El Ciudadano
Las organizaciones No + Zonas de Sacrificio junto a la Asamblea Ecologista de Chile, han convocado a una manifestación nacional el miércoles 15 de julio, en contra de la megarreforma impulsada por el Gobierno de Kast.
Las convocatorias son en el Congreso Nacional en Valparaíso, por la Calle Victoria; y al frente del exparlamento en Santiago, «extendiéndose la convocatoria a todos los territorios que quieran unirse a nivel nacional», señalaron ambas organizaciones en una nota de prensa.
«El llamado es a las 15:00 horas justo cuando empezarán las votaciones de la megarreforma en la Sala del Senado», agregaron las agrupaciones convocantes, que advirtieron la amenaza que significa este proyecto de Kast «para la Naturaleza de Chile y para su estabilidad económica».
En conversación con El Ciudadano, Cristóbal Sepúlveda, dirigente de No + Zonas de Sacrificio, remarcó que la iniciativa de La Moneda «abarca puntos que dejan en peligro el ejercicio de la ley ambiental», por lo que aseguró que su organización apoya que se envíe al Tribunal Constitucional «al menos esta parte del proyecto».
«El punto más polémico, que ha sido criticado por constitucionalistas, por expertos del derecho administrativo, por parlamentarios de oposición y que incluso la CPC y la Sofofa han alertado que no es una buena medida y que va a producir muchos conflictos, se refiere a este ‘seguro’ que quiere aprobar el gobierno, una indemnización que establece una suposición de falta de servicios del Estado toda vez que una empresa pierde su RCA ante los tribunales ambientales».
«Es decir, si una empresa presenta un proyecto dentro del proceso de evaluación ambiental y este posteriormente es anulado ante tribunales ambientales que aplican la ley vigente, toda vez que ocurra eso, intrínsecamente se va a entender que existe una falta de servicio por parte del Estado y el Estado va a tener que desembolsar miles de millones de pesos para indemnizar a las empresas», señaló el ambientalista.
Para Sepúlveda, este escenario es grave pues «puede existir la posibilidad de que empresas o proyectos económicos se presenten a los procesos de evaluación ambiental exclusivamente para recibir la indemnización».
«Van a salir ganando igual, o sea, podrían presentar proyectos que son incompatibles con nuestra normativa ambiental para que después sean anulados en los tribunales ambientales y el Estado deba desembolsar de las arcas fiscales para pagar sumas millonarias. Estos proyectos van a tener que ser indemnizados constantemente, y eso puede desestabilizar la economía del Estado de Chile», enfatizó.
Por su parte, Alejandra Parra de la Red de Acción por los Derechos Ambientales (RADA), recordó que hoy «estamos sufriendo una triple crisis planetaria: climática, de contaminación y de biodiversidad. Chile no está exento de estas crisis, al contrario, también las estamos sufriendo».
«Cada año vemos más incendios, más grandes, más potentes, y en el invierno, episodios de tormenta también más fuertes, con consecuencias devastadoras para algunos territorios. Esto es producto de la crisis climática, alimentada por la crisis de biodiversidad que es la pérdida masiva de especies en el mundo, y la crisis de contaminación, que también se ve alimentada y alimenta las otras dos crisis», explicó Parra a El Ciudadano.
Por esto, para la dirigenta, «lo que necesitamos es fortalecer la institucionalidad ambiental y la protección del medioambiente, y lo que hace la ley de reconstrucción es todo lo contrario».
«Es debilitar la posibilidad de que la ciudadanía participe en las evaluaciones ambientales, o pueda reclamar cuando un proyecto se aprueba en contra de lo que establecen las leyes y en contra de los derechos de las comunidades que habitan los territorios donde se pretenden instalar los proyectos extractivistas», alertó la representante de RADA.
En la contraparte, agregó, el proyecto de Kast «ofrece a las empresas la posibilidad de pedir indemnización cuando un proyecto con RCA favorable sea declarado ilegal en un tribunal ambiental, y también restringe las posibilidades que la ciudadanía pueda reclamar a los tribunales ambientales, pretendiendo además dejar en manos exclusivamente del Servicio de Evaluación Ambiental la aprobación o rechazo de los proyectos».
«Estas son grandes amenazas a nuestros territorios. Lo que debería estar sucediendo con la legislación en Chile es fortalecerse, aumentar la protección ambiental, aplicar el principio de no regresión y progresividad que está establecido en el Acuerdo de Escazú y no retroceder en la protección que es lo que hace este proyecto de ley. Por eso es muy importante que salgamos a la calle a defender nuestros derechos ambientales, nuestros territorios y a la naturaleza», cerró Alejandra Parra.
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