El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) ha registrado que, entre el 13 y el 16 de marzo de 2026, al menos 35 actos de represión, incluyendo detenciones, amenazas y vigilancia policial, afectaron principalmente a manifestantes, periodistas, activistas y familiares de opositores al gobierno cubano, de acuerdo con lo reportado por el propio OCDH. Este dato surge después de que el gobierno de Cuba anunciara la excarcelación de 51 presos políticos, una medida que, según la organización de derechos humanos, no se ha cumplido plenamente.
Según informó el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, desde la declaración sobre la liberación de reclusos tras la intervención diplomática del Vaticano, el gobierno ha intensificado su respuesta represiva. El OCDH afirmó que solamente 21 presos políticos han sido liberados hasta el momento, cifra menor a la anunciada oficialmente. Paralelamente, el grupo reportó que al menos 15 personas fueron detenidas en ese periodo, de las cuales doce aún siguen bajo custodia o su liberación no ha quedado confirmada por las autoridades, situación que incluye a dos menores de edad.
El OCDH indicó que muchas de las detenciones más recientes se relacionan con manifestaciones ocurridas en la localidad de Morón, en la provincia de Ciego de Ávila. Además, la organización ha mencionado la existencia de diversas acciones de presión, tales como arrestos domiciliarios, vigilancia constante por parte de la policía en los domicilios de opositores y lo que describió como uso excesivo de la fuerza contra quienes participaron en protestas. El comunicado emitido por la entidad subraya que estos incidentes representarían un “patrón de presión y control” con el objetivo de contener la protesta social y restringir los derechos fundamentales de la población.
El contexto de estas denuncias incluye las declaraciones previas del Ministerio de Exteriores cubano, el cual anunció cinco días antes la puesta en libertad de 51 personas encarceladas, como resultado de la mediación del Vaticano, tradicional interlocutor en procesos humanitarios y negociaciones similares en la isla. Sin embargo, la organización Prisoners Defenders (PD) señaló que, hasta febrero de 2026, el total de presos políticos asciende a 1.214 personas, cifra superior al reporte de enero del mismo año, cuando se contabilizaron 1.207 casos, mencionó la misma ONG, en lo que confirma una tendencia al alza en el número de personas encarceladas por motivos políticos.
El reporte del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y las cifras difundidas por Prisoners Defenders sobre la situación carcelaria han puesto de relieve el contraste entre las promesas de excarcelación y la persistencia, e incluso el incremento, de acciones represivas por parte de las fuerzas estatales cubanas. Según publicó el OCDH, las medidas tomadas por las autoridades abarcan desde la intimidación hasta la privación de la libertad, afectando no solo a quienes participan directamente en manifestaciones sino también a su entorno familiar y a otros sectores de la sociedad civil como periodistas y defensores de derechos humanos.
Distintas organizaciones han coincidido en señalar la permanencia de menores entre las personas detenidas, hecho al que el OCDH ha concedido especial relevancia en su último comunicado. La documentación de estos arrestos y la falta de confirmación sobre el estado de algunos de los detenidos resaltan la opacidad en los procesos y la preocupación de la sociedad civil respecto a la garantía de los derechos procesales y de protección de la infancia en estos contextos.
El OCDH, junto a otras entidades como Prisoners Defenders, ha subrayado que más allá de los anuncios de excarcelaciones y de iniciativas diplomáticas, la infraestructura represiva y coercitiva no muestra señales de retroceso. El medio continúa informando sobre una constante vigilancia policial y nuevas restricciones en los movimientos de opositores, sumando también las amenazas y presiones psicológicas como parte de la dinámica estatal para controlar la disidencia y limitar la capacidad de organización y expresión de la sociedad civil.
En este escenario, tanto el Observatorio Cubano de Derechos Humanos como Prisoners Defenders siguen monitoreando los acontecimientos y actualizan periódicamente la información relativa tanto al número de personas privadas de libertad por motivos políticos como a las formas de presión ejercidas sobre los distintos sectores que expresan su desacuerdo con el gobierno cubano, reportó también la organización de defensa legal.
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