El Ciudadano
El abogado Francisco Ugás Tapia, representante del excapitán del Ejército Rafael Harvey, planteó una exigencia que trasciende la sentencia judicial: que la institución castrense pida perdón a todas y cada una de las 14 víctimas de la Operación Topógrafo, ejecutada entre 2016 y 2018
Esta solicitud se enmarca en una histórica resolución del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, que condenó a cinco años de presidio a dos altos exfuncionarios por delitos de falsedad ideológica y vulneración de telecomunicaciones, en un caso que remeció los cimientos de la democracia chilena.
La audiencia de lectura del fallo que determinó la culpabilidad de Juan Manuel Poblete, exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago y expresidente de la Corte de Apelaciones de Copiapó, y de Schafik Nazal, exdirector de Inteligencia del Ejército. Ambos fueron sancionados como coautores de ilícitos de infracción a la Ley general de Telecomunicaciones y de los delitos reiterados de falsedad ideológica de instrumento público. Los delitos se perpetraron en contra del ex capitán Harvey, del periodista Mauricio Weibel y otras 12 víctimas, en el marco de la conocida Operación Topógrafo,, la causa que indagó interceptaciones telefónicas ilegales realizadas contra periodistas, denunciantes de corrupción y exfuncionarios del Ejército.
El abogado Ugás valoró la sentencia como un hecho histórico en la historia judicial chilena, subrayando que “ambos condenados se valieron delictivamente de sus cargos, de sus funciones, del sistema de inteligencia y de los mecanismos legales previstos en dicha ley para cometer estos delitos”.
Para el jurista, este pronunciamiento representa “un hito relevante en nuestra democracia, en lo que constituye la lucha contra la corrupción”.
Durante la audiencia, el magistrado Freddy Cubillos informó las penas impuestas: cinco años de presidio menor en su grado máximo para ambos acusados como coautores de ilícitos reiterados de infracción al artículo 36 B, letra c), de la Ley N°18.168 (Ley general de Telecomunicaciones), y delitos reiterados de falsedad ideológica de instrumento público, contemplados en el artículo 193 N°4 del Código Penal. No obstante, la privación de libertad fue sustituida por la de libertad vigilada intensiva, con la obligación de realizar un curso sobre el aprendizaje, respeto y promoción de los derechos humanos, aspecto que Ugás destacó como fundamental para la resocialización de los condenados.
El representante legal de Harvey enfatizó que “el Estado y el derecho penal debe contribuir a la formación y resocialización de los delincuentes de esta naturaleza, inculcándoles la más humana de todas las disciplinas: los derechos humanos”. Esta perspectiva resalta la visión restaurativa que, según el abogado, debe imperar en casos de alta corrupción.
En sus declaraciones, Ugás planteó que “esta sentencia, además, en una referencia relevante que le dice a nuestra sociedad, y en especial a quienes han cometido estos delitos, que el Estado Democrático de Derecho siempre va a reaccionar, y de manera enérgica, contra quienes usan el Estado, en tanto en cuanto funcionarios, para vulnerar los derechos humanos y garantías fundamentales de las personas”.
Con estas palabras, el jurista proyectó el fallo más allá del caso concreto, convirtiéndolo en un precedente para futuros procesos contra el abuso institucional.
El Ejército debe pedirle perdón a las víctimas de la Operación Topógrafo como una medida de reparación
Ugás también extendió un llamado directo al Ejército de Chile a ofrecer una disculpa pública a las víctimas de la Operación Topógrafo, un episodio que puso en evidencia cómo altos mandos utilizaron recursos del Estado y personal a su cargo para hostigar y perseguir ilegalmente a quienes levantaban la voz para denunciar prácticas irregulares y actos de corrupción.
. “Considero que si bien fueron estos sujetos los condenados, ellos actuaron siendo parte integrante de sus instituciones, usando recursos fiscales y funcionarios para acometer sus delitos”, reflexionó el jefe Jurídico del Estudio Caucoto Abogados.
“Juzgo valioso que el Ejército de Chile, como una medida de reparación, le pida perdón a todas y cada una de las 14 víctimas de este episodio”, así como a los funcionarios institucionales probos que, en su momento, representaron la ilegalidad de lo que se estaba haciendo y no fueron escuchados, tal como se estableció en la investigación.
El pedido de disculpas del abogado Ugás apunta, por tanto, a una reparación simbólica que reconozca el daño causado y restaure la confianza en una institución que debe velar por la legalidad y el respeto a los derechos humanos.
El fallo y las declaraciones del representante de Harvey dejan en el aire una interrogante crucial: ¿asumirá el Ejército su cuota de responsabilidad institucional más allá de los condenados individuales? Mientras la justicia penal ha actuado, el perdón público sigue siendo una deuda pendiente que, según la defensa, sería un paso indispensable para cerrar las heridas de un capítulo oscuro en la historia reciente de Chile. La exigencia de Ugás resuena como un recordatorio de que la reparación integral de las víctimas no se agota en las sentencias judiciales, sino que requiere un reconocimiento ético y moral por parte de las propias instituciones que fallaron en su deber de proteger a quienes denunciaban la corrupción desde su interior y ofrecer garantías de no repetición.
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