El Ciudadano
La Comisión Ingresa, que tiene a su cargo la administración del Crédito con Aval del Estado (CAE), entregó su cuenta pública 2025, en la que reveló que el monto de los aranceles financiados con este mecanismo crediticio para estudios de educación superior, alcanzó su máximo histórico en 2025.
En su informe, la entidad indicó que 1 millón 337 mil personas han solicitado el CAE, desde su primera asignación en 2006 y hasta el año 2025.
Asimismo, informó que el año pasado se registró un total de 59,6 mil estudiantes que completaron el proceso de asignación del financiamiento y firmaron sus respectivos contratos del crédito. Esta cifra representa un incremento de 1,5 mil beneficiarios con respecto a 2024.
Con este número de nuevos beneficiarios (59,6 mil) el monto de aranceles financiados se situó en 155.800 millones de pesos ($), lo que representa el máximo histórico alcanzado desde que comenzaron las asignaciones en 2026, mientras e que l Fisco concentra cada vez más peso en una cartera marcada por deuda, morosidad y garantías estatales…
«Esto se explica por el ajuste que han experimentado los aranceles reales y de referencia, reflejando el aumento del costo de la vida en general (considerando la importante variación de precios entre 2020 y 2022) y el aumento del costo de la educación en particular», indicó la Comisión.
Respecto a la totalidad de los nuevos créditos otorgados, las cifras reveladas indican que el 55% del monto acumulado ha sido destinado a sufragar los aranceles gestionados por quienes se identifican con el género femenino. En particular, durante el año 2025, las solicitudes de este grupo recibieron financiamiento por aproximadamente $82,6 mil millones de pesos, mientras que las presentadas por quienes se identifican con el género masculino sumaron $68,2 mil millones.
Más de 1 millón de personas están en etapa de pago del CAE
La cuenta pública también dio a conocer detalles sobre el universo de deudores del CAE que están en etapa de
pago, que abarca tanto a quienes tienen un cuadro de pago activo, como a aquellos con deuda acelerada y con garantía ejecutada debido a una prolongada morosidad.
Al cierre de 2025, el total de deudores en período de pago asciende a 1 millón 29 mil personas. De esta cifra, 805 mil son egresados de educación superior (78%) y 224 mil corresponden a quienes abandonaron sus estudios sin titularse (22%).
En cuanto a los montos adeudados, el saldo global de quienes tienen obligación de pago alcanza las UF 237 millones ($9.678.925.950.000). De ese total, el 85% , equivalente a UF 201,1 millones ($8.208.709.350.000) pertenecen a egresados, mientras que el 15, que representa UF 36,3 millones ($1.482.468.405.) corresponden a quienes desertaron de sus carreras.
Por su parte, los desembolsos realizados para financiar parcial o totalmente el arancel de carreras técnicas y profesionales,
conforman una cartera de créditos que, al 31 de diciembre de 2025, alcanzó un saldo total de UF 310 millones, el cual equivale a $12.659.355.300.000.
“A pesar de esta estabilidad porcentual, se ha observado un cambio progresivo en la dinámica de participación de las instituciones financieras durante el último tiempo”, señaló la cuenta pública de Ingresa
Según el documento esta situación, “se ha visto reflejada en una menor concurrencia de los bancos a participar en los procesos de licitación de nuevos créditos; una creciente venta de su cartera al Fisco; y una intensificación del cobro de garantías, proceso asociado al incremento de la morosidad de los deudores”.
A raíz de lo anterior, y tras el pago de las garantías efectuado por el Fisco y las instituciones de educación superior, la participación estatal registró un incremento interanual de tres puntos porcentuales, con la siguiente distribución: el Fisco concentra el 71% de los recursos, los bancos el 22% y las instituciones de educación superior el 7% restante.
Máximo histórico en la tasa de cobro de garantías
Por otra parte, el organismo llevó a cabo un estudio sobre la tasa de cobro de garantías, indicador que se define como el cociente entre el número de garantías ejecutadas y la cantidad de deudores en mora.
En el caso de los deudores egresados, la tasa de cobro evidenció un descenso entre 2013 y 2014, manteniéndose en un promedio cercano al 15% del total de afectados con cuotas impagas. Sin embargo, a partir de 2015 y con un repunte especialmente notorio tras la pandemia, se observa un crecimiento sostenido que alcanzó el 61% en 2020, 69% en 2021, 71% en 2022, 72% en 2023 y 77% en 2024. Finalmente, en 2025 esta tasa tocó su máximo histórico, llegando al 84%.
En medio de la polémica que causó el hecho de que la Tesorería General de la República haya a vaciado cuentas bancarias de cientos de deudores del crédito estudiantil inmediatamente después de que estos percibieran sus remuneraciones, la entidad informó que durante 2025 la morosidad se incrementó en 3% en el caso de los egresados y un 1% entre quienes desertaron con respecto a 2024.
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