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La propuesta del candidato presidencial de la derecha y centroderecha contempla, en un principio, eximir del pago del impuesto territorial a las personas mayores de 65 años, para luego, en la medida que las finanzas públicas lo permitan, avanzar hacia la universalidad. De acuerdo a ello, el universo inicial de beneficiados sería de casi 400 mil personas, con un costo de US$ 170 millones por año. Este subiría a US$ 380 millones en caso de ampliarse a todos. La idea es ingresar un proyecto de ley en los primeros 90 días del nuevo gobierno, para que ya en el segundo semestre de 2026 los adultos mayores dejen de pagar contribuciones.
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