero tampoco estableció funciones, atribuciones ni responsabilidades específicas para las nuevas dependencias. Era, describen fuentes internas, «un organigrama vacío». La diferencia sustantiva era otra: el Departamento de Gestión Estratégica simplemente desaparecía de la estructura.
La señal no pasó inadvertida dentro del ministerio. Según profesionales que participaron en la instalación de la nueva institucionalidad, dicha unidad no era una repartición menor. De acuerdo con el Reglamento del Sistema Nacional de Seguridad (que continúa vigente) el Departamento de Gestión Estratégica cumplía un rol central como soporte de la Secretaría Técnica del Sistema Nacional y como articulador de proyectos críticos para la implementación de la Ley 21.730, entre otros, el Sistema Integrado de Información Delictual.
Su eliminación tuvo efectos inmediatos. Entre ellos, el despido del ingeniero que encabezaba el desarrollo del Sistema Integrado de Información Delictual, uno de los proyectos tecnológicos más sensibles de la nueva institucionalidad (no hubo evaluación de desempeño previa, ni proceso formal). La salida fue abrupta y sin fundamento técnico verificable. Ese conocimiento no se reemplaza fácilmente. Y no se reemplazó.
La acción posterior fue la presión para forzar la salida del jefe del departamento, un funcionario de carrera reconocido transversalmente por haber sido clave en el proceso de instalación del ministerio. Distintas fuentes comparan lo ocurrido con la salida previa de Fabián Gil: una señal de desmantelamiento progresivo de las capacidades técnicas que habían sostenido el diseño estratégico original.
Lo que refuerza las dudas sobre el carácter de la medida es que la llamada «reestructuración» no alteró significativamente otras áreas de la subsecretaría. Para varios funcionarios consultados, el rediseño administrativo pareció concentrarse exclusivamente en desmontar los equipos vinculados a planificación estratégica, interoperabilidad y coordinación sistémica, precisamente los pilares que la ley había definido como prioritarios para el nuevo Ministerio de Seguridad Pública.
La pregunta que circula entre exintegrantes de los equipos técnicos es si hubo una decisión deliberada detrás de estas salidas. Fuentes vinculadas al proceso señalan que la Subsecretaría de Prevención del Delito habría operado con un mandato político explícito: desplazar a todo el personal anterior vinculado a las tareas de implementación estratégica, independientemente de su idoneidad técnica o sus resultados.
Si esa lectura es correcta, no se trataría de una reestructuración administrativa, sino de una purga política con consecuencias institucionales que el ministerio tardará años en absorber.
El contraste con la gestión de Cordero es elocuente. El primer ministro de Seguridad llegó con un equipo de no más de 15 personas entre asesores directos, la Unidad Estratégica y su gabinete inmediato. La austeridad no era una señal de precariedad: era una apuesta deliberada por la calidad técnica de los equipos de carrera por sobre el volumen político.
Steinert, en cambio, conduce un equipo ministerial que según fuentes internas supera las 30 personas y ha ido solicitando cupos adicionales a las subsecretarías para robustecer su círculo de confianza en el nivel central. Una proporción significativa de ese contingente está integrada por exoficiales de las Fuerzas Armadas —en varios casos, excoroneles del Ejército— sin experiencia acreditada en gestión pública ni en políticas de seguridad civil.
Las consecuencias prácticas de esa composición son graves. Según fuentes que conocen la operación interna del ministerio, buena parte de estos equipos carece de las competencias mínimas para comprender los procesos institucionales en curso, lo que hace materialmente imposible sostener un diálogo técnico fluido con las instituciones del sistema de seguridad: Carabineros, PDI, Fiscalía, Gendarmería o los servicios especializados.
Ante ese escenario, la administración ha debido recurrir a designaciones transitorias y suplencias para sostener parte de la estructura directiva del ministerio. De acuerdo a fuentes internas, varios de los funcionarios incorporados como jefaturas de confianza no cumplirían aún con los requisitos mínimos establecidos en la normativa para ejercer formalmente esos cargos, particularmente en materias de experiencia profesional, años de estudio o especialización técnica.
Esto ha obligado a que funcionarios de carrera y equipos técnicos de las subsecretarías asuman interinamente funciones de jefatura mientras las autoridades intentan regularizar las designaciones. Para profesionales del sector, la situación refleja no solo improvisación administrativa, sino también las dificultades de compatibilizar criterios políticos de nombramiento con las exigencias técnicas que demanda una institucionalidad tan compleja como el nuevo Ministerio de Seguridad Pública.
Esto no es un problema administrativo menor. La Ley 21.730 estableció expresamente que el mando civil sobre las policías debía ejercerse con capacidad técnica real, no solo con autoridad formal. Lo que ocurre hoy en Teatinos 220 es casi lo opuesto: autoridad formal sin sustento técnico, lo que en la práctica equivale a no tener mando civil alguno.
Entretanto, el Sistema Integrado de Información Delictual quedó en suspenso. Nadie asumió con claridad el rol del ingeniero desvinculado. El proyecto no fue traspasado, no fue documentado formalmente para su continuidad, no fue asignado a otra unidad con capacidad equivalente. Sencillamente quedó paralizado. Lo que en términos técnicos cuesta años construir (no solo los sistemas, sino las confianzas institucionales para que funcionen) puede deshacerse en semanas con una decisión administrativa y una purga de personal. Eso es exactamente lo que ocurrió.
Vale recordar el contexto legislativo de esta demolición. Durante la discusión parlamentaria de la Ley 21.730, los republicanos fueron los únicos en oponerse sistemáticamente a los mecanismos de coordinación técnica, a la Unidad Estratégica y a la arquitectura institucional que hoy se está desarmando. Lo que no lograron frenar en el Congreso, lo están ejecutando desde el Ejecutivo.
Respecto al presupuesto, el gobierno anunció inicialmente un recorte de $72.669 millones para el Ministerio de Seguridad, aplicando el mismo ajuste general del 3% que al resto de las carteras. La contradicción era evidente: el mismo gobierno que llegó prometiendo una «emergencia en seguridad» trataba presupuestariamente a su ministerio más emblemático como si fuera uno más.
Aunque ese recorte finalmente no se ejecutó (en parte por la presión política que se generó) el episodio dejó en evidencia algo más preocupante que el monto: la ausencia de una priorización real de la agenda de seguridad más allá del discurso. Se puede retirar un recorte. No se puede retirar tan fácilmente la señal política que envía.
El plan Kast: Fuegos artificiales sin norte
En lugar de la arquitectura institucional que encontró, el Gobierno de Kast optó por una política de golpes mediáticos de corto alcance. Operativos masivos con miles de detenidos. «Plan Escudo en Ruta» entre Arica y Antofagasta. Controles de identidad en las calles. Cifras semanales de homicidios publicadas en los portales de transparencia. Todo pensado para el titular de noticias, poco pensado para el problema de fondo.
El «Plan Implacable» que Kast presentó durante su campaña ya mostraba los problemas de esta visión. Sus propuestas se concentraban en penas más duras, presencia militar en fronteras, cárceles especiales y militarización de la seguridad interna.
Un análisis de CIPER publicado en abril de 2025 identificó que de las 37 propuestas de seguridad del candidato Kast, la mayoría apuntaban a inmigración y sistema carcelario, mientras la coordinación estatal y la información e inteligencia recibían un espacio marginal. Lo que la Ley 21.730 puso al centro, Kast lo dejó en la periferia.
Y lo más grave: el llamado plan de gobierno en seguridad no guarda ninguna relación con la Política Nacional de Seguridad Pública aprobada en julio de 2025 conforme a los mecanismos consagrados en la propia ley. Esa política fue construida con participación de los Consejos Nacionales de Seguridad Pública y de Prevención del Delito, siguiendo el procedimiento institucional que la ley establece. Es el instrumento vigente. El Gobierno la ignora.
El resultado está a la vista. A casi 2 meses del inicio de la administración, el académico Cristián Riego, de la Universidad Diego Portales, es lapidario: «Las señales del ministerio solo parecen expresar improvisación. No creo que haya un problema de comunicación. Es una cuestión de fondo. La actuación del Gobierno en seguridad desconcierta a la población y hace muy difícil ser optimista».
Desde el propio oficialismo las críticas no tardaron en aparecer. El senador Rodolfo Carter, cuyo entorno había presionado para que él mismo asumiera el ministerio, calificó de «impresentable» la ausencia de la ministra en la Comisión de Hacienda y advirtió que «a la ministra Steinert se le está acabando el tiempo». El diputado Iván Flores habló de «sequía legislativa» y denunció que a la Comisión de Seguridad del Senado no había llegado ningún proyecto gubernamental.
Steinert respondió de diversas maneras a estas críticas, ninguna del todo convincente. En una entrevista con La Tercera, fijó un plazo de un año para que la ciudadanía perciba mejoras. Luego habló de «seis meses». Prometió duplicar la dotación de Carabineros en 4 años. Hizo un mea culpa comunicacional: «Me ha faltado saber comunicar».
En ninguna de esas instancias apareció una explicación clara sobre por qué se disolvió la Unidad Estratégica, qué ocurrirá con el Sistema Integrado de Información Delictual, ni cómo se relaciona el plan de gobierno con la Política Nacional de Seguridad vigente.
Lo que se pierde cuando se desmonta lo que cuesta construir
Hay una frase que repiten quienes trabajaron en la instalación del ministerio: «En seguridad pública, desmontar capacidades cuesta años. Lo complejo no es diseñar los sistemas; es construir las confianzas institucionales para que funcionen».
Eso es lo que está en juego. No solo la pérdida de personas clave o la discontinuidad de proyectos técnicos. Lo que se pierde es algo más difícil de reponer: la confianza interinstitucional que permite que Carabineros comparta datos con la PDI, que la PDI los cruce con el SII, que la Fiscalía acceda a inteligencia criminal en tiempo real. Esa confianza no se instala con un decreto ni se recupera con un operativo mediático.
El riesgo político de fondo es que el fracaso del modelo de coordinación e inteligencia estatal fortalece precisamente el relato de quienes sostienen que las soluciones institucionales complejas no funcionan. Que lo que Chile necesita es más uniformados en la calle, más militares en la frontera, más años de cárcel. Que la evidencia y los datos son para los académicos, no para quienes gobiernan.
Es el relato que Kast construyó en campaña y que ahora, paradójicamente, su propio gobierno está consolidando con su incapacidad de gestión: al desmantelar las herramientas que habrían demostrado que el Estado puede ser inteligente frente al crimen, están dejando al país sin argumento contra el punitivismo.
La seguridad pública rara vez colapsa de golpe. Lo hace lentamente, cuando los sistemas dejan de coordinarse, cuando la información deja de circular, cuando la política reemplaza la construcción institucional por la administración de la contingencia.
Eso era exactamente lo que la Ley 21.730 intentaba evitar. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo.
Nombramiento de Steiner: «Muy inadecuado»
Para Esteban Tumba, presidente de la Federación de Funcionarios del Ministerio del Interior y Servicios Afines (Fenaminsa), la instalación del gobierno en materia de seguridad se complicó cuando se quedó sin candidato para ocupar el sillón de ministro, afirmando que el nombramiento de la ministra Steiner «fue una opción posterior y, por lo visto, muy inadecuada».
«Este no es un juicio ligero, nuestra federación siguió muy de cerca y fue parte del proceso legislativo a partir del ingreso de las indicaciones sustitutivas que hizo el gobierno del expresidente Boric al proyecto del expresidente Piñera. El transcurso del debate legislativo fue decantando en una especie de consenso bastante generalizado desde la izquierda a la derecha, con excepción de republicanos y libertarios, que se opusieron desde un comienzo a la creación del nuevo Ministerio de Seguridad ya que ello implicaba sólo más burocracia», planteó el dirigente.
Este aspecto es fundamental para entender el actual momento, ya que el sector republicano, actualmente en el gobierno, «no participó del consenso acerca de los elementos centrales del proyecto, que apuntaban a abordar por fin el comportamiento desalineado de órganos del Estado chileno proponiendo una forma de gobernanza y una infraestructura de manejo de datos e información».
«Sin embargo, la Ministra de Seguridad Pública y la Subsecretaria de Prevención del Delito provienen de ese mundo, que se opuso y se situó fuera del consenso», agregó Esteban Tumba.
«Si partimos de esos hechos, se entienden medidas de la Subsecretaria Quintana, como la publicación de información inútil (por ser incompletas y transitorias) sobre homicidios o sus declaraciones en medios informativos en donde hace descansar la responsabilidad de la Seguridad Pública en la ciudadanía, mientras ella está a cargo de una de las áreas centrales de las políticas y gestión pública en materia de Seguridad», puntualizó el representante de Fenaminsa.
El dirigente advierte que así también se comprende «el desmantelamiento que entre la ministra y la Subsecretaria han ido haciendo de las áreas estratégicas del nuevo sistema, precisamente aquellas que pueden asegurar avances institucionales, para privilegiar lo mediático, lo operativo, tal como si todavía fuese fiscales persecutores y, todavía así, con errores de implementación, ya que si hubiesen estado atentas al proceso legislativo que dio origen a la ley que rige el ministerio, habrían sabido que se produjo bastante debate en las comisiones parlamentarias cuando se decidió dejar la Ley de Seguridad Interior del Estado en manos del Ministerio del Interior y no en manos de su cartera».
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