Madrid, 27 mar (EFE).- El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha sugerido al Gobierno numerosos cambios en el proyecto de ley que está preparando para regular la gobernanza y el uso de la inteligencia artificial (IA) para que ese texto sea plenamente coherente con el Reglamento Europeo que regula la utilización de esta tecnología.
Este órgano ha detectado varias incoherencias y desajustes técnicos en el texto que prepara el Gobierno con respecto al Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial y ha recordado además que los reglamentos europeos son de aplicación directa y que los estados miembros no pueden aprobar normas que alteren su alcance o que menoscaben sus objetivos.
El Gobierno aprobó hace un año el anteproyecto para el buen uso y gobernanza de la inteligencia artificial, que obligará a identificar todos los contenidos generados con esta tecnología y que establece un régimen sancionador para quienes la usen de una forma perversa, con multas que pueden alcanzar hasta 35 millones de euros o el 7 por ciento de la facturación de una empresa.
El primer texto aprobado por el Gobierno pretende asegurar un uso "ético, inclusivo y beneficioso" de la inteligencia artificial y facilitar que los usuarios puedan diferenciar con nitidez los contenidos que son reales de los que son virtuales; establece las prácticas prohibidas de la inteligencia artificial; y prohíbe explotar vulnerabilidades relacionadas con la edad, la discapacidad o la situación socioeconómica de las personas.
El proyecto que prepara el Gobierno adapta al marco jurídico español el Reglamento Europeo de IA -la primera ley del mundo que regula el uso de esta tecnología-, que en gran parte ya está en vigor y es de obligado cumplimiento en todos los países de la UE.
El Ejecutivo abrió, tras la aprobación del anteproyecto el pasado año, un periodo de información pública para recabar sugerencias o alegaciones, y sometió el texto al escrutinio de varios órganos, entre ellos el Consejo General del Poder Judicial, que acaba de aprobar un informe muy crítico en el que sugiere numerosos cambios para garantizar que la legislación española sea plenamente coherente con el marco normativo europeo.
En este informe, el CGPJ señalas algunas de las principales incoherencias del texto español con respecto al reglamento europeo, y entre ellas algunas contradicciones en los límites que uno y otro fija para algunos tipos de multas -mucho más elevadas en el texto europeo-, por lo que pide al Ejecutivo que reconsidere el anteproyecto para asegurar la plena adecuación a los umbrales europeos.
Según este órgano, el Gobierno ha introducido además criterios para graduar las multas que no existen en la norma europea, por lo que podrían ser incompatibles con el marco que ya ha establecido la Unión Europea.
Ha criticado además que el Gobierno excluya al CGPJ de la supervisión de algunos sistemas de inteligencia artificial catalogados de 'alto riesgo' que se usarán en el ámbito judicial, como el reconocimiento facial o la evaluación del riesgo de cometer delitos, dándole ese poder a la Agencia Española de Protección de Datos, porque eso generaría una incoherencia normativa, ya que el impacto de esos sistemas está directamente conectado con el ejercicio de los jueces.
El informe es crítico con el texto que prepara el Gobierno y recopila en una lista hasta 21 exigencias o recomendaciones de cambios tras detectar numerosos desajustes normativos, competenciales o invasión de competencias judiciales, y pide al Ejecutivo que rehaga algunas partes del texto para no vulnerar el Derecho de la UE, para no comprometer la independencia judicial y para no generar inseguridad jurídica. EFE
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