El Ciudadano
La investigación por presunto fraude al fisco que enfrenta la senadora Camila Flores (RN) sumó un nuevo y delicado capítulo luego de que la Fiscalía Regional de Valparaíso tomara declaración en calidad de imputado al presidente de la Asociación de Notarios y Conservadores, Carlos Swett.
La citación del conservador de Concón responde al testimonio de un exasesor de la parlamentaria, quien aseguró haberlo visto entregar un sobre en la puerta de la casa de la senadora, sin llegar a ingresar al domicilio. El Ministerio Público busca establecer si dentro de ese sobre había dinero en efectivo, un hecho que el propio Swett habría negado durante su comparecencia.
CIPER reveló que según fuentes cercanas a la diligencia, el conservador reconoció que efectivamente acudió a la vivienda de Flores durante una mañana del segundo semestre de 2025 y que le hizo entrega de un sobre, pero sostuvo que su contenido eran exclusivamente documentos, descartando cualquier tipo de transacción económica.
No obstante, la declaración del exasesor Julio Lillo —quien ya había respaldado con antecedentes bancarios la denuncia de que la senadora le exigía parte de su sueldo— no aportó evidencia concreta sobre el contenido de aquel sobre. Ante la ausencia de pruebas materiales, la fiscalía activó diversas diligencias para esclarecer el hecho, entre ellas la comparecencia de Swett y su abogado, Juan Carlos Manríquez.
Durante el interrogatorio, el Ministerio Público también indagó el rol que Swett y la asociación que preside tuvieron en la tramitación de la Ley de Reforma Notarial y Registral, promulgada en julio de 2025. En ese proceso, la entonces diputada Camila Flores participó activamente como integrante de la Comisión de Constitución de la Cámara y de la Comisión Mixta.
La parlamentaria, junto a otros legisladores, criticó en su momento que el proyecto no ponderara suficientemente la experiencia y el mérito para el nombramiento de nuevos notarios titulares. El entonces ministro de Justicia, Jaime Gajardo, justificó la postura oficial señalando que informes de la Fiscalía Nacional Económica advertían que, en la práctica, el acceso al cargo de notario titular estaba reservado a quienes hubieran ejercido previamente como suplentes, un requisito que no estaba formalmente establecido en la normativa.
Vínculo entre Flores y Swett
El vínculo entre Flores y Swett data de años atrás. Según versiones de cercanos al conservador, ambos se conocen desde que Swett ejercía como notario de Quilpué, comuna que Flores representa desde sus inicios como diputada. Este antecedente cobra relevancia en medio de una causa que ya ha sacudido el entorno parlamentario.
En paralelo, la defensa de la senadora, a cargo del penalista Samuel Donoso, ha desplegado una ofensiva judicial para cuestionar la legalidad del allanamiento realizado el 6 de mayo por el OS9 de Carabineros en la oficina de Flores en el Senado y en su domicilio de Viña del Mar y presentó un recurso de amparo para dejar sin efecto la diligencia, sino también la devolución de los objetos requisados y la eliminación de toda la información obtenida de los dispositivos.
La Corte de Apelaciones de Valparaíso declaró inadmisible el recurso el 10 de junio, pero la defensa apeló ante la Corte Suprema, que el 22 de junio revocó la resolución y declaró admisible la presentación. A raíz de ello, el tribunal porteño solicitó al Juzgado de Garantía de Valparaíso un informe sobre la resolución que autorizó la medida intrusiva. Dicho documento, revisado por CIPER, detalla que el 29 de abril se autorizó el ingreso a la oficina de la senadora y el acceso al tráfico de llamadas y datos de su celular desde marzo de 2018, así como a los teléfonos de su secretaria, Yolanda Olfos, y de sus asesores Julio Lillo y Heidi Serrat. También permitió a la fiscalía respaldar y revisar el contenido de correos electrónicos, servicios de almacenamiento en la nube y aplicaciones de mensajería como WhatsApp, Telegram y Signal-
En la solicitud de allanamiento también constan los mensajes de WhatsApp y parte de la declaración que Lillo prestó ante la PDI el 23 de febrero, donde afirmó que desde 2019 entregó mensualmente parte de su sueldo —montos que llegaron a los $1,8 millones— a Yolanda Olfos bajo amenaza de perder su empleo. La fiscalía incorporó además cartolas bancarias del exasesor, en las que se aprecia el depósito de su sueldo y un giro de $1,2 millones realizado dos días después.
Tanto Flores como su defensa se han negado a referirse al caso, argumentando la reserva de la carpeta investigativa. El Ministerio Público también declinó entregar declaraciones. Por su parte, Carlos Swett y su abogado se excusaron con CIPER de hacer comentarios, invocando la estricta reserva que pesa sobre las diligencias.
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